La dramática crisis que golpea a Portugal hace que, por primera vez desde el inicio de la democracia en 1974, los ciudadanos vayan a las urnas el próximo domingo para escoger, más que un gobierno, a una suerte de delegados para administrar las decisiones ya tomadas por el FMI y la Unión Europea (UE).
Unos 9,3 millones de portugueses están habilitados para participar en las elecciones anticipadas para renovar el parlamento unicameral, del cual emanará el nuevo gobierno, que analistas describen como un Consejo de Administración delegado por la troika que decidió el rescate financiero del país.
El FMI (Fondo Monetario Internacional), la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, y el Banco Central Europeo (BCE) formaron el trío que concedió a comienzos de este mes un crédito estimado en 110.000 millones de dólares para evitar la bancarrota de Portugal.
La frágil situación de la economía lusa era admitida ya a comienzos de año, cuando el gobierno socialista del primer ministro José Sócrates presentó la cuarta versión de un duro Programa de Estabilidad y Crecimiento.
Sin embargo, ese documento, que proponía medidas aun más duras que las primeras tres versiones, fue rechazado en el parlamento el 23 de marzo por toda la oposición, lo cual provocó la renuncia de Sócrates, ante lo cual el presidente de Portugal, el conservador Aníbal Cavaco Silva, convocó a elecciones legislativas anticipadas para este domingo.
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En los días que corren, Portugal afronta cuatro problemas graves: financiero, económico, social y el mal funcionamiento de la justicia. El acuerdo con el FMI y la UE se ocupará de los dos primeros, las elecciones decidirán el rumbo del tercero, mientras que sobre el cuarto cunde el escepticismo, debido al poder absoluto y desmedido de jueces y fiscales del Ministerio Público.
Al contrario de la anterior campaña electoral que culminó con la elección de Sócrates para iniciar su segundo mandato en octubre de 2009, esta vez los debates y manifestaciones partidarias no dan lugar a promesas de una vida mejor.
De norte a sur del país, el Partido Socialista (PS), liderado por Sócrates, y el Partido Socialdemócrata (PSD, conservador pese a su nombre), del postulante a primer ministro Pedro Passos Coelho, aseguran que desean discutir contenidos sobre los problemas nacionales.
Pero no ha sido así hasta ahora en los discursos de ambos, que llegan a la recta final de la campaña con un empate técnico en las encuestas en torno a 33 por ciento de intención de voto de los consultados.
En caso de confirmarse esa muestra en los comicios del domingo, tanto Passos Coelho como Sócrates, para poder conformar gobierno, deberán buscar la alianza del Centro Democrático Social (CDS), de Paulo Portas, el partido más a la derecha del hemiciclo unicameral de São Bento y que es el tercero en discordia con una adhesión de 13,4 por ciento de los encuestados.
El CDS firmó junto al PS y al PSD el compromiso de aceptación de las condiciones impuestas por la troika, que fueron rechazadas de plano por el Partido Comunista Portugués (PCP) y el Bloque de Izquierda (BE, siglas en portugués de Bloco de Esquerda), que juntos suman entre 15 y 16 por ciento de las intenciones de voto para este domingo.
El electorado en general esperaba un debate sobre las duras medidas que se perfilan en el horizonte a corto, medio y largo plazo. No obstante, solo el PCP y el BE se han sentido libres para abordar estos temas. En cambio, los tres paridos mayoritarios se limitan a ensalzar las características de sus líderes y a reclamar logros del pasado.
El PS, desde que Sócrates fue escogido secretario general en 2004, adoptó una línea claramente basada en el liberalismo económico. En esta campaña, este dirigente ha insistido en que el programa de Passos Coelho se distingue del suyo porque propone medidas aun más duras que el propio FMI.
El propio Portas atacó durante el fin de semana estas posturas del PSD, acusando a Passos Coelho de colocarse a la derecha del CDS en los aspectos sociales.
El escritor José Luís Peixoto y el dramaturgo Miguel Castro Caldas se preguntan con ironía "¿cuánto vale nuestro voto el 5 de junio, en circunstancias en que ya existe un caballo de troika que marca nuestro galope?"
La interrogante también la formula el abogado y poeta Vasco de Graça Moura en un artículo de opinión publicado este lunes en Diario de Noticias, de Lisboa. "Las próximas elecciones son de las más intensas, decisivas y disputadas de siempre, el país vive una crisis delicada y ansía un liderazgo sólido y lúcido que facilite la recuperación", escribió.
Sin embargo, el columnista lanza varias preguntas de fuerte tono crítico, pese a ser un destacado militante del PSD. "¿Hasta qué punto el sufragio es relevante? ¿No es que el futuro ya está definido por los acreedores como el FMI? ¿Vale la pena votar?", añadió.
En los discursos no se encuentra "ninguna referencia a las medidas suscritas en el memorando con la troika. Se diría que los partidos firmantes establecieron un acuerdo de caballeros en el que todos se comprometen a dedicar la campaña a simular y a provocar el ruido suficiente para que se evite hablar sobre eso", fustigó Graça Moura.
Otro tema que es constante preocupación de la ciudadanía, pero que no ha sido tocado por los llamados "tres partidos del poder", son los referentes a la corrupción y al mal estado de la justicia.
Al término de un encuentro del Grupo 19 de Amnistía Internacional en Sintra, ubicada a 20 kilómetros de Lisboa, el presidente del Colegio de Abogados, Antonio Marinho Pinto, dijo a IPS que el problema del funcionamiento de la justicia impide un verdadero combate contra la corrupción.
Criticó "la facilidad con que escapa a la ley quien tiene más poder o dinero", en un país que no enfrentaría la actual situación si un gran número de personas y empresas pagasen sus impuestos.
El sistema judicial portugués "es medieval, de poder ilimitado, de poder por el poder, que no tiene la más mínima consideración por las personas; se verifica "un frenesí de la investigación criminal con la necesidad de presentar culpables por crímenes que son noticiados por la comunicación social", añadió.
Marinho Pinto calificó la situación de "sumamente grave", al recordar que Portugal terminará de pagar su deuda cerca de 2080. "Éste recate financiero será también pagado por personas que todavía no nacieron", concluyó.