A paso lento y sorteando enormes resistencias, los países latinoamericanos hacen esfuerzos en procura de erradicar la violencia, muchas veces brutal, que padecen niños, niñas y adolescentes en sus hogares, escuelas, lugares de trabajo o centros de internación.
Cinco años después de la publicación del Informe Mundial sobre la Violencia contra los Niños y Niñas encargado por la Organización de las Naciones Unidas, un nuevo estudio presentado este jueves en Paraguay y centrado ahora en América del Sur indica que los progresos en la materia "han sido lentos".
El abandono, la explotación y los castigos corporales son algunos de los males que siguen siendo una realidad cotidiana para demasiados menores en la región. En el nuevo documento se afirma que hay seis millones de niños y niñas que sufren ataques graves y que 80.000 mueren cada año por abusos de parte de sus progenitores.
En países de habla inglesa del Caribe, casi 43 por ciento de niñas menores de 12 años que tuvieron relaciones sexuales admitieron que la primera experiencia fue forzada.
"Los gobiernos han fallado en proteger a los niños contra toda forma de violencia y los pobres y excluidos son los más afectados", resume la investigación realizada en la región por expertos de la Universidad de Sao Paulo en base a los datos aportados por los diversos países.
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Sus autores también se manifiestan preocupación por la "tendencia creciente al acoso entre pares, agravado por el uso de Internet", y el "aumento del maltrato emocional" de padres y maestros, que es "poco visible pero muy dañino porque atenta contra la autoestima" de los menores.
El Mapeo sobre la Implementación de las Recomendaciones del Estudio Mundial sobre la Violencia contra los Niños y Niñas fue presentado en una reunión internacional de dos días que comenzó este jueves en Asunción.
La cita fue organizada por la paraguaya Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia y por el Movimiento Mundial por la Infancia, conformado por entidades que trabajan en el área como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Asociación Cristiana de Jóvenes, Aldeas Infantiles SOS y la Red Andi, entre otros.
Para los autores del Mapeo, "la verdadera magnitud de esta situación aún sigue encubierta" y dieron cuenta de una "alta tolerancia social" hacia la violencia que afecta a la niñez.
El Primer Encuentro Sudamericano de Seguimiento de las Recomendaciones del Estudio Mundial sobre Violencia contra los Niños y Niñas convoca a delegados de gobiernos y de la sociedad civil, a unos 60 adolescentes y a expertos.
"Nunca se creyó que el estudio sería una varita mágica que iba a cambiar la situación", señaló a IPS el relator sobre los Derechos de la Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el brasileño Paulo Pinheiro.
Este especialista, autor del informe mundial de 2006, remarcó que al menos sirvió "para aumentar la conciencia global sobre la violencia". Sostuvo que la región avanza en la integración de políticas hacia la infancia, pero lamento "el enorme retraso en la sanción de leyes contra la violencia".
"No hay más excusas, América Latina no puede decepcionar a los niños, niñas y adolescentes", exhortó. Aludió así a las recomendaciones del Informe sobre la necesidad de sancionar leyes que prohíban el castigo físico y el trato humillante a los menores, que hasta ahora han cumplido 26 países en el mundo, entre ellos sólo Costa Rica, Venezuela y Uruguay en América Latina.
"Los gobiernos se resisten a reconocer a los niños como sujetos de derechos", desafió el experto brasileño. "Pero los países que sufrieron dictaduras deben poner fin a la dictadura que sigue ocurriendo dentro de las familias contra los niños", alertó luego, ante delegados en la reunión.
La representante brasileña Carmen Silveira de Oliveira comento a IPS que en su país el proyecto de ley que prohíbe el castigo físico se presentó por primera vez en 2003, pero enfrento una fuerte resistencia de legisladores de culto evangélico y de otros sectores derechistas.
Ahora, un nuevo proyecto con más apoyos va camino a ser aprobado. Silveira de Oliveira aclaró que la iniciativa no está focalizada en la criminalización del agresor sino en el proceso educativo que brinde a padres y maestros el acompañamiento necesario para un cambio cultural.
Por su parte, la ministra de Niñez y Adolescencia de Paraguay, Liz Torres, admitió que, si bien hay un equipo elaborando un proyecto de ley, "el tema será difícil" de alcanzarlo en la legislatura actual. "En nuestro país existe una mirada positiva sobre el castigo físico entendido como medida pedagógica", reconoció.
Adolescentes de organizaciones de base advirtieron que esa práctica esta naturalizada en muchos lugares de la región. La salvadoreña Andrea Alfaro aseguró que "existe todo tipo de violencia contra nosotros en barrios, en la escuela, en las familias, pero no se denuncia porque hay miedo".
En el encuentro también se alertó sobre el riesgo de avanzar en políticas de seguridad que se sustentan en la llamada "mano dura" y que tienden a rebajar la edad de responsabilidad penal de menores en conflicto con la ley, sin priorizar su educación y la prevención de la violencia contra ellos.
La portuguesa Marta Santos Pais, representante del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Violencia contra los Niños, señaló en la apertura de la reunión que, si bien América del Sur hizo avances en estos temas y hay buenas prácticas a emular, "se deben acelerar los esfuerzos".
"Hay una profunda brecha entre el compromiso de las autoridades y las acciones concretas y los niños están esperando, no podemos demorarnos muchos años", arengó.
Santos Pais remarcó que "ningún tipo de violencia puede ser justificada y todo tipo de violencia puede ser prevenida", tras lo cual pidió a los delegados gubernamentales elaborar una hoja de ruta que les permita avanzar en el marco de las normas internacionales sobre derechos de la infancia.
La enviada de la ONU ya había marcado tres recomendaciones prioritarias para la región sobre un total de 12 establecidas en el Informe Mundial. Estas son la coordinación a nivel nacional de políticas públicas sobre niñez, leyes que aseguren su protección y mejores datos estadísticos.
