Organizaciones de campesinos y de derechos humanos se manifestaron decepcionadas con la sola decisión del gobierno de Brasil de crear un grupo interministerial para afrontar la violencia en la Amazonia, tras el asesinato de cuatro activistas ambientales en menos de una semana.
El gobierno de Dilma Rousseff, del izquierdista Partido de los Trabajadores, convocó este martes a dirigentes campesinos y a las autoridades regionales para conversar sobre la instalación del gabinete especial, anunciado el día anterior, y analizar las medidas de protección dispuestas para 125 personas amenazadas de muerte.
Además, las autoridades se comprometieron a fortalecer la represión contra la deforestación ilegal y a destinar para ello recursos financieros extraordinarios.
La ola de violencia comenzó el martes 24 con el asesinato de un matrimonio de dirigentes del Proyecto de Asentamiento Agroextrativista Praialta-Piranheira, en el municipio de Nova Ipixuna, del norteño estado de Pará.
José Claudio Ribeiro da Silva y María do Espíritu Santo, que denunciaban la extracción ilegal de madereras en la región, fueron muertos a balazos en una emboscada.
[related_articles]
Tres días después fue asesinado el dirigente ambiental Adelino Ramos en Vista Alegre de Abuña, en el norteño estado de Rondonia, en tanto que el sábado en la región de Pará fue abatido otro activista, Erenildo Silveira dos Santos, de quien la policía presume fue testigo del crimen del martes de la pareja.
Para Joao Pedro Stedile, miembro de la Coordinación Nacional de Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST), el anuncio del gobierno es "apenas una respuesta a la sociedad para decir que tomó alguna iniciativa", pero que "no resuelve nada".
Para resolver verdaderamente el problema es necesario "romper el poder económico latifundista" y hacer que el pode judicial juzgue y ponga en la cárcel" los casos sin resolver, sostuvo este dirigente de la mayor organización campesina de Brasil.
Es que apenas se procesaron 91 juicios en un total de 1.580 personas asesinadas en los últimos 25 años en el campo y solo fueron condenados 21 autores intelectuales de crímenes y 73 ejecutores reales, según datos de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), vinculada a la Iglesia Católica.
Isolete Wichieniski, de la dirigencia de la CPT, precisó a IPS que la única persona que fue a la cárcel como responsable de ordenar crímenes fue Vitalmiro Bastos de Moura, por el asesinato en 2005 de la monja estadounidense Dorothy Stang, quien también mediaba en conflictos agrarios y ambientales en la región amazónica.
La situación de violencia rural se agrava con el avance del gran negocio agroindustrial, de las empresas madereras y de la minería, indicó Wichieniski.
En Pará, por ejemplo, ha habido un gran avance "de las madereras que presionan a las comunidades que quieren mantener sus áreas de protección ambiental", añadió. También crece el cultivo de soja para exportación y de otros granos para producir biodiésel.
Pero la integrante de la pastoral católica llama la atención por lo que considera sobre todo la gran causa de la violencia, como es la impunidad.
Por eso, aunque la decisión oficial de crear un gabinete interministerial implica "una buena intención", reclamó medidas "estructurales" y "no paliativas".
En 2005, después de medidas de emergencia similares, disminuyeron los conflictos rurales, pero luego volvieron a crecer de la mano de la inoperancia de la justicia, apuntó.
Pará continúa siendo uno de los estados más violentos, con 212 personas asesinadas por conflictos en torno a la tenencia de la tierra desde 1996, cuando se registró la masacre de 19 campesinos del MST en Eldorado do Carajás.
La CPT resalta que desde ese año en Pará otras 809 personas han sido amenazadas de muerte, al igual que el matrimonio de ambientalistas asesinado.
La familia de José Claudio Ribeiro da Silva y María do Espíritu Santo, recordó que las amenazas de parte de taladores de bosques, habían sido inclusive registradas ante la policía.
Stedile vinculó los asesinatos con la reciente votación en el Congreso legislativo de una reforma del Código Forestal vigente desde 1965, considerada una señal verde para la deforestación en la Amazonia.
La iniciativa, presentada por el diputado comunista Aldo Rebelo, prevé, entre otros puntos, la amnistía de multas para los responsables de la tala de predios de hasta 400 hectáreas hechas ilegalmente hasta 2008.
"Creo que algunos madereros y carboneros de la región interpretaron la coyuntura como favorable para ellos y así cometieron esa barbarie", opinó Stedile.
El cambio normativo, que todavía tiene que ser aprobado por el Senado, enfrenta también la oposición del gobierno de Rousseff.
La deforestación amazónica llegó a 700.000 hectáreas entre 2009 y 2010, la menor desde que se comenzó a medir en 1988.
Pero un informe oficial preliminar reveló el 19 de este mes que entre agosto de 2010 y abril de 2011 aumentó 27 por ciento, respecto del mismo período del año anterior, concentrada sobre todo en el occidental estado de Mato Grosso, un fenómeno que el gobierno atribuye a la expectativa de que se apruebe la amnistía. Stedile atribuye la violencia a la falta de una política de reforma agraria "que de hecho enfrente el latifundio y distribuya las grandes propiedades, rompiendo su poder económico y político".
"Como los latifundistas perciben que la reforma agraria está detenida y, aún así continúan las ocupaciones de tierra y conflictos por el elevado nivel de pobreza y de falta de tierra, apelan a su propia fuerza: las armas", consideró.
El dirigente del MST consideró que los responsables de los crímenes son los grandes propietarios de tierra, muchas veces aliados a diputados y gobernadores.
