La edición 2011 del «Informe sobre el desarrollo mundial», presentada este lunes, se centra en cómo los conflictos interfieren con el avance en un planeta donde 1.500 millones de personas viven en medio de una violencia incesante o recurrente.
Pero muchos economistas progresistas sostienen que el documento, que anualmente elabora el Banco Mundial, no se aparta demasiado de las políticas neoliberales que han mantenido un statu quo mundial de desigualdad.
"Aunque el Banco Mundial enfatiza la necesidad de que haya instituciones más fuertes, esta retórica no siempre va en línea con las políticas reales", dijo a IPS el economista Mark Weisbrot, codirector del Centro de Investigación en Economía y Política, con sede en Washington.
"En América del Sur, por ejemplo, muchos gobiernos están intentando hacer lo correcto pero no tienen la capacidad administrativa y eso es algo a lo que el Banco Mundial realmente puede contribuir", señaló.
"El problema es que el Banco Mundial es parte de un consorcio con el Fondo Monetario Internacional, así que generalmente terminan apoyando políticas que reducen la capacidad de los gobiernos, centrándose en la asistencia del exterior", planteó.
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"Aunque estoy de acuerdo con la prioridad del Banco Mundial de comprometerse con la sociedad civil, es necesario que esto se combine con reformas económicas más amplias. Por ejemplo, de los 51 países clasificados hace 40 años como Menos Adelantados, apenas tres se han graduado. Esto muestra con qué problema estructural estamos tratando", agregó Weisbrot.
El reporte 2011, titulado "Conflicto, seguridad y desarrollo", es esencialmente creación del presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick. Allí se retoman las ideas de un discurso pronunciado en 2008 por el jerarca ante el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, titulado "Estados frágiles: Garantizar el desarrollo".
Según el estudio presentado este lunes, los niños que viven en estados frágiles tienen el doble de probabilidades de padecer desnutrición, y el triple de abandonar la escuela. Ningún país considerado "frágil" o asolado por los conflictos ha cumplido hasta ahora uno solo de los Objetivosde Desarrollo de las Naciones Unidas para el Milenio, y la pobreza es 20 puntos porcentuales superior en países afectados por ciclos de violencia.
A un país en desarrollo promedio, los conflictos civiles le cuestan aproximadamente 30 años de crecimiento del producto interno bruto. Todos estos son indicadores de que se requieren cambios exhaustivos en el sistema mundial a fin de superar las condiciones que perjudican a alrededor de 17 por ciento de la población del planeta.
Este año, el informe del Banco adoptó una singular metodología de compilación, priorizando los datos recabados en investigaciones locales y nacionales previas, al tiempo de sacar sus propias conclusiones y recomendaciones.
"Nos dimos cuenta de que la comunidad internacional tiene que hacer las cosas de modo diferente", dijo el codirector del estudio, Nigel Roberts, en una conferencia de prensa celebrada el viernes en Washington.
"La violencia en el siglo XXI es fracturada, intensa, compleja, está arraigada y es difícil de eliminar, por lo que se requieren esfuerzos nacionales por sobre soluciones importadas desde el exterior; el conocimiento sobre cómo abordar la violencia radica en los profesionales locales, no en las agencias occidentales y en las instituciones académicas internacionales", sostuvo.
El informe enumera cuatro puntos básicos que deben abordarse con urgencia si se quiere frenar los siclos de violencia y apuntar a un progreso duradero en los estados que han soportado varias generaciones de terrorismo, represión política e injusticias económicas. A saber: mejorar la legitimidad institucional, invertir en seguridad ciudadana, justicia y empleo, adoptar un enfoque nacional-regional a varias puntas para lograr el cambio, y ser conscientes de un paisaje mundial cambiante donde los países emergentes y las instituciones regionales deben ser potenciados para jugar un rol mucho más importante en la definición de la agenda del siglo XXI.
"Pan y libertad no son cuestiones de y/o. Cada una es requisito para que exista la otra y debemos promoverlas a ambas en simultáneo", sostuvo Justin Lin, primer vicepresidente y primer economista del Banco Mundial.
Omar Dahi, profesor de economía para el desarrollo en el Hampshire College, dijo a IPS que "en la última década el Banco Mundial ha intentado revertir su desastrosa posición neoliberal de los años 80 y 90 centrándose más en el desarrollo humano".
Sin embargo, todavía no está claro "si ha abandonado el modelo neoliberal en el plano macro al centrarse en la liberalización comercial y en la dependencia de las inversiones extranjeras", agregó.
"Éste modelo ya no es sostenible", enfatizó.
Dahi opinó como positivo que ahora se centre la atención en las instituciones en vez de solamente en la integración, "pero la creación de instituciones es un proceso difícil", dijo.
"Enfatizo la necesidad de empoderar a las cooperativas y entidades sindicales y campesinas más que a las organizaciones no gubernamentales", añadió Dahi.
Aunque aboga por apoyar instituciones democráticas fuertes, el "Informe sobre el desarrollo mundial 2011" no reconoce que el Consejo Ejecutivo del Banco está dominado por los cinco donantes más ricos: Alemania, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Japón.
"Éste es el momento para que el propio Banco Mundial se democratice, a fin de que los países en desarrollo puedan tener mayor injerencia en su modo de operar. (El Banco) no puede impulsar la buena gobernanza cuando es un ejemplo de gobernanza autoritaria", dijo Dahi a IPS.
En respuesta al debate que el informe plantea a propósito del terrorismo, Daniel Gorevan, portavoz de Oxfam International, declaró que el estudio no aborda "el impacto que puede tener la asistencia internacional centrada en objetivos militares o de seguridad a corto plazo en la exacerbación de la violencia".
"Estamos viendo un preocupante aumento del grado de la asistencia militarizada o politizada. Eso es problemático, especialmente si esta asistencia no aborda las causas de conflicto y pone en riesgo las vidas de las comunidades o de los trabajadores humanitarios", agregó Gorevan.
