El gobierno de Brasil debe poner «la casa en orden» y asumir una posición firme de respecto a los derechos humanos si quiere alcanzar un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, señaló el secretario general de la organización humanitaria Amnistía Internacional, Salil Shetty.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ha declarado que va a priorizar las políticas de respeto a los derechos humanos, "pero una cosa son palabras y otra es la acción concreta", advirtió Shetty, en un alto de su visita a este país, donde la entidad con sede en Londres que dirige instalará una oficina en los próximos meses.
El activista indio se reunió con familiares de personas asesinadas por la violencia policial y recibió denuncias de desalojos forzosos de asentamientos irregulares.
"Hay una larga historia de crímenes cometidos por policías en Brasil. Desde hace cuatro décadas hemos acompañado la situación de los derechos humanos en el país y, ahora, vamos a tener una presencia permanente con un equipo", explicó.
Datos de Amnistía Internacional indican que el llamado gatillo fácil mata, en promedio, a unas 1.000 personas por año sólo en Río de Janeiro.
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"Los que sufren con las atrocidades policiales e injusticias en las favelas (barrios hacinados) son, en su gran mayoría afrodescendientes, mujeres y pobres, es decir personas que no tienen voz y son las más vulnerables de la sociedad", afirmó Shetty.
El representante de Amnistía entiende que hubo "avances importantes" en cuando a la defensa de los derechos humanos en Brasil desde el fin de la última dictadura (1964-1985).
Sin embargo, aún hay puntos preocupantes, en especial en materia de seguridad pública, con retraso en la renovación de las filas policiales, y en las cárceles, donde se hacinan unas 500.000 personas, apuntó. Por eso el país debe trabajar para corregir esos graves problemas si aspira a ocupar un lugar permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).
En Brasil, como en otros países, corre con fuerza una corriente de pensamiento que sostiene "que es necesario elegir entre los derechos humanos y la seguridad pública", criticó Shetty.
"Nadie tiene el derecho de matar a ninguna persona", dijo, en la misma sintonía, Joelma, tía de Júlio César Menezes Coelho, asesinado a los 21 años el 18 de septiembre de 2010 en un operativo policial en la favela Cidade Alta, la misma que Shetty visitó esta semana. "El dolor que queda es el mismo que hace luchar y seguir adelante", añadió.
"Por favor, no me mate, yo vivo aquí", fueron las últimas palabras de Júlio César antes de ser baleado por seis efectivos de la Policía Militar, relató Joelma.
"Esto ya es rutina. Voy a luchar hasta que tenga fuerzas. Yo lucho por todas las madres que perdieron sus hijos", defendió Joelma al relatar su drama al funcionario de Amnistía.
La historia de Júlio César, totalmente ajeno a cualquier hecho delictivo y que sólo quería estudiar gastronomía, se mezcla a muchas otras, como la de Andreu Carvalho, hijo de Deize da Silva de Carvalho, quien fue detenido el 31 de diciembre de 2007, cuando tenía 17 años.
"Un día después recibí la noticia de que mi hijo había sido torturado hasta morir", narró Silva de Carvalho a Shetty. "La convicción de que los delitos quedan impunes es lo que hace que los policías sigan matando a pobres y negros", lamentó.
Brasil sigue siendo el campeón de las violaciones policiales en América Latina, dijo a IPS el representante de la Red de Comunidades y Movimientos Contra la Violencia, Maurício Campos dos Santos, quien articuló el encuentro de los familiares de las víctimas con Amnistía.
"Las familias luchan por justicia y el encuentro con el secretario general de Amnistía es para dar visibilidad a estos casos. Sabemos que en Brasil el prejuicio es muy grande. No hay duda que la denuncia en el exterior tiene más peso", apuntó.
A su vez, la psicóloga Cristiane Fraga, de la Universidad Federal Fluminense, comentó a IPS que una de las formas de reaccionar a este tipo de abuso es canalizando el dolor para potenciar la búsqueda de justicia.
"Es muy difícil cuando alguien pierde un miembro de la familia. El sufrimiento siempre va a existir, pero la manera de reaccionar a eso es lo que puede darles otro sentido a su vida", argumentó Fraga.
Además de la atención a parientes de víctimas de la violencia policial, Amnistía Internacional se propone en Brasil encausar las denuncias por erradicación compulsiva de familias pobres asentadas en zonas previstas para la construcción de los edificios e infraestructura con miras al campeonato mundial de fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016.
Por lo menos 750 familias viven en áreas previstas para la construcción de vías de transporte de alta velocidad.
"No queremos prohibir el mundial (de fútbol) o las olimpiadas ni tampoco los avances de las rutas. Lo que queremos es el derecho a una residencia digna", señaló el sacerdote Luiz António Pereira Lopes, de la católica Pastoral de las Favelas.
"El respeto a las personas será vulnerado con el desplazamiento de los hogares y también con las míseras indemnizaciones que proponen las autoridades, que van de los 8.000 a 10.000 reales (entre 5.100 y 6.400 dólares)", explicó.
"Brasil es signatario de tratados y convenciones internacionales que garantizan el derecho a un hogar, pero todos los casos que oímos aquí muestran que ese proceso no está siendo contemplado", consideró Shetty, quien este jueves en Río de Janeiro compartirá con la presidenta Rousseff una sesión del Foro Económico Mundial en América Latina.
