El conflicto de más de 50 años entre Cuba y Estados Unidos y, especialmente, el sostenido apoyo de Washington a la oposición política en este país caribeño marcarán este viernes 4 de marzo el inicio del juicio contra el ciudadano estadounidense Alan Gross.
Detenido el 3 de diciembre de 2009 cuando intentaba regresar a su país tras un quinto viaje a Cuba en nueve meses, Gross está acusado de cometer actos contra la independencia o la integridad territorial del Estado, delito que según el Código Penal se castiga con hasta 20 años de prisión.
El estadounidense, de 61 años, trabaja para la empresa Development Alternatives (DAI), con sede en Bethesda, al norte del distrito de Washington, que se dedica a labores de desarrollo en otros países. En el momento de su detención se encontraba subcontratado por la estatal Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (Usaid).
Sin descartar una presunta implicación en actos de espionaje, fuentes cubanas han asegurado durante meses que el acusado introdujo de forma ilegal, equipos de comunicación satelital para su distribución entre sectores de la oposición política interna, como parte de un programa financiado por la Usaid.
"Violó leyes cubanas, violó la soberanía nacional y cometió delitos que son punibles y que en Estados Unidos son muy castigados", aseguró el 10 de diciembre Ricardo Alarcón, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento unicameral).
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Sin embargo, funcionarios del gobierno de Barack Obama y el defensor de Gross insisten en la versión de que el estadounidense se encontraba en este país isleño para ayudar a la pequeña comunidad judía cubana a conectarse a Internet, un derecho que asiste a cualquier persona en cualquier lugar del mundo.
"Hemos dejado claro ante el gobierno cubano que la detención de Alan Gross es un impedimento importante para el avance del diálogo entre nuestros dos países", afirmó el 3 de diciembre el portavoz del Departamento de Estado (cancillería), Phillip J. Crowley.
Un posible canje de Gross por alguno de los cinco agentes cubanos presos en Estados Unidos por cargos de espionaje, y considerados luchadores contra el terrorismo por La Habana, también pareció ser descartada por ambas partes a mediados del año pasado.
Mientras, líderes de la comunidad judía y del Consejo de Iglesias de Cuba negaron tener contacto con el contratista estadounidense.
"Gross no fue detenido por ser judío", dijo el cubano Arturo López-Levy, profesor de la estadounidense Universidad de Denver. A Cuba viajan de forma sistemática delegaciones judías estadounidenses, y muchas de ellas "han donado computadoras y celulares a judíos cubanos", apuntó.
"Sin embargo, ninguno de esos grupos forma parte de una estrategia proclamada para imponer a Cuba un cambio de régimen, a través de leyes aprobadas por el Congreso de Estados Unidos", agregó y pidió que se revisen los programas de ayuda a una transición política en Cuba, heredados del período del ex presidente George W. Bush (2001-2009).
La Ley para la Democracia en Cuba, aprobada por el Congreso legislativo de Estados Unidos en 1992, autorizó la asistencia financiera a individuos y organizaciones que se dediquen a promover "un cambio democrático no violento" en este país de régimen socialista.
Según el abogado cubano-estadounidense José Pertierra, desde la llegada de Bush a la Presidencia, "el presupuesto para crear en Cuba una oposición social, aliada a los intereses de Miami (ciudad donde se concentra el exilio cubano) y de la Casa Blanca, subió astronómicamente: de 3,5 millones de dólares en el 2000 a 45 millones en el 2008".
Observadores locales estiman que la clave ahora podría ser el interés de Cuba en demostrar los vínculos de la disidencia interna con Washington y cuya existencia es atribuida oficialmente sólo al apoyo financiero y logístico que los opositores reciben de Estados Unidos.
En este mismo camino podría interpretarse la revelación, el sábado 26, de la historia de dos agentes cubanos de la seguridad del Estado que durante años convivieron con grupos opositores como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional y las Damas de Blanco.
Moisés Rodríguez y Carlos Manuel Serpa aparecieron en un filme documental transmitido por la televisión nacional que va más allá de sus historias personales para ahondar en los vínculos permanentes de la oposición con la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana y en cómo llegan y se reparten los fondos estadounidenses, entre otras ayudas materiales.
A juicio de los agentes cubanos, conseguir dinero y obtener el aval para una visa de refugiado político son, los motivos más importantes que llevan a los disidentes a involucrarse en acciones que para el gobierno de Cuba son actividades mercenarias.
Además de las subvenciones directas, el gobierno incluye en las opciones de financiamiento los premios internacionales que han recibido grupos disidentes como las Damas de Blanco, mujeres que desde 2003 se unieron para pedir la libertad de sus esposos presos, o Yoani Sánchez, autora del galardonado blog Generación Y.
