La ocupación de tierras para la agricultura en los últimos 40 años en Bolivia, tanto dirigidas como espontáneas, derivaron en severos daños ecológicos y escasa productividad al no considerar las limitaciones del suelo y por el empleo intensivo de maquinaria, según el ambientalista Marco Ribera.
"A esta agresividad con los ecosistemas, se suma la irregularidad de muchos procesos de obtención de estas tierras, en periodos oscuros al amparo de las dictaduras o de las prebendas políticas", precisó a IPS Ribera, coordinador de investigación de la Liga de Defensa del Medio Ambiente.
Ribera es un biólogo interdisciplinario que, tras revisar variadas estadística, recopilaciones de ocupaciones de tierras y estudios sobre daños ambientales, concluyó que el desacertado manejo estatal y las ocupaciones de predios sin planificación adecuada se repiten en la actualidad con el proceso de colonización de áreas amazónicas del norteño departamento de Pando.
Bolivia tiene un territorio de casi 1,1 millones de kilómetros cuadrados, 25 por ciento de los cuales corresponden a la zona altiplánica y al tramo local de la cordillera de los Andes, 15 por ciento está conformado por valles y el resto son llanuras y bosques que se extienden por una superficie ubicada al nivel del mar.
Desde la segunda mitad de los años 80, la economía boliviana fue impulsada por una intensa actividad agrícola en las llanuras, donde los cultivos de soja se transformaron en la estrella del crecimiento.
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La exportación de esa oleaginosa generó ingresos por 554 millones de dólares en 2010, constituyéndose en el tercer producto de mayor importancia tras el gas y los minerales. Las ventas externas totales de Bolivia sumaron en ese periodo 6.956 millones de dólares, poco más de un tercio del producto interno bruto.
"Existe en el país un creciente número de eco-regiones, ecosistemas y comunidades naturales en estado crítico, debido a las presiones del avance de la frontera agropecuaria, la quema de maleza extendida, la contaminación a gran escala y los megaproyectos (hidroeléctricos y carreteras)", según Ribero.
Este experto lanzó una advertencia sobre el riesgo que ensombrece a la región subandina de Alto Madidi, localizada en el noroccidental departamento de La Paz, con una superficie que comprende alturas desde 800 a 2.000 metros sobre el nivel del mar, rica en flora y fauna, y con un potencial hidrocarburífero.
Las zonas donde podrían registrarse mayores daños ambientales incluyen al Parque Nacional Amboró, localizado en el oriental departamento de Santa Cruz con su bosque subtropical húmedo y gran diversidad de ecosistemas, y el vecino Parque Nacional Carrasco, comprendido en el central departamento de Cochabamba.
El cochabambino Territorio Indígena Parque Nacional Isidoro Sécure (TIPNIS) y las extensas zonas semitropicales de los Yungas, en La Paz, están comprendidas entre las regiones expuestas a daños ecológicos.
Ambas áreas, según publicaciones periodísticas, son invadidas por productores de coca, la principal materia prima para la fabricación de cocaína, y desplazan otros cultivos como las frutas.
En el TIPNIS, los indígenas libran batalla con colonos que ingresan a sus dominios y rechazan el proyecto gubernamental para la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, alentada por el gobierno de Brasil, porque fraccionaría la zona protegida y permitiría la ocupación de tierras por personas ajenas a la zona.
"Además de los impactos de deforestación y contaminación, los pueblos indígenas del TIPNIS temen al consumo de alcohol y el comercio que alteraría su forma de vida de acuerdo a sus usos y costumbres", explicó a IPS la representante de la agrupación ecologista Kandire, Daniela Leytón.
La activista recogió testimonios de los dirigentes de los pueblos Chimán, Mojeño y Yuracaré que expresaron preocupación por la ejecución del proyecto vial, que en opinión de los representantes originarios, atenta contra la Constitución, en la cual se respeta su territorio y forma de gobierno.
En opinión de Leytón, la consulta a los pueblos sobre la ejecución de proyectos de gran magnitud adquiere un carácter técnico y se resume en la realización de un taller informativo sin escuchar la opinión de los habitantes sobre los impactos en su forma de vida. La investigación de Ribero midió los alcances de la destrucción de bosques y establece que "la intensificación del cambio de uso del suelo (desbosques) significa llevar a Bolivia de 0,02 por ciento a 0,3 por ciento el nivel de emisiones respecto del total mundial. La cifra es indicativa de la gravedad del tema", afirmó.
El crecimiento de la frontera agropecuaria en 1995, determinó una tasa anual de deforestación de entre 80.000 y 168.000 hectáreas, pero citando las investigaciones de los autores Villegas-Martínez, las actividades agroindustriales en los últimos años determinaron el incremento de la deforestación hasta 500.000 hectáreas al año.