La discusión del proyecto de Ley de Víctimas y Restitución de Tierras avanza en el parlamento de Colombia con amplio registro mediático y entusiastas declaraciones gubernamentales, pero sin que sean atendidos los reclamos de las propias víctimas, los campesinos despojados.
Hasta ahora "no fuimos consultados sobre el texto del proyecto", se quejó ante IPS Orlando Burgos, presidente de la Mesa Nacional de Fortalecimiento de Organizaciones de Población Desplazada (MNFOPD).
La norma de reparación podría beneficiar a unas 400.000 familias campesinas desplazadas de sus hogares y de sus tierras de labranza, que involucran a alrededor de dos millones de personas. Es uno de los puntos centrales del programa de gobierno del derechista Juan Manuel Santos, que trata de poner en marcha su ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo.
La iniciativa implica entregar títulos de propiedad de las tierras que, en el marco del añejo conflicto armado interno, se apropiaron los paramilitares de ultraderecha, con apoyo de una cantidad de grandes ganaderos, terratenientes y gobernantes locales y parlamentarios involucrados en lo que se llamó la "parapolítica", muchos de ellos hoy encarcelados.
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Está práctica de despojo en el mundo rural cruza la historia contemporánea colombiana, aparece ligada a los distintos episodios de violencia política y se evidencia ya en la segunda década del siglo XX con la aparición de asociaciones campesinas.
Las primeras agrupaciones surgen tras la primera masacre perpetrada en 1928 contra trabajadores que exigían el cumplimiento de sus derechos a la firma transnacional de origen estadounidense United Fruit Company, en Ciénaga, municipio del caribeño departamento de Magdalena.
Colombia sufrió la peor etapa de la violencia bipartidista "entre 1948 y 1958", cuando murieron unos 200.000 de los 13 millones de colombianos de entonces, "especialmente en el campo, y fueron desplazados alrededor de dos millones de campesinos", escribió en marzo en su blog el senador Luis Carlos Avellaneda, del Polo Democrático Alternativo (PDA).
Con la Reforma Agraria aprobada en 1961, durante el gobierno del liberal Alberto Lleras Camargo (1958-1962), surgieron nuevas esperanzas para los campesinos, que en esa época representaban casi 70 por ciento del total de la población del país.
En 1967 nació la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, que "alcanzó a un millón de afiliados y ocupó unas 2.000 haciendas entre 1971 y 1975", según Avellaneda, miembro de la Comisión Primera encargada del análisis del proyecto de restitución.
Pero fue en esos años, con la Presidencia del conservador Misael Pastrana (1970-1974), que se produjo la contrarreforma, en 1973, la cual "propició involuciones normativas y planes de despojo, encarcelamiento y persecución al movimiento campesino", añadió el senador.
El conflicto armado, nacido en 1964 con la aparición de las guerrillas izquierdistas, adoptó nuevas aristas en la década del 80 con la fuerte intervención de narcotraficantes y paramilitares de derecha, afectando en especial a la población campesina y aumentando el desarraigo hacia las ciudades.
Según la no gubernamental Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), "por lo menos 5,2 millones de personas fueron desplazadas por razones de violencia en los últimos 25 años".
En los ocho años del gobierno de Álvaro Uribe, finalizado en agosto de 2010, el desplazamiento forzado afectó a más de 2,6 millones de personas, que equivalen a 51 por ciento de la cifra reconocida oficialmente para el periodo 1997-2010.
"Se las obligó a abandonar sus regiones porque no tuvieron seguridad para sus vidas, ni protección para sus tierras", anota el documento de Codhes emitido en febrero. Antecedentes que enfrentará la futura Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y motivo de insistencia por parte de los líderes campesinos.
Burgos informó que el senador Manuel Enríquez, del derechista Partido de la U, se sumó al apoyo que ya les brinda el izquierdista PDA. "Hemos logramos un diálogo con este parlamentario, pero seguimos preocupados", agregó.
La mayor inquietud de los manifestantes es que "los asesinatos contra líderes campesinos siguen", precisó, tras afirmar que desde la asunción de Santos, en agosto, fueron muertos 21 dirigentes y en el correr de todo el año pasado fueron 60.
A modo de ejemplo, Burgos destaca el video difundido el 10 de este mes por la señal local de televisión Noticias Uno, dando cuenta del asesinato de Álvaro Sánchez a mano de presuntos paramilitares derechistas desmovilizados a quienes les reclamaba haber tomado tierras de su propiedad de manera ilegal.
"Es inconcebible que tratemos de avanzar sin arreglar las causas de fondo del conflicto y en medio de tantos intereses económicos", apuntó.
Burgos anotó que "la votación del proyecto de ley, con 208 artículos, se haya realizado en bloques, lo cual es una clara evidencia de la poca atención que prestan los legisladores a una norma tan importante para el país".
Recordó que el artículo 61 del proyecto establece que se tendrán en cuenta las víctimas a partir de 1986, mientras el artículo 76 dice que tendrán derecho a restitución de tierras los desplazados desde enero de 1991.
"Entonces, ¿las tierras despojadas entre 1986 y 1991 quedarán legalizadas automáticamente?", cuestionó Burgos.
"Consideramos necesario que se reconozca a todos quienes hemos sido víctimas desde 1980, cuando se agudizó la nefasta tragedia del desplazamiento forzado", enfatizó.
"Pedimos que se corrijan mecanismos para evitar el sub-registro para la entrega de predios, que se regule la atención humanitaria, las disposiciones sobre cómo se hará el retorno, y pedimos que no se formen nuevas entidades gubernamentales burocráticas. Consideramos pertinente que las entidades existentes funcionen de manera eficiente".
La novedad favorable obtenida en los últimos debates fue la inclusión de apoyo a víctimas de bandas criminales, que, de acuerdo con especialistas, surgen como consecuencia de la desmovilización de paramilitares a partir de la Ley de Justicia y Paz del gobierno del derechista Uribe.
El proyecto de Ley de Víctimas y Restitución de Tierras avanza con dificultades en el parlamento. El texto original de la Cámara de Representantes pasó al Senado, que tras los cambios que estudia, deberá devolverlo a la primera instancia. Luego será promulgado por Santos y éste lo enviará a la Corte Constitucional, que tiene 60 días para su análisis definitivo.
Mientras el proyecto transite este arduo camino, que podría ocupar lo que resta del año, los líderes campesinos y organizaciones de víctimas insistirán en que su voz se escuche.
