El mismo día en que el Congreso legislativo de Brasil aprobó parcialmente normas que favorecen el avance de la frontera agropecuaria, una pareja de activistas que luchaban contra la tala ilegal fue asesinada en el norte del país.
Propuesta por el diputado del Partido Comunista de Brasil, Aldo Rebelo, la reforma del Código Forestal vigente desde 1965 es, para los ambientalistas, la primera gran derrota de la presidenta Dilma Rousseff que, junto al bloque del gobernante Partido de los Trabajadores, no pudo disciplinar a la coalición aliada al gobierno.
"Esta votación significa el mayor retroceso de la legislación ambiental brasileña de las últimas décadas", dijo a IPS el coordinador adjunto del Instituto Socioambiental, Raul Silva Telles do Valle.
Es una "ley que mira al pasado y no al futuro", dijo a IPS el superintendente de conservación del Fondo Mundial para la Naturaleza Brasil (WWF Brasil), Carlos Alberto de Mattos Scaramuzza.
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Si este texto es confirmado por el Senado, y sancionado por Rousseff, será el fin de las metas brasileñas de reducción de gases de efecto invernadero, advirtió Do Valle.
El proyecto habilita el uso de áreas de preservación permanente ya ocupadas con producciones agropecuarias y silvícolas, ecoturismo y turismo rural, siempre que la deforestación se hubiera ejecutado antes del 22 de julio de 2008, y establece una amnistía de multas para los responsables de esa tala en predios de hasta 400 hectáreas.
Según el Código Forestal de 1965, las áreas de preservación permanente son aquellas que, "cubiertas o no por vegetación nativa, (tienen la) función de preservar los recursos hídricos, el paisaje, la estabilidad geológica, la biodiversidad, el flujo genético de fauna y flora, proteger el suelo y asegurar el bienestar de las poblaciones humanas".
Por ejemplo, las márgenes y nacientes de ríos y las cumbres y laderas de cerros, en las que no se permite explotación de ningún tipo.
La votación tuvo una "triste coincidencia simbólica". El mismo martes por la mañana fueron asesinados a balazos José Cláudio Ribeiro da Silva y Maria do Espírito Santo, un matrimonio de dirigentes del Proyecto de Asentamiento Agroextractivista Praialta-Piranheira.
La familia de los asesinados denunció que pistoleros les tendieron una emboscada en el municipio de Nova Ipixuna, en el norteño y amazónico estado de Pará. Los dos denunciaban la extracción irregular de madera en la zona y ya habían sufrido amenazas.
"Brasil se despertó con la noticia del asesinato de dos líderes extractivistas, y se va a dormir con el asesinato del Código Forestal", dijo a la prensa el ecologista Paulo Adario, de la filial brasileña de Greenpeace.
Para Do Valle, la votación y el asesinato "son parte del mismo movimiento político que entiende que la conservación ambiental impide el crecimiento", exponente de los sectores agrícolas "más atrasados" que "defienden un modelo del siglo XVIII", agregó.
El Código Forestal hasta ahora vigente establece la reserva legal, una zona "ubicada dentro de una propiedad o posesión rural, con excepción del área de preservación permanente, necesaria para el uso sustentable de los recursos naturales", la conservación y rehabilitación de procesos ecológicos y de la biodiversidad y la protección de fauna y flora nativas.
En la Amazonia legal ‒una delimitación política que incluye los estados parcial o totalmente cubiertos por ese bioma‒ la proporción de reserva legal en los predios agrarios en zonas selváticas es de 80 por ciento. Si la propiedad se encuentra en zonas de sabana tropical de la Amazonia legal, la reserva es de 35 por ciento, y de 20 por ciento en el resto del país.
Pero estas normas no se cumplen. Por eso, para Rebelo, la amnistía de multas permitirá regularizar 90 por ciento de las propiedades rurales que violan la legislación.
Este país tiene 5,3 millones de kilómetros cuadrados de selvas, de las que 1,7 millones de kilómetros cuadrados están protegidas.
Rebelo dice actuar en nombre de "intereses nacionales" y no de las organizaciones no gubernamentales (ONG) ambientalistas.
"Es una victoria del Congreso. El código actual tenía la marca de las ONG, y éste tiene la de Brasil", reforzó la presidenta de la poderosa Confederación de Agricultura y Pecuaria de Brasil, la senadora Kátia Abreu, para quien el proyecto es "el fin de la inseguridad jurídica en el campo".
La deforestación amazónica llegó a 700.000 hectáreas entre 2009 y 2010, la menor desde que se comenzó a medir en 1988.
Pero un informe oficial preliminar reveló el 19 de este mes que entre agosto de 2010 y abril de este año la deforestación aumentó 27 por ciento respecto del mismo período del año anterior, concentrada sobre todo en el occidental estado de Mato Grosso, un fenómeno que el gobierno atribuye a la expectativa de que se apruebe la amnistía.
Para controlar la situación, Rousseff creó un gabinete de crisis y envió 500 fiscales ambientales y efectivos de la Fuerza Nacional de Seguridad y de la Policía Forestal a las zonas afectadas.
Scaramuzza señaló que la pelea del sector agropecuario para flexibilizar la legislación forestal se da en un contexto de precios internacionales muy altos.
En Mato Grosso la ganancia que deja la soja aumentó casi 100 por ciento en un año, indicó. Eso representa un lucro anual de un millón de reales (más de 600.000 dólares) para una propiedad de 1.000 hectáreas, lo que "les permite no solo comprarse camionetas nuevas sino deforestar más", añadió.
Para el directivo de WWF-Brasil, la amnistía, el aumento del lucro y el control estatal de la tala, mayor pero aún insuficiente, constituyen "una combinación explosiva".
"¿Cómo un país que busca ser líder climático y que será sede de la próxima (Cumbre de la Tierra) Río + 20 puede mostrar unos deberes para el hogar tan malos?", se preguntó.
El proyecto también puede acabar transfiriendo a gobiernos provinciales y municipales la facultad de regularización ambiental de los predios, lo que reducirá "los mecanismos de control del Estado" y facilitará que los infractores sorteen castigos como el embargo de la propiedad y la cancelación de créditos o de ingresos por venta de productos plantados ilegalmente, dijo a IPS el activista de la campaña amazónica de Greenpeace Marcio Astrini.
También "el mundo pierde, porque Brasil es un importante emisor de gas invernadero y no podrá cumplir su meta" de abatir esa contaminación entre 36 y 38,9 por ciento para 2020, apuntó Do Valle.
El que gana es "el sector más atrasado del agronegocio, que no quiere invertir nada para adecuarse a patrones mínimos de sustentabilidad", agregó.
Astrini destacó que hay por lo menos 15 legisladores que se beneficiarán de la amnistía porque son hacendados con cuantiosas multas ambientales pendientes, sin contar a los que recibieron financiación electoral de sectores vinculados al agronegocio.
Además, "Brasil tiene compromisos internacionales de mantener su producción de soja y carne desvinculada de la deforestación. Una ley que incentiva la tala pone en riesgo esos compromisos", sostuvo Astrini.
Para Scaramuzza, la votación y el asesinato de los ambientalistas "siguen una misma línea".
Brasil "mejoró mucho en los últimos años", pero el Estado todavía no está presente en regiones recónditas como el municipio amazónico donde fueron ejecutados los dos campesinos, ni logró crear un estímulo para una agricultura moderna, de alta productividad y que conserve sus recursos naturales, concluyó.
