La decisión del gobierno ecuatoriano de declarar persona non grata a la embajadora de Estados Unidos, Heather Hodges, a la que pidió que abandone de manera inmediata el país, es resultado directo de las revelaciones de cables confidenciales estadounidenses obtenidos por Wikileaks.
El ex canciller ecuatoriano José Ayala Lasso dijo a IPS que es "penoso que se haya producido" esta expulsión. "En definitiva, los documentos que dan lugar a esta situación están sujetos a juicio respecto de su legitimidad, pues fueron obtenidos por un procedimiento violatorio de las leyes internacionales", argumentó.
La decisión se debió a la indignación que provocó en el presidente de Ecuador, Rafael Correa, la divulgación por el diario español El País de un cable diplomático de los conseguidos por Wikileaks, adjudicado a la embajadora Hodges, y la negativa de ésta a desmentirlo.
En el cable, escrito en julio de 2009, Hodges comunica al Departamento de Estado (cancillería) de su país que Correa habría nombrado comandante general de la Policía Nacional a Jaime Hurtado, aun a sabiendas de que era un oficial corrupto, y que lo habría hecho por considerar que esa condición lo hacía "fácilmente manipulable".
El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, dijo este martes que, aunque él le expresó a la embajadora la molestia, indignación y sorpresa de Correa ante el contenido del cable, la embajadora solo comentó que "esa era una información robada" y que "por tanto no tenía más que comentar al respecto".
"Es una respuesta insuficiente e insatisfactoria para el gobierno del Ecuador", dijo Patiño.
"Nos parece inaceptable que después de haberse conocido el contenido de los mencionados cables, después de haber sido ella invitada a dar una explicación sobre el contenido de los mismos, hayamos tenido una respuesta de la naturaleza que tuvimos por parte de la señora embajadora", apuntó.
"La embajadora está en un callejón sin salida: no puede decir otra cosa que lo que ha dicho", dijo Ayala Lasso, quien criticó la "pavorosa ingenuidad" del canciller Patiño al decir que esperaba que la diplomática desmintiera los hechos.
"Yo habría optado por un procedimiento diferente: disponer una investigación exhaustiva e inmediata y, una vez que se determinara que no tenía fundamento, tomar medidas tan graves como la de expulsar a la embajadora", señaló.
Por su parte, Fernando Carrión, académico de la Facultad Latinoamericano de Ciencias Sociales (Flacso), comentó a IPS que le parecía una decisión demasiado apresurada la del gobierno.
"Ningún país donde han aparecido los cables de Wikileaks, que en algunos casos han sido aún más significativos, ha tomado una decisión como ésta", dijo Carrión, quien iba a participar como panelista en una conferencia, finalmente cancelada, que había organizado Flacso y la Embajada de Estados Unidos sobre tendencias regionales en seguridad ciudadana.
Carrión precisó que la media adoptada por el gobierno "nos pone en la misma situación que Venezuela y Bolivia, que también declararon persona non grata a los embajadores de Washington y desde entonces no se han nombrado a sus reemplazos".
Por su parte, el empresario floricultor Fernando Aulestia criticó la medida por el impacto muy negativo que va a tener para la renovación de las preferencias arancelarias otorgadas a los países andinos, excepto Venezuela, conocidas por sus siglas en inglés Atpdea, planteo que se halla para consideración en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
"Ya estamos teniendo problemas con las exportaciones, así como también los productores de brócoli tienen problemas. Con esto, tal vez podamos decir adiós al Atpdea, y ello impactará en la pérdida de trabajo de miles de personas en la Sierra ecuatoriana", explicó a IPS.
Ayala Lasso analizó dos factores en su conversación con IPS: uno es que los embajadores tienen la obligación de informar a su gobierno todo lo que ven en el país en el que están acreditados y hacerlo de la manera más objetiva y profunda.
"Esa es una obligación reconocida por el derecho internacional, y sus informes los redactan pensando en el uso privado por sus gobiernos, no para que sean divulgados internacionalmente", indicó.
El otro factor es que el cable revelado "se refiere a asuntos muy graves para Ecuador como es la corrupción de la policía".
Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Quito confirmó, "con mucho pesar", haber recibido la comunicación diplomática oficial del gobierno de Ecuador declarando a Hodges persona non grata y el pedido de que abandone el país.
"La embajadora Hodges es una de las diplomáticas más talentosa y con más experiencia del Departamento de Estado", señala el comunicado.
"El Departamento de Estado considera su expulsión injustificada y lamenta profundamente que el gobierno ecuatoriano haya dado ese paso", ante lo cual "examinará las opciones para responder a esta acción ", añade.
Esto deja sin respuesta sobre la situación del embajador de Ecuador en Estados Unidos, Luis Gallegos, un diplomático de carrera que se halla en esa misión desde octubre de 2005 y a quien Correa mantuvo en el cargo cuando asumió la Presidencia hace cuatro años.
De todas maneras, Patiño aclaró que "esta decisión no es una acción contra el gobierno de Estados Unidos sino que está dirigida únicamente a la diplomática que hizo graves afirmaciones"
En el cable obtenido por Wikileaks, Hodges comenta que existe una generalizada corrupción en filas de la Policía Nacional y en particular su comandante general, Jaime Hurtado, las cuales, según ella, eran tan conocidas que funcionarios de la embajada estaban seguros de que el presidente Correa también las conocía cuando le puso en dicho cargo.
En el cable divulgado, la embajadora opina que Correa probablemente quería con el nombramiento tener un jefe policial fácilmente manipulable.
Se señala, además, que Hurtado, quien se desempeñó como comandante policial desde el 11 abril de 2008 hasta el 27 de mayo del 2009, habría hecho práctica común la extorsión, acumulando así dinero y propiedades, al igual que facilitar el tráfico de personas y obstruido investigaciones contra compañeros corruptos.
"Las corruptas actividades descritas en este cable dañan la inversión norteamericana en Ecuador. Los inversores se muestran reacios a arriesgar su patrimonio porque saben que pueden ser extorsionados por agentes corruptos de los cuerpos de seguridad", dice Hodges en su comunicación reservada.
Al pedir la cancelación de las visas para Hurtado y su familia, la embajadora indica que, como jefe policial", ha prestado asistencia a los traficantes de personas, creando así oportunidades de entrar en Estados Unidos a delincuentes y terroristas".
