El acuerdo alcanzado entre el presidente Porfirio Lobo y el derrocado Manuel Zelaya puede normalizar la situación política de Honduras y allanar su camino de retorno a la OEA, al margen de las posturas más radicales a derecha e izquierda, según diversos analistas.
Suscripto gracias a la mediación de Colombia y Venezuela, el llamado Acuerdo de Cartagena permitió limpiar el camino judicial que pesaba sobre Zelaya, quien volvería a su país este sábado 28 desde República Dominicana, a donde se exilió en enero de 2010, cuando asumió Lobo y habilitó su marcha tras permanecer refugiado en la embajada brasileña en Tegucigalpa.
El convenio entre Lobo y Zelaya se firmó el domingo en la norteña ciudad colombiana de Cartagena, teniendo como garantes al presidente anfitrión, Juan Manuel Santos, y al canciller de Venezuela, Nicolás Maduro. Gestado hace más de seis meses, el borrador del documento fue llevado la semana pasada por la ministra colombiana María Holguín a Tegucigalpa para su redacción final.
El tema de Honduras será tratado el próximo lunes en sesión especial por el Consejo Permanente de la OEA (Organización de los Estados Americanos), según el secretario general del cuerpo, el chileno Miguel Insulza, quien saludó el acercamiento. Este país fue suspendido del foro continental tras el golpe cívico-militar contra Zelaya, perpetrado el 28 de junio de 2009.
"Con el Acuerdo de Cartagena se cierra un primer paso del proceso de reconciliación nacional, pero la siguiente etapa será eminentemente política y de confrontación, sin los elementos de violencia que caracterizaron la crisis política", dijo a IPS Rodil Rivera.
"Eso es lo que esperamos", anticipó Rivera, uno de los negociadores delegado por Zelaya en los denominados acuerdos de San José-Tegucigalpa de octubre de 2009, cuando se buscó una salida a la crisis política con el régimen golpista.
Para Rivera, esta nueva etapa que viene será "rica en acontecimientos, porque se van a desbloquear muchos caminos e iniciará un debate político que a lo mejor permite a Honduras transitar hacia los cambios necesarios para consolidar su régimen democrático, interrumpido tras el golpe".
Para el diputado del socialdemócrata Partido de Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD), German Leitzelar, el Acuerdo de Cartagena, tiene una valoración histórica, porque evidencia que "los conflictos políticos e ideológicos siempre concluyen en torno al diálogo y al principio del respeto y fortalecimiento a la norma constitucional".
"Habrá sectores minoritarios, radicales de izquierda o de derecha que no vean estas cosas con buenos ojos, por diversas motivaciones, pero al margen de ello, el país camina a espacios más amplios de participación ciudadana y de reformas necesarias", acotó.
El "Acuerdo para la Reconciliación Nacional y la consolidación del sistema democrático para Honduras", como se denomina el documento, consta de nueve puntos, entre los cuales se contempla el retorno seguro de Zelaya y de sus allegados en el exilio y garantías para el respeto a los derechos humanos, para lo cual se pedirá asistencia a la Organización de las Naciones Unidas.
Le siguen pautas para una consulta popular, bajo las recientes reformas a la Constitución, que amplían las figuras del plebiscito y el referendo para convocar a una constituyente, además de despejar el camino para que el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), constituido durante la asonada y liderado por Zelaya, se pueda convertir en un partido legalmente inscrito.
Otro de los puntos se centra en el reconocimiento a la legalidad y la Constitución hondureña, bajo la cual deberán enmarcarse todos los compromisos suscritos entre el presidente Lobo y el derrocado Zelaya, así como la confirmación de una Comisión de Verificación y Seguimiento, integrada en principio por Colombia y Venezuela.
Pero aún así, las negociaciones siembran recelos, en especial en uno de los sectores promotores del golpe de Estado en perjuicio de Zelaya. Uno de ellos, Fernando Anduray, de la derechista Unión Cívica Democrática, dijo a IPS que este acuerdo lo "llena de vergüenza nacional, porque comprueba la injerencia extranjera en asuntos internos".
Anduray no ve con buenos ojos que el FNRP se constituya en partido político sin llenar los requisitos de ley, "porque dicen que van a emitir un decreto para facilitarles las cosas y eso es incorrecto", sostuvo, al reaccionar al punto que refiere a la participación política de esta instancia ciudadana que agrupa a diversos sectores del país.
Por su parte, el empresario de la industria panificadora Jimmy Dacareth, férreo opositor de Zelaya, comentó a IPS, muy molesto, que igual "Zelaya seguirá jorobando (dando guerra) a Honduras".
"Aquí solo se ha cambiado el escenario y la lucha de poder ahora será entre Lobo y Zelaya, es la de nunca acabar", añadió.
Rassel Tomé, uno de los defensores y allegados a Zelaya, responde a estas manifestaciones indicando que son "manotadas de ahogado".
"Los golpistas no quieren que Honduras se reconstruya, pero estos acuerdos para nosotros son mínimos, es solo una pequeña agenda porque en la resistencia debemos ir más allá en la consecución de nuestro objetivo de refundar a Honduras", confió a IPS.
El proceso no será fácil, pero según el presidente Lobo ha llegado el momento de zanjar diferencias y de que regrese a Honduras "su tierra, Zelaya y que sea tratado con la dignidad que se merece un ex presidente".
Lobo viajó a Managua tras la firma del Acuerdo, a donde también llegaron Zelaya y el canciller venezolano Maduro. La cita reunió también a los presidentes Álvaro Colom, de Guatemala, Mauricio Funes, de El Salvador, y el anfitrión Daniel Ortega, quienes abordaron problemas regionales de integración aduanera, así como la reincorporación plena de Tegucigalpa al Sistema Centroamericano de Integración (SICA).
En ese marco, el presidente Ortega anunció el reconocimiento de Honduras y la reanudación de relaciones diplomáticas interrumpidas, tras el golpe cívico-militar. Los cuatro mandatarios junto a Maduro y el propio Zelaya abogaron por un pronto retorno de Honduras a la OEA.
Zelaya dijo que no debe existir miedo por la democracia y solicitó a los países que integran la OEA incorporar Honduras antes de la asamblea de junio en El Salvador, porque el acuerdo suscrito es un avance en la "restitución de los derechos democráticos de todos los hondureños".
