Pese al riesgo, un hombre acogido por el programa de protección de testigos de Brasil y su familia decidieron revelar a IPS su historia y denunciar fallas de un sistema que, para ellos, sumó abandono y marginación al obligatorio anonimato.
El 5 de agosto de 2007, MAA recibió dos balazos en el vientre, uno en un hombro y otro en una pierna, a las puertas de su casa, en el oeste de Río de Janeiro. La orden de matarlo provino de la "Liga de la justicia", una de las decenas de bandas de policías, agentes de seguridad, militares y bomberos que extorsionan a los habitantes de algunos barrios.
Tras soportar las extorsiones y arbitrariedades de esos grupos a los que vio nacer y desarrollarse, MAA sabía demasiado.
Luego de salir del hospital, debió ocultarse hasta que decidió prestar su declaración a la fiscalía e ingresar al Programa Federal de Asistencia a Víctimas y Testigos Amenazados (Provita). Hoy tiene 48 años.
"Yo sabía que había un plan para matarme. Después del intento de asesinato, me refugié en una quinta de mis hermanos. No tenía otra alternativa, tampoco tenía recursos, y mi familia iba a estar en la mira", dijo MAA a IPS en el apartamento donde reside temporalmente, en el sudeste de Brasil.
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La "Liga de la justicia" y grupos similares actúan en muchos vecindarios de Río, sobre todo en el norte y el oeste. Obligan a los vecinos a pagar por seguridad o por servicios como gas o televisión por cable y controlan el transporte en camionetas que funciona en áreas donde los autobuses son insuficientes.
Al ingresar al Provita, MAA, que prefiere ser identificado por sus iniciales, su esposa y sus dos hijos adolescentes cambiaron de vida radicalmente.
El 21 de diciembre de 2007 firmó un acuerdo comprometiéndose a cumplir las reglas del programa. "Nos despedimos rápidamente de nuestra familia y partimos", contó el testigo, que no volvió a ver a sus padres y hermanos.
En la ciudad en la que habían vivido siempre dejaron sus sueños, proyectos de vida y conquistas.
No se trataba sólo de mudarse. Tuvieron que apagar su historia. Se volvió rutina partir de un día para otro sin dejar rastro, cada vez que reciben un aviso del Provita. Ya han cambiado cuatro veces de ciudad para no ser rastreados.
Él, abogado y policía militar jubilado, ella, administradora de empresas, habían formado una familia de clase media que podía permitirse un seguro de salud y educación privada para sus hijos.
Pero el paso hacia el Provita les vedó ejercer sus profesiones, y para subsistir dependen de que la organización no gubernamental que administra el programa les entregue la jubilación de MAA.
"Tuve mucho miedo de ser torturada y de morir. Ya no más. Sólo temo por el futuro de mis hijos. No podemos contar nuestra historia, nadie sabe de nosotros. Tenemos que mentir todo el tiempo, y aunque hagamos alguna amistad, no le podemos decir la verdad", se desahogó la esposa, MR, de 42 años.
Las privaciones son muchas: no revelar su historia e identidad a nadie. No usar computadoras ni Internet, no tener cuenta bancaria, no conducir vehículos ni hablar por teléfono, y mentir siempre sobre su origen.
Pero más penoso que esas rígidas reglas fue aceptar el desprecio que, aseguran, les demuestra el programa.
Los balazos que recibió MAA exigían una rápida cirugía de reconstrucción intestinal. Pero el plazo que establecieron los médicos expiró, y la operación sólo se llevó a cabo seis meses después, cuando ya era tarde. En consecuencia, volvió a estar al borde de la muerte y perdió todo su intestino grueso, relató.
"Hasta hoy espero una reparación indemnizatoria por mi salud", dijo.
Además, la entrega de recursos que necesitan para sobrevivir es impedida por la burocracia, alegan. Falta comunicación con los responsables del programa y no existe asistencia jurídica, social ni psicológica, critican.
Por efectuar estas denuncias y violar la confidencialidad, MAA y MR saben que pueden ser apartados del Provita y quedar sin protección. Pero la necesidad de hablar pudo más.
Ellos constituyen una de las casi 80 familias de Río de Janeiro que están bajo protección del Estado. En todo el país hay hoy 1.200 testigos amenazados de muerte y protegidos.
En sus 15 años de existencia, el Provita ostenta una efectividad de 100 por ciento, según sus responsables: ninguna de las 4.500 personas que ha protegido fue asesinada.
MAA y su familia no se encuadran en el perfil mayoritario de los testigos protegidos, que suelen ser pobres.
Cuando les llega la orden de mudarse, a menudo pasan meses en habitaciones de hotel, sin protección, a la espera de que se les asigne una casa alquilada para vivir.
En la última ocasión, la familia salió de un día para otro de una ciudad del Nordeste con ropa para tres días, y debió permanecer casi dos meses en un hotel hasta que MR decidió buscar por su cuenta un apartamento para alquilar.
La mudanza con las cosas que dejaron en el Nordeste llegó varios meses después y saqueada. Muy poco se pudo aprovechar, y otra vez hubo que comprar muebles y enseres. Tampoco por esto recibieron reparación.
Pero MAA y su esposa dicen sufrir discriminación e intimidaciones de los propios integrantes del Provita, que los tratan como "delincuentes".
"Ya hemos hecho denuncias en 2009, sufrimos intimidación y amenazas de exclusión. Somos tratados como si fuéramos criminales. Es una tortura psicológica. Nos sentimos en un exilio, sin ciudadanía dentro de nuestro propio país".
La asistencia de salud, según dicen, se reduce a prescripciones de altas dosis de antidepresivos y otros medicamentos controlados.
La atención psicológica parece imprescindible.
Los hijos sufren para adaptarse a nuevas escuelas cada vez que se mudan, lo que en general ocurre durante el ciclo lectivo. No es raro que se atrasen y repitan de grado por pasar meses sin frecuentar las aulas.
La incertidumbre de no saber cuál será su próximo destino causó daños a sus hijos, cree MAA. No sólo presentan trastornos de aprendizaje y de sociabilidad, tienen también rasgos depresivos y suicidas, afirmó.
"Estamos muy preocupados por el futuro de nuestros hijos. No puedo trabajar ni como profesional autónoma, y eso es frustrante. Sólo puedo quedarme en casa", dijo MR.
En el apartamento de tres habitaciones que ocupan, las paredes de colores vivos y unas sencillas decoraciones remedan la apariencia de un verdadero hogar.
Tras cinco mudanzas en cuatro ciudades distintas ‒con compra de muebles y utensilios cada vez‒ la pareja no quiere salir de la pacífica urbe del sudeste en la que ahora vive, con una población de 50.000 habitantes.
Hace años que MR tampoco tiene noticias de su familia, y sufre crisis diarias de llanto. "El cuerpo duele de tanto que los extraño", describió.
Ella concluye que "fuimos ingenuos al creer en el programa. Nos sacaron nuestro proyecto de vida y no nos auxiliaron para la reinserción".
La permanencia en el Provita es de dos años en todo el país. Pero su administración descentralizada determina que cada estado adopte sus propias reglas. La política es que permanezcan hasta que cese la amenaza.
"Estamos ahora en el proceso de retomar la vida, pero estamos alejados del mercado de trabajo y necesitamos apoyo para conseguir un empleo", dijo MR.
Su deseo es que los hijos logren egresar de la escuela secundaria y que la pareja construya la vida "desde cero", con un ritmo más tranquilo y sin riesgos.
Volver a Río es imposible.
Cuando MAA efectuó su denuncia, en diciembre de 2007, las autoridades apresaron a los jefes de "La liga de la justicia". Pero, como son personajes vinculados al poder, en poco tiempo pueden obtener beneficios penales y salir de prisión.
Las milicias ya tienen presencia en más de 300 localidades de Río de Janeiro, dijo a IPS el diputado estadual Marcelo Freixo, del Partido Socialismo y Libertad, que en 2008 presidió una comisión parlamentaria de investigación sobre los grupos parapoliciales.
Menos de 10 por ciento de los homicidios se aclaran en Río, según Freixo. "Muchas veces los testigos son la única prueba para una investigación penal".
"No voy a desistir, porque es deber del Estado proveer seguridad", insistió MAA. "Yo sólo espero ser tratado como ciudadano. La seguridad y la protección no son un negocio, sino un derecho", dijo. Hoy "sobrevivimos y nos autoprotegemos", concluyó.
