Los principios para la Inversión Agrícola Responsable (IAR), contra los que luchan hace años organizaciones campesinas y de defensa del derecho a la alimentación, están otra vez en debate en la Conferencia Anual del Banco Mundial sobre Tierra y Pobreza, que finalizará este jueves en Washington.
Los IAR son "peligrosamente decepcionantes" para describir la anexión de tierras en el lenguaje de los derechos humanos y la responsabilidad social corporativa, dijo Shalmali Guttal, representante del no gubernamental Focus on the Global South.
"Las corporaciones y los gobiernos ganarán, pero las comunidades locales, los ecosistemas y las futuras generaciones perderán. Apoderarse de las tierras de los pueblos rurales es completamente inaceptable, sin importar qué pautas se sigan", enfatizó Guttal.
Varias entidades, entre ellas el Banco Mundial, el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) formularon en conjunto la IAR, que describen como un mecanismo "responsable" para adquirir vastos predios de tierra agrícola.
Se trata de una serie de sugerencias no vinculantes que los inversores deberían considerar antes de comprar tierras a gran escala, y se basan en la posibilidad de una situación en la que todos ganen: los inversores privados y los campesinos pobres.
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Las inversiones en tierras deberían ser transparentes y ambientalmente sustentables, además de fortalecer la seguridad alimentaria en vez de ponerla en peligro, según la IAR.
Agricultores y organizaciones comunitarias combaten los principios de la IAR, argumentando que son una fachada para que las corporaciones transnacionales se apropien de tierras y ganancias rápidamente.
Funcionarios públicos internacionales, inversores en bienes raíces rurales, banqueros y autoridades de gobierno discuten hasta el día 20 en Washington, los criterios regulatorios para implementar estas políticas.
GRAIN, una organización independiente que apoya los esfuerzos comunitarios, informó el lunes que desde 2009 los mayores proponentes de principios IAR han sido la Unión Europea (UE), la FAO, el Grupo de los Ocho países más poderosos (G-8: Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón y Rusia), el Grupo de los 20 (G-20: es el G-8, las grandes economías emergentes y la Unión Europea), el FIDA, Japón, Suiza, Estados Unidos y el Banco Mundial.
Invertir en una crisis alimentaria
En un análisis de 2010 titulado "Responsibly Destroying the Worlds Peasantry" (Destruir con responsabilidad el campesinado mundial), el relator especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, Olivier De Schutter, afirmó que entre 2006 y 2009 se negociaron ventas de tierras equivalentes al total de área arable de Francia.
Millones de hectáreas pasaron de manos del Estado o de campesinos a manos de inversores occidentales, entre ellos bancos de Wall Street y fondos de alto riesgo, entidades que ven la tierra como un refugio de inversiones seguras en tiempos de crisis financiera.
De Schutter señaló que la atracción inicial hacia las compras de tierras a gran escala nació de la convicción de que la batalla contra el hambre se ganaba con mayor producción de alimentos y que las escasas inversiones desalentaban la oferta,lo que llevó a concluir que si los inversores son atraídos al sector agrícola hay que hacer lo necesario para que permanezcan en él.
"Tanto el diagnóstico como el remedio son incorrectos", dijo De Schutter.
"El hambre y la desnutrición no son resultado de una producción alimentaria insuficiente; son resultado de la pobreza y la desigualdad, particularmente en las áreas rurales, donde todavía residen 75 por ciento de los pobres del mundo", continuó.
"En el pasado, el desarrollo agrícola priorizó formas de cultivo capitalista a gran escala, desatendiendo a los pequeños productores que alimentan a las comunidades locales", agregó.
"Como los gobiernos no han protegido a los trabajadores agrícolas de la explotación en un entorno cada vez más competitivo, no debería sorprender que los pequeños productores y peones rurales representen, juntos, 70 por ciento de quienes hoy no pueden alimentarse", concluyó De Schutter.
Agricultores, pescadores, organizaciones de derechos humanos y de investigación, así como colectivos que representan a cientos de millones de campesinos de Asia meridional, América Latina y África, emitieron un comunicado el domingo, en ocasión del Día Internacional de la Lucha Campesina.
Alrededor de 50 millones de hectáreas de tierra arable, "suficientes para alimentar a 50 millones de familias en India", les fueron arrebatadas en la última década a los agricultores y puestas en manos de corporaciones privadas, multinacionales y transnacionales, señala el texto.
HighQuest Partners, una consultora privada que trabaja al servicio de empresas mundiales de alimentos, agronegocios y biocombustibles, informó el año pasado que las inversiones mundiales en tierras agrícolas llegaron a 25.000 millones de dólares, un monto que puede triplicarse en un futuro muy cercano.
"La carestía alimentaria se presentó porque los alimentos sufrieron la progresiva desaparición de las diferencias entre bienes esenciales y productos de mercado. La IAR legitimará la confiscación de tierras de un modo peor que en la era colonial", alertó el domingo Henry Saragih, de La Vía Campesina, organización con 200 millones de integrantes en todo el mundo.
"Uno de los objetivos del colonialismo fue hallar y apropiarse de los recursos esenciales de las colonias", dijo Saragih a IPS.
"El control sobre el petróleo, el gas y la minería llegaron después; el control sobre la producción alimentaria siempre fue una prioridad", añadió.
La Red para la Justicia Social y los Derechos Humanos de Brasil advirtió sobre el impacto que puedan tener las políticas de IAR en las comunidades indígenas de América del Sur.
"Tendrá un efecto devastador en la Amazonia y en el Cerrado, al dar luz verde a las actividades ilegales de grandes ganaderos, agronegocios, mineras y madereras para que destruyan bosques y la biodiversidad que existe en la producción local de alimentos de pequeños agricultores", dijo Maria Luisa Mendonça, representante de la red.
