La campaña de cara a las elecciones generales de noviembre en Nicaragua transita de hecho ya por un agitado ambiente político. Las cinco fórmulas presidenciales definidas muestran rostros y trayectorias destacadas en los años de la guerra civil y en la etapa posterior a la dictadura somocista.
En medio de un clima de desconfianza política entre el gobierno y la oposición, el Poder Electoral convocó a inscripción de postulantes para las elecciones generales del 6 de noviembre. En esa cita, además de la fórmula oficialista, tomarán parte cuatro formaciones opositoras.
El presidente Daniel Ortega, del ex guerrillero izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), tiene a su favor para buscar la reelección una situación socioeconómica estable y un producto bruto en crecimiento, que en 2010 alcanzó el récord histórico de 4,5, uno de los más altos de América Central y en camino de repetir su desempeño este año, según proyecciones del Banco Mundial.
La inflación anual en 2010 fue de 9,23 por ciento y se calcula que este año rondará igual cifra, mientras que el desempleo bajó de 7,4 por ciento de la población económicamente activa en 2005 a 5,9 en octubre pasado, según datos oficiales, que la oposición cuestiona.
A pesar de que Nicaragua todavía es uno de los países de América Latina con mayor pobreza, ésta pasó de afectar a 48,3 por ciento en 2005 a 42,5 por ciento de los 5,8 millones de habitantes en 2009 y sigue bajando, mientras que la indigencia pasó de 17,2 por ciento a 9,7 por ciento en igual lapso, según datos oficiales. "Es una reducción importante", pero aún modesta, a juicio del mismo Ortega.
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Alrededor de 3,4 millones de personas, de las cuales 2,5 millones tienes entre 16 y 35 años de edad, están habilitadas para concurrir a las urnas para elegir presidente, vicepresidente, 90 diputados para la unicameral Asamblea Nacional legislativa y 20 para el Parlamento Centroamericano, según datos del Consejo Supremo Electoral.
Ortega se inscribió la última semana en el Tribunal Electoral, acompañado por su antiguo compañero en la guerrilla y luego jefe del ejército entre 2005 y 2010, Moisés Omar Halleslevens, de 63 años. El mandatario lidera la intención de votos al ser apoyado por 36 por ciento de los consultados en la última encuesta de intención de votos realizada en enero por la firma Cid-Gallup.
Halleslevens fue miembro del comando insurgente que en 1974 liberó a varios presos políticos, entre ellos el propio Ortega, cuando el FSLN ya inclinaba la balanza a su favor en la revolución armada para derrocar a Anastasio Somoza Debayle, heredero de una familia de dictadores que sembraron el país de presos políticos, torturas, desapariciones forzadas y fusilamientos sumarios por más de cuatro décadas.
La fuga de Somoza Debayle dio paso al ingreso el 19 de julio de 1979 de las fuerzas guerrilleras en Managua y la instalación de una junta provisional de gobierno, que integró el propio Ortega con otros líderes políticos y sociales y que finalmente convocaron a las primeras elecciones democráticas del país en 1984.
El intento de reelección de Ortega es calificado de "ilegítimo" por la oposición derechista y disidentes izquierdistas, grupos religiosos, militares retirados, empresarios y otros sectores de la sociedad civil. Este ex jefe guerrillero, de 64 años, volvió a la Presidencia en 2007 tras haber ejercido ese cargo de 1985 a 1990.
La Constitución prohíbe en su artículo 147 la reelección consecutiva para cargos ejecutivos, pero en octubre de 2009 un dictamen de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo declaró inaplicable ante el recurso presentado por el gobernante FSLN.
La CSJ argumenta que la prohibición viola el derecho de Ortega a reelegirse en cargos públicos. La sentencia, puesta en vigencia por el Consejo Supremo Electoral (CSE), habilita al mandatario y a los alcaldes del FSLN electos en los comicios municipales de 2008, cuyo proceso fue denunciado de "fraudulento" por la oposición.
La principal fuerza de oposición es el derechista Partido Liberal Constitucionalista, que inscribió como aspirantes al ex presidente Arnoldo Alemán (1997-2001), de 65 años, y como su segundo a Francisco Aguirre Sacasa, de 67 años, ex canciller y ex embajador en Estados Unidos. Esta fórmula aparece segunda en la encuesta de Cid-Gallup con 23 por ciento de los entrevistados.
Al frente de una alianza encabezada por el derechista Partido Liberal Independiente estará el empresario radial Fabio Gadea Mantilla, de 79 años, quien será acompañado por el disidente sandinista Edmundo Jarquín, de 64 años, ex candidato presidencial en 2006 por el Movimiento Renovador Sandinista, una escisión del FSLN formada en 1995.
La alianza Gadea-Jarquín, que recoge 17 por ciento de las preferencias, cuenta con el apoyo del ex candidato presidencial y diputado liberal disidente Eduardo Montealegre y otros pequeños partidos que integran la Unidad Nicaragüense por la Esperanza (UNE).
También aspiran al gobierno el diputado liberal disidente Enrique Quiñónez Tuckler, de 53 años, junto a Diana Urbina, abogada y diputada liberal del Parlamento Centroamericano, en representación de la Alianza Liberal Nicaragüense.
Quiñónez, un antiguo aliado de Alemán, integró la ultraderechista organización armada Contra (contrarrevolución sandinista), una fuerza financiada en los años 80 por Estados Unidos para expulsar del gobierno a las autoridades surgidas de la revolución.
En quinto lugar en las encuestas se encuentra la dupla formada por Miguel Ángel García, un dirigente de 66 años que fue ministro de Educación del presidente Enrique Bolaños (2002-2007), y Elizabeth Dávila, a la cabeza de pequeños partidos reunidos en la Alianza por la República (APRE).
Tanto el CSE como la Corte de Justicia y la Fiscalía aseguraron que no darán curso a las peticiones de la oposición contra la candidatura de Ortega.
Al respecto, el presidente del CSE, Roberto Rivas, dijo que atenderán las objeciones, pero el mes pasado, cuando convocó a las inscripciones, dijo que la sentencia que habilita a Ortega y otros miembros de sus partidos estaba "escrita en piedra".
De igual modo se refirió la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, quien dijo que "la sentencia dictada en 2009 es firme y de ineludible cumplimiento".
La situación política, a criterio del presidente del Grupo Cívico Ética y Transparencia, Roberto Courtney, es que los Poderes del Estado no resolverán contra Ortega y este "se saldrá con las suyas" en los comicios, "pese a la ilegitimidad de su candidatura".
Para el jurista y analista político Alejandro Serrano Caldera, la sola presencia de Ortega en el proceso, deslegitima y "empaña" todo un proceso electoral "desde antes de contar un solo voto".