La polémica absolución del expresidente Alfonso Portillo (2000-2004) de desviar 16 millones de dólares en 2001, sumió en la desazón a grupos projusticia quienes, contracorriente, empujan reformas jurídicas para liberar al país de la impunidad que lo asfixia en 98 por ciento de los delitos.
"Hubo una valoración de las pruebas muy limitada y adecuada a los intereses de una de las partes. Esperamos que con la apelación se corrija el fallo", dijo a IPS Ramón Cadena, director del Comité Internacional de Juristas.
Portillo fue acusado junto con su exministros de Finanzas, Manuel Maza, y de Defensa, Eduardo Arévalo, de un delito de peculado, la apropiación indebida de dineros públicos, del Ministerio de Defensa en 2001.
El tribunal había admitido 577 pruebas, entre ellas, certificados de depósitos bancarios, de transferencia de fondos y la declaración de Armando Llort, un exfuncionario del gobierno de Portillo que también lo inculpó.
Sin embargo, el 9 de mayo un juzgado de primera instancia de Ciudad de Guatemala desestimó las evidencias presentadas por la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), querellante en la causa, y exculpó a los tres acusados.
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Los exministros están libres, mientras Portilllo sigue encarcelado por tener pendiente una solicitud de extradición de enero de 2010 de la fiscalía de Manhattan, en Estados Unidos, por legitimación de varios millones de dólares, a través de bancos de ese país y Europa.
Para revertir el panorama de impunidad en Guatemala, Cadena cree que el sistema judicial debe someterse a cambios de fondo.
"Estamos trabajando propuestas de enmiendas legales basadas en los compromisos de los Acuerdos de Paz para el fortalecimiento de la independencia judicial", dijo.
Guatemala soportó un largo conflicto armado entre 1960 y 1996, que dejó más de 200.000 muertos y desparecidos.
En los 13 acuerdos firmados en diciembre de 1996 entre el gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca se incluye el fortalecimiento de la justicia, pero especialistas y ciudadanía, según sondeos de opinión, coinciden en que ese pacto no arrojó resultados hasta ahora.
Cadena citó un patético ejemplo: la Corte Constitucional, donde se ventilan las causas contra los más altos funcionarios de Estado, está compuesta por cinco magistrados titulares y cinco suplentes. Pero estos últimos, además de ejercer su cargo en esa corte, suelen trabajar en sus bufetes particulares donde "se dedican a traficar influencias".
Regular situaciones como estas es urgente para adecentar la justicia, reclamó Cadena.
El jurista consideró además que para lograr la independencia del Poder Judicial se debería reforzar la carrera judicial, creada en 1999, para regular el ingreso, ascenso, capacitación y disciplina de los jueces en el Organismo Judicial, la máxima institución jurídica del país, bajo cuya instancia opera la Corte Suprema de Justicia y otros altos ttribunales.
"Y se debe crear un sistema de protección a jueces y otro para determinar la responsabilidad de los juzgadores en sus actuaciones", añadió.
De acuerdo con la Cicig, creada a fines de 2006 por acuerdo de las Naciones Unidas, 98 por ciento de los crímenes se quedan impunes en Guatemala, una escalofriante cifra que ha convertido a este país de América Central en un paraíso para toda clase de delincuentes y mafias.
En ese contexto, la absolución de Portillo, el primer exgobernante enjuiciado en la historia del país, ha animado la lucha contra la impunidad.
"Esa condena demuestra la necesidad de fortalecer el Organismo Judicial a través de la carrera judicial, y el Ministerio Público, coordinador de la persecución penal", dijo a IPS Lorena Escobar de la no gubernamental Asociación de Investigación y Estudios Sociales.
Esta asociación, junto con la pública Universidad de San Carlos y la privada Universidad Rafael Landívar, presentaron en abril al Poder Legislativo un paquete de reformas de 11 artículos de la Constitución, con el fin de combatir la impunidad y fortalecer la seguridad.
Entre las propuestas, se incluye la de afianzar la carrera judicial, ampliar de cinco a 10 años el período de funciones de los magistrados de la Corte Suprema y ofrecer asistencia legal gratuita para quienes no tienen los recursos económicos de contratar un abogado.
"Se está apostando al recurso humano para que esté preparado y motivado y que además se cuente con las herramientas disciplinarias para que quienes hacen mal su trabajo sean separados del cargo", dijo Escobar.
Mientras tanto, los fallos controversiales en el sistema judicial del país continúan.
Un día después de la absolución de Portillo, el exdirector del sistema penitenciario, Alejandro Giammattei, involucrado en la ejecución de siete reclusos en 2006, fue absuelto de cargos, en otro revés para el Ministerio Público y la Cicig, que pedían la condena.
"El impacto de ambas sentencias es nefasto y manda un mensaje profundo de impunidad a todo el país", dijo a IPS la activista de derechos humanos Claudia Samayoa, quien aún tiene la esperanza de que se logren condenas en ambos casos en instancias superiores.
La fiscalía y la Cicig ya preparan los recursos de apelación de los dictámenes a favor de Portillo y Giammattei.
Marco Canteo, del no gubernamental Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, solo ve una salida: la reforma constitucional en materia judicial.
"La implementación de métodos administrativos que permitan la depuración profunda de jueces con criterios profesionales y la promoción de magistrados independientes y de carrera es inaplazable", dijo.
La lucha judicial contra los abusos cometidos por los gobernantes no es exclusiva de Guatemala dentro de la región centroamericana.
En Costa Rica, un tribunal ratificó el 11 de mayo la condena al expresidente Rafael Calderón (1990-1994) por el delito de peculado, pero la redujo de cinco a tres años y le otorgó el beneficio de casa por cárcel, lo que generó indignación en sectores de la población.
El 27 de abril, otro tribunal costarricense condenó al expresidente Miguel Ángel Rodríguez (1988-2002) a cinco años de prisión por otro caso de corrupción. Rodríguez, quien también fue efímero secretario general de la Organización de Estados Americanos en 2004, anunció que apelará la sentencia.
