México debe reforzar de modo urgente la vigilancia sobre el depósito y el manejo de materiales radiológicos, así como la disposición de los desechos, alertan expertos.
"Los materiales deben ser resguardados bajos ciertas condiciones de seguridad y se debe hacer un buen seguimiento en cuanto a la seguridad radiológica. Hay muchas regulaciones que deben ser revisadas", dijo a IPS el director de la Escuela de Técnicos en Radiología de la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen, Fernando Cruz.
Los accidentes registrados en los últimos 25 años, cuyos efectos aún son sensibles, refuerzan la tesis de un mejor control gubernamental. En 2008 la empresa Tubos de Acero de México (Tamsa) derritió cesio-137, un isótopo potencialmente nocivo, en una fábrica en el sudoriental estado de Veracruz, según pudo establecer IPS.
El hecho fue comprobado por la compañía Zinc Nacional, que adquiere polvo de acero para procesarlo. Los detectores de ese fabricante se activaron cuando recibió un cargamento de 80 toneladas procedente de Tamsa y que fue devuelto a ésta.
El 29 de junio de 2008, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas (CNSNS), el órgano de la Secretaría (ministerio) de Energía responsable de la vigilancia nuclear, recibió un aviso de que Tamsa había fundido una fuente radiactiva y procedió a efectuar una primera inspección nueve días después.
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Alejandro Cortés, funcionario de la CNSNS, vertió detalles del incidente durante su participación en la Conferencia Internacional sobre Control y Manejo de Material Radioactivo Inadvertido en Desechos Metálicos, realizada en febrero de 2009 en la localidad española de Tarragona.
Universidades, las industrias del acero, de bebidas gaseosas y del tabaco, así como hospitales públicos y privados importan materiales nucleares para utilizarlos en sus procesos productivos y de aplicación de terapias contra enfermedades como el cáncer.
La Gerencia de Seguridad Radiológica, de la CNSNS, ha emitido en los últimos años al menos 1.897 licencias para posesión de este tipo de materiales. Entre las principales fuentes abiertas importadas figuran el yodo-125 y 131, talio-201, fósforo-32, carbono-14, tecnecia-99m, galio-67 e hidrógeno-3, principalmente para usos médicos.
Mientras, las principales fuentes selladas, que deben ser depositadas en habitáculos especiales, compradas del exterior son cobalto-60, iridio-192 y americio-24/berilio para propósitos terapéuticos e industriales. Hay al menos 22 empresas autorizadas para adquirir y transferir material radiológico.
El accidente de Tamsa trae a la memoria el caso de varillas de hierro contaminadas con cobalto-60 registrado a mediado de los años 80 en la norteña Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos, y cuyas consecuencias aún persisten.
Todo comenzó en 1977 cuando el privado Hospital de Especialidades de Ciudad Juárez compró de contrabando una unidad de radioterapia que contenía cobalto-60. En 1983 dos empleados del nosocomio la vendieron a la chatarrería el Yonque Fénix, que a su vez trasladó el material a la entonces estatal Aceros de Chihuahua.
Esa fundidora y otras empresas lo usaron para producir piezas metálicas que fueron distribuidas luego en 16 de los 32 estados de México.
La CNSNS calculó que se fabricaron al menos 6.608 toneladas de varilla. En su informe final de 1985, ese órgano reportó la detección de 17.636 construcciones con varilla contaminada, 1.276 de las cuales presentaron niveles de radiación superiores al límite natural. Más de 800 fueron demolidas por contener cantidades inaceptables de contaminante.
Empero, Agustín Horcasitas, ex gerente de producción de Aceros de Chihuahua, calculó en su libro de 1999 titulado "El gran engaño" sobre ese desastre que unas 10.000 toneladas de varilla nunca fueron recuperadas.
Más de 5.000 toneladas del material contaminado yacen enterradas en el cementerio nuclear de la localidad de Samalayuca, en el norteño estado de Chihuahua y a unos 70 kilómetros de la línea limítrofe con Estados Unidos.
Unas 4.000 personas sufrieron exposición a la radiación, sin encontrar en ese momento perjuicios serios sobre su salud, según el reporte de la CNSNS. Pero según reportes de la prensa mexicana, al menos tres personas que permanecieron cerca de la fuente han muerto de enfermedades degenerativas y un número no calculado padece esas dolencias.
"No se sigue el rastro de los desechos radiológicos, no se sabe dónde terminan", señaló a IPS Bernardo Salas, director del Laboratorio de Análisis Radiológicos de Muestras Ambientales de la Facultad de Ciencias de la estatal Universidad Nacional Autónoma de México.
La ley reglamentaria del artículo 27 de la Constitución norma todos los aspectos relacionados con la energía nuclear, mientras que al menos seis regulaciones adicionales se refieren a temas como el diseño de instalaciones, el depósito de los residuos y los niveles de exposición para los trabajadores.
Mientras en 2000 la CNSNS efectuó 30 inspecciones a sitios nucleares, en 2009 esa cifra llegó a 23 y 13 el año pasado.
Al menos 7.733 personas trabajan con fuentes de radiación, según la Comisión, que en los últimos años ha investigado 42 casos de exposición a dosis atípicas. En Veracruz, 83 personas estuvieron expuestas sin presentar niveles de riesgo.
En noviembre de 2002, seis personas resultaron intoxicadas en la Unidad de Medicina Nuclear del Hospital de Especialidades del estatal Centro Médico Nacional "Siglo XXI" por ingerir café contaminado con yodo-131, bebida que fue adulterada a propósito por un trabajador de ese hospital.
Durante su intervención en el congreso anual de la Sociedad Mexicana de Seguridad Radiológica, de noviembre 2009, Hermenegildo Maldonado, funcionario de la CNSNS, recomendó la actualización del marco legal, la creación de un examen teórico-práctico para el personal que trabaja con radionúclidos y la modernización de la capacitación.
La CNSNS propuso un protocolo para el control y manejo de material radiactivo inadvertido en desechos metálicos en cooperación con los productores de acero, el cual no ha sido adoptado.
"Cientos de fuentes radiactivas médicas e industriales son abandonadas, robadas o perdidas cada año, lo cual representa atenta contra el resguardo y la seguridad", escribió la sudcoreana Duyeon Kim, subdirectora del no gubernamental Centro para el Control de Armas y No Proliferación, con sede Washington, en la edición de marzo de la revista Boletín de los Científicos Atómicos.
"Entonces, la amenaza de fugas radiactivas o pérdida de control sobre materiales radioactivos causadas por la naturaleza, fallas de los sistemas internos o intentos maliciosos serían incluidos en este tipo de discusiones", refirió, en relación con la Cumbre de Seguridad Nuclear 2012 de Seúl.
