Los gobiernos de Cuba y Estados Unidos atravesaron una nueva instancia de crispaciones en su conflicto político de más de 50 años, con el fin del juicio en esta capital del contratista estadounidense Alan Gross, acusado por La Habana de atentar «contra la independencia o integridad territorial del Estado».
Tras dos jornadas de audiencias el viernes 4 y el sábado 5, el tribunal declaró concluido el juicio. La sentencia se dará a conocer en los próximos días, informó un comunicado oficial difundido en la televisión estatal cubana. El Código Penal prevé una pena de hasta 20 años de prisión.
La fiscalía "aportó pruebas sobre la participación directa del acusado en la introducción y desarrollo en el país de un proyecto subversivo para intentar derrocar la revolución", afirmó el comunicado dado a conocer la noche del sábado, poco después del cierre de la vista oral.
Gross, de 61 años, fue detenido el 3 de diciembre de 2009 cuando intentaba regresar de Cuba a su país por avión. Trabaja para la empresa estadounidense Development Alternatives (DAI), con sede en Bethesda, al norte del distrito de Washington, que se dedica a ejecutar proyectos de desarrollo en otros países.
En el momento de su arresto efectuaba un subcontrato para la estatal Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (Usaid). Meses antes del proceso, fuentes cubanas insistieron en que Gross suministró equipos de comunicación satelital a varios grupos de la disidencia interna, como parte de un proyecto de la Usaid.
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Precisamente en los vínculos entre el gobierno estadounidense y grupos opositores al régimen cubano radica uno de los puntos más calientes del conflicto histórico entre La Habana y Washington. Cuando Barack Obama fue investido presidente de Estados Unidos, en enero de 2009, pareció que sería posible un acercamiento.
Sin embargo, la persistencia de programas estadounidenses de ayuda a una transición política en esta isla de gobierno socialista, heredados del mandato de George W. Bush (2001-2009), interrumpió las tímidas aproximaciones entre La Habana y Washington.
El comunicado televisado sobre Gross manifestó que éste "pretendía emplear sofisticadas tecnologías para crear redes clandestinas de info-comunicaciones fuera del control de las autoridades cubanas para alimentar provocaciones contrarrevolucionarias".
Así, continúa el texto, el programa de la Usaid "tenía como blancos esenciales el sector juvenil, centros universitarios culturales, religiosos, grupos femeninos y raciales".
El acceso a Internet está limitado en Cuba a centros laborales y de estudio. En 2008, sólo 13 usuarios por cada 100 habitantes navegaban en la red mundial de computadoras, según el último informe nacional a las Naciones Unidas sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Pocas personas cuentan con este servicio en su casa.
Según la nota oficial, Gross reconoció que fue utilizado y engañado por la DAI, empresa contratista de la Usaid, y "acusó a la DAI de haberlo puesto en peligro y conducirlo a su situación actual; de arruinar la vida y la economía de su familia".
Sin acceso de la prensa extranjera acreditada en La Habana ni seguimiento de los medios de comunicación nacionales, el tribunal que procesó a Gross sesionó en la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de La Habana, en el barrio residencial de Santos Suárez.
En la zona, algunos residentes se preguntaban por el motivo del despliegue de periodistas, fotógrafos y cámaras de televisión en torno del edificio.
El jubilado y vendedor de periódicos Idalberto Martínez comentó a IPS que el hecho fue el centro de atención de la gente del barrio. Él alberga la esperanza de "canjear" a Gross por cinco agentes cubanos que cumplen severas penas en distintas cárceles de Estados Unidos, acusados de espionaje.
Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González, fueron detenidos en 1998 y condenados en 2001, en un proceso que el gobierno cubano califica de "ilegal y arbitrario". En Cuba se los conoce como "los cinco" y se los considera héroes.
Pero esta posibilidad de intercambio —valorada por la opinión pública internacional y cubana durante la etapa investigativa del proceso a Gross, que se extendió por 15 meses— pareció descartada por ambas partes a mediados de 2010.
Al juicio pudo asistir la esposa del contratista, Judy Gross, que no ofreció declaraciones a la prensa, su abogado, Peter Kahn, y funcionarios consulares de la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana, constató IPS.
"El asunto está en manos del panel (de jueces). La familia sigue confiando en que Alan regresará pronto a casa", dijo Kahn, en un breve comunicado. La defensa y fuentes diplomáticas estadounidenses confían en que Gross sea liberado por "razones humanitarias", un gesto que aflojaría las tensiones entre los dos países.
Según el comunicado oficial cubano, en el proceso declararon 10 testigos, nueve peritos presentaron 26 reportes, el instructor expuso también su informe y la fiscalía mostró numerosas pruebas materiales y documentales.
