El mal estado del tramado vial en Colombia quedó en evidencia con los cuantiosos daños causados por la peor temporada de lluvias del último siglo, que ya costó la vida de más de 400 personas. Para revertir la situación, el gobierno diseñó un ambicioso plan que recoge severas críticas de variados ámbitos.
Técnicos en infraestructura y dirigentes políticos de oposición cuestionan el programa "Infraestructura para la prosperidad", que prevé inversiones para la próxima década de 99 billones de pesos (unos 57.000 millones de dólares).
"El plan incluye estudios, diseños, proyectos y obras viales, ferroviarias, fluviales, portuarias, urbanas y aeroportuarias, en un cronograma de ejecución que culmina en 2021", detalló el ministro de Transporte, Germán Cardona. En el periodo de mandato del presidente Juan Manuel Santos, que finaliza en 2014, se programó aplicar 30 por ciento de esos fondos.
La presentación del ambicioso plan de ingeniería, la semana pasada, aparece como respuesta al desastre provocado por las persistentes lluvias en todo el país.
Además de los más de 400 muertos y 3.000 damnificados, según datos de la Cruz Roja, se debe sumar el aumento de los precios de los alimentos, debido a que 1,3 millones de hectáreas de cultivos siguen anegadas y a la dificultad en el transporte de los productos recogidos por el retraso histórico estructural de la red vial.
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El Ministerio de Transporte informó que hasta abril había unos 1.630 kilómetros de vías afectadas, alrededor de 25 kilómetros destruidos y 98 puentes averiados o directamente destruidos.
Para afrontar esta emergencia se adelantan trabajos de atención y rehabilitación en más de medio centenar de carreteras en 24 de los 32 departamentos en que se divide el país, informaron las autoridades. "Para obras de jarillones (diques) en algunos ríos, de dragado, saneamiento básico, reforzamiento y contención de cuerpos de agua hemos autorizado más de 1.300 solicitudes", afirmó el presidente Santos, en alocución televisada realizada a fines de abril. "Colombia sigue siendo uno de los peores países en carreteras pavimentadas en el mundo", aseguró a IPS el senador Jorge Robledo, del izquierdista Polo Democrático Alternativo, al comentar los anuncios.
"Con solo 287 kilómetros por cada millón de habitantes, este país está por debajo en materia de carreteras pavimentadas de Bolivia, que tiene 406 kilómetros, de Perú con 423 y de Ecuador con 478 por cada millón de personas, anotó Robledo.
Los expertos, por su parte, consideran que el problema de fondo en la situación vial en el país tiene raíces en la adjudicación privada de obras, con serios antecedentes de corrupción e incapacidad de control o anuencia estatal.
"Hasta 1992, el Ministerio de Obras Públicas construía y mantenía la red vial nacional junto a gobiernos departamentales para enfrentar las épocas de lluvias, que provocaban derrumbes o deslizamientos de tierras", explicó a IPS el ingeniero civil Augusto Martínez.
"Luego de transformarse en Ministerio de Transporte se convirtió en coordinador de institutos descentralizados, como el Invías (Instituto Nacional de Vías), encargado de la construcción y el mantenimiento, y una subdirección para vías fluviales", continuó.
"A partir de 2002, durante el gobierno de (Álvaro) Uribe (2002-2010), la subdirección de Invías se convirtió en Instituto Nacional de Concesiones, que además asumió concesiones portuarias", indicó Martínez.
Estas modificaciones favorecieron la intervención privada. "El negocio de construir vías, aunque no implique mala calidad en las obras, puede dejar más de 50 por ciento de utilidad sobre la inversión", dijo a IPS el arquitecto Federico Sarmiento.
"Una razón es la imposibilidad de saber metro a metro lo que se puede encontrar al excavar antes de construir una vía, un puente o un túnel, lo que permite que cualquier contrato tenga un alto factor por imprevistos", añadió.
Sarmiento resaltó que "no hay obra más costosa que la hecha con demasiada economía (ahorro en costos), porque antes o después tendrá que hacerse de nuevo".
Un claro ejemplo de ello son las vías construidas en Bogotá para la circulación de los grandes autobuses, con capacidad para 160 pasajeros, las primeras construidas en 2000, que requieren constante reparación a precios elevados.
"Esas placas tienen un grosor aproximado de 28 centímetros. Las autopistas alemanas de los años 30 son de unos 90 centímetros", comparó Sarmiento. "Por supuesto que ellos no tienen nuestro clima ni topografía", pero "la tecnología de concreto hoy es casi 10 veces mejor", agregó.
Aún así, la realización de obras es inversamente proporcional, según Robledo
"En la red pavimentada la situación es cada vez más grave: 67 por ciento de la red era buena o muy buena en 2003, descendiendo a 49 por ciento en 2007. En estado regular estaba 25 por ciento en 2003, aumentando a 35 por ciento en 2009. Y la mala y muy mala pasó de ocho por ciento en 2003 a 21 por ciento en 2009", afirmó.
"Eso quiere decir que fue un fracaso completo del gobierno Uribe", anotó el senador.
"No es que el esquema de gestión gubernamental siempre sea mejor ni que el privado sea malo per sé, sino que el asunto es la capacidad operativa adecuada y de reacción ante eventualidades y retos impuestos", indicó.
El arquitecto Sarmiento puntualizó que también tiene que ver la elección de contratistas, pues no siempre es bueno que se acepte la oferta más barata. De hecho, los ingenieros colombianos expertos en geotécnica, como los geólogos, son bien cotizados en el mundo dadas las contingencias y variedad de terrenos y climas que afrontan", dijo.
Mientras se suceden los anuncios gubernamentales de altísima inversión, Colombia afronta uno de los mayores escándalos por corrupción en contratos viales.
Siete personas, entre contratistas, funcionarios del gobierno de Bogotá y el senador Iván Moreno, hermano del alcalde capitalino, Samuel Moreno, fueron encarcelados mientras se avanzan las investigaciones por el llamado "carrusel de contrataciones".
También el propio alcalde Moreno fue suspendido de su cargo por tres meses, a la par de que se anuncian investigaciones que involucran a Andrés Uriel Gallego, ministro de Transporte durante los ocho años de gobierno Uribe.
