Miles de civiles egipcios, entre ellos manifestantes que ayudaron a derrocar al régimen de Hosni Mubarak (1981-2011), son juzgados en tribunales militares sin que se cumpla el debido proceso.
"El uso de juicios militares a esta escala no tiene precedentes", dijo el abogado experto en derechos humanos Adel Ramadan, de la Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales.
Los registros judiciales señalan que los tribunales militares egipcios han emitido más de 7.000 sentencias desde el derrocamiento de Mubarak, el 11 de febrero, cuando el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas asumió el control del país.
La mayoría de los juicios han involucrado a acusados de saquear, incendiar e intimidar, y se han efectuado en el marco de leyes penales más duras tras el derrocamiento de Mubarak.
Los tribunales también han sentenciado a cientos de manifestantes críticos de la manera como gobierna el consejo militar.
[related_articles]
"Cada caso involucra a entre uno y 35 acusados, así que estimamos que alrededor de 50.000 civiles fueron sentenciados en los últimos tres meses", dijo Ramadan a IPS.
"Nunca vimos nada como esto. Incluso en el gobierno de Mubarak había apenas dos o tres juicios militares al año", agregó.
Organizaciones internacionales de derechos humanos han condenado la práctica de juzgar a civiles ante tribunales militares, argumentando que esos juicios siempre son injustos. A los acusados se les niega acceso a asesoramiento legal y la sentencia es rápida y severa.
Según Ramadan, los abogados defensores designados entre varios aprobados por el Consejo Supremo pueden contar con apenas cinco minutos para reunirse con el acusado, evaluar los cargos y presentar el caso ante un juez militar.
"Está muy claro que los abogados están allí solamente por el espectáculo. Algunos abogados insisten en que necesitan más tiempo para leer los cargos y presentar una demanda, pero el juez simplemente los saca y trae a otro", sostuvo.
Las sentencias emitidas por tribunales militares, que han incluido por lo menos tres condenas de muerte desde febrero, no pueden ser apeladas. A Ramadan esto le resulta particularmente preocupante, dado el aumento en las acusaciones de que oficiales del ejército utilizaron torturas e intimidaciones para obtener confesiones, y que pueden haber inventado evidencias en contra de los activistas políticos.
Un manifestante arrestado el 9 de marzo en una de las redadas militares durante una protesta contra el gobierno en la Plaza Tahrir de El Cairo dijo haber sido torturado y llevado con otros detenidos a un campamento del ejército "donde un equipo de filmación nos grabó ante una mesa con palos, cuchillos y cocteles Molotov ubicados frente a nosotros, diciendo que éramos matones.
Muchos egipcios se alegraron cuando el ejército se desplegó durante manifestaciones masivas contra el régimen de Mubarak, entonando: "El ejército y el pueblo son uno solo".
Pero algunos acusan al consejo militar gobernante de continuar las políticas de Mubarak.
"Si uno protesta lo golpean y lo pueden acusar de cualquier delito", dijo Mohammad Farrag, mostrando las puntadas que debió recibir en su antebrazo luego de que un soldado le pegó con su bastón.
Organizaciones internacionales de derechos humanos reclaman que el Consejo libere a todos los prisioneros políticos e investigue las denuncias de torturas y abusos por parte del ejército.
También exigen volver a juzgar en tribunales civiles a cualquier persona acusada de un delito, señalando que existe un flagrante doble discurso al respecto.
"La dirigencia militar de Egipto no ha explicado por qué jóvenes manifestantes son juzgados ante tribunales militares mientras que a ex funcionarios del gobierno de Mubarak se los juzga por corrupción y asesinatos ante tribunales penales comunes", planteó en un comunicado Joe Stork, subdirector para Medio Oriente de Human Rights Watch.
La periodista Rasha Azab, que fue detenida por soldados, presentó una demanda apelando la decisión administrativa del Consejo de juzgar a civiles en tribunales militares.
La defensa del Consejo describió el caso como "un intento de los incitadores a arruinar la relación entre el pueblo y el ejército". También negó todas las acusaciones de torturas y aseguró que el derecho militar egipcio autoriza a juzgar civiles en tribunales militares.
Pero la ley parece estar en conflicto con los convenios internacionales que restringen la jurisdicción de esos tribunales a los delitos cometidos por personal militar.
Una campaña de la sociedad civil que aspira a crear conciencia sobre esta discrepancia es la iniciativa "No a los tribunales militares". La activista Mona Seif dijo haber ayudado a lanzar esta campaña luego de presenciar una brutal ofensiva del ejército contra una manifestación pacífica en la Plaza Tahrir a primera hora del 26 de febrero.
Seif y su madre trataron de intervenir cuando vieron a soldados arrastrar y golpear a Amr El-Behery, un manifestante de 33 años. El hombre fue liberado, pero luego lo golpearon y lo arrestaron de nuevo. Más tarde ellas supieron que el activista fue sometido a un tribunal militar junto con otros manifestantes, y sentenciado a cinco años de prisión.
"Básicamente se trató de una serie de injusticias. Lo acusaron de atacar a un oficial del ejército y de violar el toque de queda, luego les mintieron a sus abogados y les dieron una fecha errónea para el juicio, así que cuando llegaron se encontraron con que ya había sido sentenciado. El juicio había durando apenas minutos", relató Seif a IPS.
El Consejo Supremo prometió que revisará las sentencias de cuatro manifestantes luego de que se hagan públicos los detalles de sus juicios. También dijo que investigará si algunas mujeres detenidas por soldados mientras manifestaban el 9 de marzo fueron torturadas y sometidas a "pruebas de virginidad".
Pero hizo estas promesas solamente después de que el artículo fue recogido por la prensa internacional.
Mientras, el sábado se registraron en la capital nuevos hechos de violencia entre musulmanes y cristianos coptos, que dejaron 12 muertos y más de 200 heridos.
