El gobierno de Ecuador salió al cruce de las críticas por la incursión militar en zonas de yacimientos auríferos, donde se destruyeron con dinamita decenas de retroexcavadoras, afirmando que se trataba de una actividad extractiva financiada por el narcotráfico y protegida por milicias armadas y sicarios.
La actividad en las ocho áreas selváticas de los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas y 300 kilómetros al noroeste de Quito, era "totalmente ilegal" y violaba las leyes mineras, ambientales y tributarias, explicaron en rueda de prensa conjunta los ministros Wilson Pástor, de Recursos Naturales no Renovables, y Marcela Aguiñaga, de la Ambiente.
También señalaron el grave daño a la población circundante y al ambiente que causaban las extracciones de oro.
Aguiñaga puso énfasis en la presencia del arsénico y metales pesados, como mercurio, en las aguas de los ríos afluentes del río Santiago, de donde se proveen los habitantes de los poblados de la zona. "Ello va a provocar cáncer y otras enfermedades en corto plazo", apuntó.
"Ecuador no es tierra de nadie. Basta de minería ilegal. Basta de explotadores de la mano de obra nacional. Basta de narcolavado. Basta del saqueo de nuestros recursos naturales", exclamó indignado el ministro Pástor en ese encuentro con la prensa.
La minería ilegal, insistió, genera actividades económicas que no son controladas por el Estado como evasión de impuestos, contrabando de insumos, "redes de servicios ilegales", fuga y blanqueo de capitales, además del ingreso de maquinaria sin registro, entre otras irregularidades.
La incursión realizada el pasado fin de semana en la zona norte de la costera provincia de Esmeraldas fue informada por el gobierno el lunes 23 por la noche, mediante una cadena nacional de televisión, en la que se vio la acción de al menos seis helicópteros y la voladura con explosiones controladas de los motores de grandes y modernas retroexcavadoras.
Estas palas mecánicas, cuyo precio va de los 100.000 a los 200.000 dólares, dependiendo de la potencia de sus motores, habían abierto desde hace medio año decenas de piscinas en zonas alejadas, la mayoría solo accesibles por vía fluvial, donde extraían tierra que lavaban con maquinaria para sacar oro.
También se inutilizaron, con cargas de explosivos, generadores eléctricos, bombas de succión y otras máquinas.
"En los últimos seis meses se ha extraído oro de manera ilegal por 130 millones de dólares, considerando que para obtener 30 gramos de oro se requiere mover una tonelada de tierra aluvial", informó Pástor.
En las tomas de televisión, grabadas por el ejército, se vieron desde el aire decenas de piscinas, unas junto a otras en por lo menos ocho zonas distintas tierra adentro del puerto de San Lorenzo, junto a la frontera con Colombia.
Ante la pregunta de IPS sobre la capacidad legal de las Fuerzas Armadas para destruir la maquinaria, la ministra Aguiñaga explicó que esa acción había sido habilitada por el juez penal de Pichincha Juan Hernández, quien había dispuesto el jueves 19 que se intervenga de inmediato.
La representante del gobierno de Rafael Correa también recordó que un juez de Esmeraldas había prohibido en diciembre toda actividad minera en esa provincia.
El operativo militar "se mantuvo en secreto" y fue hecho de manera sorpresiva porque ya en diciembre se filtró información "y los empresarios mineros ilegales escondieron la maquinaria", indicó Pástor.
Sin embargo, la legalidad de la acción fue puesta en entredicho por algunos juristas. El ex presidente ecuatoriano Osvaldo Hurtado (1981-1984) dijo a IPS que "Correa y su ministro de Defensa, Javier Ponce, deberán responder ante los tribunales por la acción cometida", que calificó de "barbarie".
"En un estado de derecho, un juez puede ordenar la incautación de bienes y solamente tras un juicio puede decidir su destino. El enviar a soldados a destruir a bombazos bienes, cualquiera que sea su origen, no tiene justificación legal", añadió Hurtado.
"La responsabilidad no recae en las Fuerzas Armadas, que cumplen órdenes, sino en quienes las dieron", recalcó.
En declaraciones por separado, el ministro del Interior, José Serrano, respondió indicando que "aquí no estamos hablando de una actividad irregular o ilegal, sino de un acto delincuencial, de un fraude al fisco, de contrabando de mineral, lavado de dinero, explotación laboral".
Pástor, a su vez, sostuvo que no podía procederse con la incautación, como sucedió con otras 12 retroexcavadoras tomadas en una operación similar realizada el año pasado en el río Napo, "por experiencias no muy favorables con los jueces o fiscales".
Según este funcionario, ya ha habido casos en que un juez o un fiscal, ha ordenado la devolución de maquinaria incautada. "Incluso el fiscal Gordillo (de quien no dio su nombre de pila) ordenó la devolución de retroexcavadoras cuando el juicio se hallaba en la etapa de indagación previa", afirmó.
El abogado Juan José Montero señaló a IPS que "es una contradicción palmaria que se justifique la destrucción con una orden judicial, mientras no se confía en la justicia para los procesos que deben seguirse en estos casos".
Los trabajadores de estas zonas mineras, que por la acción gubernamental quedaron sin trabajo, serán empleados "en la remediación del daño ambiental, que es profundo y de graves consecuencias", informó la ministra Aguinaga.
En tanto que Pástor anunció que las ocho zonas aluviales de Esmeraldas se entregarán en concesión a la estatal Empresa Nacional Minera (ENM), la que podrá firmar contratos de asociación con mineros artesanales y medianos.
Pástor anunció que el próximo lunes se reunirá con las asociaciones de mineros de San Lorenzo y Eloy Alfaro para explicarles los pasos a seguir, que calcula demorarán unos seis meses hasta la firma de los contratos con la ENM.
Unas 2.000 familias dependían de la actividad minera en la zona intervenida por el ejército, indicó Pástor. "Algunos de los miembros de esas familias habían sido reclutados a la fuerza y explotados con pagas ínfimas y amenazas", puntualizó.
Aunque no cuantificaron la población afectada, aseguraron que los afluentes del río Santiago contaminados por la minería son el Bogotá, Tululví, Cachaví, Huimbí, Palaví, Zapallito y el Estero María y dieron una lista de 20 caseríos y poblados de la zona.
Ante la amenaza de demandas por parte de los propietarios de las retroexcavadoras o de quienes las alquilaban y dicen estar endeudados, la ministra explicó que "primero deberán responder por las demandas que les pondremos por el grave daño ambiental causado".
Enumeró, entre esos impactos, la pérdida de cobertura boscosa y de la capa fértil del suelo, la contaminación de las aguas y la alteración del curso natural de ríos y esteros, efectos que empezarán a ser cuantificados de inmediato por su ministerio, para empezar las acciones de remediación.
Las distintas posiciones asumidas frente a la minería extractiva por familias, organizaciones e incluso autoridades de la localidad han lastimado profundamente las relaciones sociales de la zona, reconoció el obispo de Esmeraldas, Eugenio Arellano.
El prelado también se condolió de la ilegalidad en que habían caído muchos, así como de la salud de la población. "Están envenenando a mi pueblo", exclamó.
