Aunque Chiquita Brands International sostiene que los pagos que efectuó a paramilitares colombianos durante más de una década fueron resultado de extorsiones, documentos de la empresa confirman que esas transacciones representaron beneficios para el gigante bananero.
Esos documentos se dieron a conocer el jueves por el National Security Archive (NSA, archivo de seguridad nacional), una organización independiente que se dedica a desclasificar documentos apelando a la Ley de Libertad de Información y a investigar y compilar sus contenidos.
Los documentos plantean dudas sobre los hechos que dieron pie al "acuerdo declaratorio" de 2007 entre Chiquita y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, bajo el cual la compañía fue multada con 25 millones de dólares por pagar a las ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización que en 2001 fue catalogada como terrorista por el Departamento de Estado (cancillería).
En el marco de ese acuerdo, que selló una investigación de cuatro años, los fiscales aceptaron el argumento de la empresa de que los pagos a los paramilitares de las AUC un paraguas de grupos ilegales conformado en los años 90 por Carlos Castaño—, equivalían a dinero por "protección" y que Chiquita nunca recibió servicios reales a cambio de esos fondos.
Pero algunos de los documentos divulgados por el NSA contradicen esa fundamentación. Por ejemplo se detalla el manejo de lo que la empresa llamó "pagos delicados" a partir de 1990, cuando entregaba dinero a orgnizaciones guerrilleras de izquierda activas en la noroccidental región colombiana de Urabá, y hasta 2003, cuando una presentación de PowerPoint obtenida por el NSA expone opciones de cómo disimular pagos inadecuados.
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Un memorando de marzo de 2000, por ejemplo, registra una conversación entre el abogado de Chiquita, Robert Thomas —autor de ese documento— y gerentes de Banadex, subsidiaria colombiana de la empresa.
Allí, Banadex señala que paramilitares apostados en la norteña localidad colombiana de Santa Marta crearon una cooperativa de fachada para ocultar "el propósito real de brindar seguridad" a las operaciones locales de esa subsidiaria.
Thomas cita a un participante cuyo nombre fue eliminado del documento, diciendo: "Deberíamos continuar haciendo los pagos. No podemos obtener el mismo grado de apoyo de los militares".
"El aparente quid pro quo (intercambio) de Chiquita con las guerrillas y los paramilitares responsables de incontables matanzas se oculta en el acuerdo de 2007 entre la compañía y el Departamento de Justicia", dijo a IPS Michael Evans, jefe de investigaciones del NSA sobre temas de Colombia.
"Lo que todavía no sabemos es por qué los fiscales de Estados Unidos pasaron por alto lo que parece una clara evidencia de que Chiquita se benefició de estas transacciones", agregó.
El Departamento de Justicia no devolvió las llamadas sobre el caso. Ed Loyd, portavoz de la empresa, insistió en que "Chiquita efectuó pagos únicamente por un temor fundado" a que sus empleados fueran objeto de represalias si se negaba a hacerlos, y defendió el acuerdo.
"El Departamento de Justicia, que ( ) está a cargo de analizar objetivamente los hechos, evaluó TODOS estos documentos en una investigación exhaustiva que duró casi cuatro años", escribió en un correo electrónico enviado a IPS.
Loyd señaló que "NO encontró evidencias de que Chiquita compartiera ninguno de los objetivos criminales de las organizaciones terroristas a las que fue obligada a efectuar pagos".
La divulgación del documento se produjo el mismo día que una reunión entre el presidente colombiano Juan Manuel Santos y su par estadounidense, Barack Obama, para finalizar un "Plan de Acción sobre Derechos Laborales" en Colombia, que intenta remover los obstáculos para que el Congreso legislativo de Estados Unidos apruebe el Acuerdo de Libre Comercio que desde hace tiempo está pendiente entre ambos países.
Ese tratado, negociado en el gobierno de George W. Bush (2001-2009), está estancado precisamente por las denuncias de de continuas violaciones de derechos humanos contra sindicalistas en el país sudamericano.
Solamente en los últimos tres años fueron asesinados casi 150 sindicalistas, según la Escuela Nacional Sindical, principal entidad de defensa de los derechos laborales en Colombia.
"Es importante que la gente sepa que hacer negocios en Colombia tiene un costo que va más allá de los simples pagos extorsivos, o como se los quiera llamar, y que pueden contarse por la cantidad de personas asesinadas por esas organizaciones armadas ilegales", dijo Evans.
Las AUC fueron presuntamente desmanteladas mediante un acuerdo secreto con el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), pero organizaciones sucesoras y bandas delictivas continúan dominando grandes sectores del país.
"Es muy preocupante que Estados Unidos esté avanzando en un Acuerdo de Libre Comercio con Colombia sin abordar el pleno desmantelamiento de los grupos paramilitares colombianos", dijo a IPS Gimena Sánchez, experta en asuntos colombianos en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos.
"Nos preocupa la proliferación de casos similares al de Chiquita", continuó.
"Actualmente, 23 empresarios dedicados a la palma aceitera en la (norteña) región del Chocó están procesados por sus tratos con paramilitares y desplazamientos forzados" de campesinos, agregó.
A los críticos del acuerdo comercial Washington-Bogotá también les preocupa una historia de complicidad entre policías, militares, jueces y otros funcionarios colombianos con estas organizaciones armadas ilegales.
De hecho, los documentos del NSA sugieren que las fuerzas de seguridad del Estado alentaron y facilitaron los pagos de Chiquita a las AUC, e incluso fueron receptoras de tales fondos.
Aunque a comienzos de los años 90 la mayoría de los pagos fueron destinados a organizaciones guerrilleras, un memorando de agosto de 1993 señala que la compañía subsidiaria en la noroccidental localidad de Turbó había empezado a canalizar pagos por seguridad al ejército colombiano, a través de una "asociación bananera" conocida como "Agura", a un precio de tres centavos por caja de bananas embarcada.
Los documentos indican que para 1998 la empresa había empezado a pagar a las AUC mediante las legales cooperativas Convivir que promovía el entonces gobernador del noroccidental departamento de Antioquia, el más tarde presidente Uribe.
Un memorando de 1997 también indica que las Convivir operaban "bajo supervisión militar", con "oficinas en las bases militares", y que "su única función" era "brindar información sobre movimientos de la guerrilla".
Otro memorando redactado en 2000 por Thomas describe una reunión de 1997 en la que Carlos Castaño sugirió por primera vez a los gerentes de Banadex que apoyaran un nuevo Convivir, llamado La Tagua del Darién.
Según el memorando, los funcionarios de Banadex dijeron no tener más opción que asistir a la reunión, porque "negarse hubiera significado enfrentarse a las fuerzas armadas de Colombia, a funcionarios de gobiernos estaduales y a las Autodefensas".
Los documentos difundidos esta semana son más de 5.500 páginas de memorandos internos de Chiquita obtenidos por el NSA a través del Departamento de Justicia, en el marco de la Ley de Libertad de Información.
También es probable que los usen los demandantes en un proceso de la justicia civil que se lleva a cabo en Washington contra Chiquita en nombre de decenas de colombianos asesinados por paramilitares de derecha, particularmente las AUC.
"Ellos refuerzan el argumento de que la empresa era cómplice y sabía, y por lo tanto era responsable de las atrocidades cometidas por las AUC en Urabá mientras figuraba en la nómina de pagos de Chiquita", dijo Arturo Carrillo, director de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad George Washington, que representa a los demandantes en uno de los casos.
