Guatemala ya es candidata a ingresar a la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés), que busca, a través de un contralor del pago de tributos de las empresas, reducir tensiones entre éstas y los pobladores afectados por la actividad.
"Ayudaría mucho a reducir conflictos. La iniciativa pretende generar mecanismos de transparencia sobre los impuestos que las empresas pagan al Estado y sobre el destino que le da éste a esos recursos", dijo a IPS el delegado guatemalteco ante la EITI, Silvio Gramajo.
La EITI es una coalición de gobiernos, empresas, sociedad civil, inversionistas y organizaciones multilaterales que promueven la gobernabilidad en países ricos en recursos naturales mediante la publicación y verificación de los pagos realizados por las empresas y de los ingresos fiscales procedentes del petróleo, gas y minerales.
Regina Rivera, de la Gremial de Minas, Canteras y Procesadoras, dijo a IPS que, "si la iniciativa se asume con responsabilidad, trae consigo la oportunidad de crear un ambiente de confianza en torno al sector extractivo, pues permitirá transparentar la información fiscal en doble vía, lo cual podría contribuir a reducir conflictos".
Hay cinco pasos para que un país candidato obtenga el estatus de cumplimiento: adhesión, preparación, revelación (del estudio), difusión y validación. Guatemala apenas se ha adherido.
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Sólo tres países latinoamericanos pertenecen a la iniciativa EITI como candidatos. Perú, admitido en 2004 aunque aún no ha calificado como país cumplidor, mientras que Guatemala y Trinidad y Tobago fueron aceptados por la EITI en la reunión del 1 de marzo pasado realizada en París.
Para ser admitido, Guatemala entregó un plan de trabajo que contempla la publicación el próximo año de informes de conciliación de flujos financieros de las industrias minera y petrolera, los cuales serán acordados entre empresarios, gobierno y sociedad civil.
La tarea no será fácil. Este país busca ser certificado por la EITI en medio de un choque entre empresarios de la industria extractiva y campesinos que alegan serios daños ambientales y, a la vez, poco o ningún beneficio de las explotaciones mineras y petroleras para sus comunidades.
"No se nota el apoyo de la minería a las comunidades. Queremos hacer replanteamientos y buscar una fórmula donde sean las comunidades afectadas los principales beneficiarios", dijo a IPS el líder indígena Pedro Bal.
Sus amenazas y efectos ambientales también han sido expuestos.
Así, por ejemplo, la secretaría de asuntos ambientales del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, América Central y Estados Unidos (DR-Cafta, por sus siglas en inglés) recomendó el 29 de marzo investigar la ampliación de un contrato petrolero en el Parque Nacional Laguna del Tigre, en el norteño departamento de Petén.
La explotación, a cargo de la firma anglo-francesa Perenco, no tuvo la aprobación del estatal Consejo Nacional de Áreas Protegidas por ubicarse en una zona núcleo de la biosfera maya que alberga numerosas especies y sitios arqueológicos. Aún así, el gobierno prorrogó el contrato por 15 años en julio de 2010.
En otro caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó el 20 de mayo de 2010 a Guatemala suspender la explotación de oro y plata de la mina Marlin, en el occidental departamento de San Marcos, al acoger una medida cautelar a favor de 18 comunidades indígenas.
Pero Montana Explotadora, subsidiaria de la canadiense GoldCorp, acusada de contaminar varios ríos, sigue operando la mina por retrasos administrativos en el trámite de suspensión.
A pesar de los conflictos, la industria minera ha crecido vigorosamente en los últimos años en el país. La producción alcanzó 8,6 millones de dólares en 2005 los y 370 millones de dólares en 2009, según el Ministerio de Energía y Minas.
No obstante, por concepto de regalías apenas dejó al país uno por ciento de los obtenidos por esa producción, tal cual lo indica la ley vigente de minería, lo cual es considerado "muy poco" por sectores de la sociedad civil.
Mientras, Perú lucha por convertirse en país cumplidor.
En diciembre, tras enviar el primer informe de conciliación, Perú no logró satisfacer del todo a la EITI, que respondió que "están cercanos", pero aún deben cumplir todos los requisitos.
"Las críticas se centraron en que había empresas importantes que no participaron en la rendición y que no estaban claras las cifras que serían presentadas", explicó a IPS el economista Epifanio Baca, delegado de la sociedad civil en la comisión encargada del proceso.
El informe 2004-2007 de Perú, presentado en julio de 2010, indica que las mineras pagaron impuestos por 3.752 millones de dólares y entre 871.000 y 873.000 dólares en regalías, mientras que las petroleras aportaron 237.000 dólares en impuestos y 1.594 millones de dólares en regalías.
De las 24 compañías mineras que reportaron, seis no expusieron cifras detalladas aduciendo razones de "seguridad". Además, los representantes de la EITI señalaron que lo "deseable" hubiera sido incluir cifras hasta 2008.
Baca informó que la meta ahora es realizar en junio el segundo estudio de conciliación con cifras de 2008, 2009 y 2010.
Más de 70 por ciento de los conflictos socio-ambientales de Perú, uno de los mayores productores mundiales de oro, plata, cobre, zinc y plomo, están vinculados a la actividad minera y petrolera, según la gubernamental Defensoría del Pueblo.
Pero ¿sirvió de algo el primer estudio de conciliación para prevenir conflictos en zonas de industrias extractivas? El economista Gustavo Ávila, de la no gubernamental Propuesta Ciudadana, afirmó que no, debido a que la implementación del programa en Perú aún "es muy primaria".
"No se ha difundido de manera amplia a todos los actores involucrados en los conflictos socio-ambientales y el estudio de conciliación tampoco contiene información actualizada y detallada de todas las compañías lo cual no convierte al mecanismo en algo útil", aseguró Ávila a IPS.
Según la industria, las empresas mineras y energéticas invirtieron más de 24.150 millones de dólares entre 1992 y 2007.
Si bien la pobreza descendió en promedio general en 2009 hasta afectar a 39 por ciento de los peruanos, hay varias regiones donde se realiza la actividad extractiva sin que desciendan los bolsones de pobreza y, mucho menos, los conflictos.
* Aportes de Milagros Salazar (Lima)
