El alto representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Asuntos de Desarme, Sergio Duarte, asguró en la capital peruana que los jefes de Estado que promueven la reducción del gasto militar deben demostrarlo en los hechos.
Durante la gestión de García, cuyo mandato comenzó en 2006 y culmina en julio, las Fuerzas Armadas gastaron 807 millones de dólares en armas y equipamiento, lo que arroja un promedio de 161,4 millones al año y 13,4 millones al mes.
Desde el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000), no se había invertido tanto en modernización y reposición de equipamiento de guerra, según diferentes fuentes.
Duarte visitó Lima para participar como expositor principal en el Seminario Paz, Seguridad y Desarrollo en América Latina, entre el 28 de febrero y el 1 de marzo.
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El encuentro de expertos fue organizado por la cancillería local, dentro de la Iniciativa por la Paz y el Desarme en América Latina, lanzada por el presidente García en 2009.
El 15 de febrero el secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, manifestó públicamente su respaldo a la iniciativa de disminuir el gasto en armas en beneficio del desarrollo social y económico, tras un encuentro con el mandatario peruano durante una visita a Lima.
"Por supuesto que la ONU apoya la propuesta, porque es mejor gastar en salud o educación. Eso depende, sin embargo, de cada una de las naciones", expresó Duarte. El alto funcionario parecía desconocer el sustantivo incremento del gasto en armamento durante el gobierno de García.
Según fuentes del Ministerio de Defensa los mayores desembolsos se realizaron para la inspección mayor de 12 aviones franceses Mirage 2000, por 120 millones de dólares, la modernización de ocho cazas rusos MiG-29, por 108 millones y la adquisición de seis helicópteros rusos Mi-17 y dos helicópteros Mi-35P, por 107,8 millones.
A ello se suman, entre los principales gastos, las compras de cohetes antitanque israelíes Spike, por 87,7 millones de dólares, misiles franceses antibuque Exocet, por 70 millones, y 12 aviones canadienses de transporte DH-6-400 Twin Otter, por 67 millones.
La transparencia sigue siendo un grave problema para el control armamentista en el mundo, reconoció Duarte.
En 2010, la Oficina de la ONU para Asuntos de Desarme (Unoda, por sus siglas en inglés) recibió información de solo ocho países, entre los que exportaron o importaron material bélico, de los que depende para elaborar su reporte anual "Transparencia de Armamentos". En 2001 fueron 23 naciones las que enviaron sus datos.
En los tres primeros años del gobierno de García, Perú no envió información a Unoda, que encabeza Duarte, al contrario de sus vecinos Chile y Ecuador.
Los países no tienen el mandato imperativo de informar sobre sus compras o ventas militares, según detalló el alto funcionario. Pero consideró que "sería ideal que todos los países informen sobre sus gastos militares con mayor frecuencia y detalles", porque ello "fomentaría la confianza".
"Conforme las naciones promuevan acercamientos y acuerden políticas la compra de armas será más transparente" el opaco mundo del comercio de armamentos, afirmó.
Según el informe 2010 del no gubernamental Instituto Internacional de Estocolmo de Estudios para la Paz (Sipri, por sus siglas en inglés), Brasil, Chile, Venezuela y Perú son los países de la región que más han incrementado el gasto en armamento.
Duarte puntualizó que las cifras de Sipri no evidencian que en América Latina exista una "carrera armamentista". "Lo que más bien se observa es una tendencia a la modernización del equipamiento existente", dijo.
Pero justamente, esa modernización estimula medidas de compras de armas en los países vecinos, sobre todo cuando existen diferendos limítrofes o resquemores militares históricos entre ellos.
Fue el caso de Perú respecto a Chile. Un ejemplo, la adquisición de 132 tanques alemanes Leopard 2 por 124 millones de dólares por parte de Santiago impulsó la compra del ejército peruano de cohetes antitanque israelíes y rusos por 113,7 millones.
También la renovación de la flota de combate de la Fuerza Aérea chilena, con la repotenciación de 36 cazas F-16 y la adquisición de otras 10 unidades, decidió a su par peruana a modernizar sus flota de 12 Mirage 2000 y 19 MiG-29, mientras se apresta a hacerlo con 18 cazabombarderos rusos Sukhoi-25.
"Conforme los países desarrollen nuevas formas de entendimiento, la carrera armamentista siempre será una posibilidad lejana", dijo el jefe de la Unoda.
Para Duarte, "la reducción de las compras militares depende mucho de los propios países. La transparencia en la inversión en armamento es un paso muy importante de confianza mutua".
A Estados Unidos le preocupa la tendencia peruana a responder a las adquisiciones militares de Chile con el incremento de su presupuesto en equipamiento militar, según quedó patente en los cables de su embajada en Lima filtrados por Wikileaks.
Según esas filtraciones, el 25 de noviembre de 2009 el embajador estadounidense Michael McKinley envió un memorando confidencial al jefe del Comando Sur, el general Douglas Fraser, en que le recomendó incrementar los esfuerzos para que Perú "reoriente su política de seguridad".
En el documento, se aseguró que esa política "está focalizada en considerar como amenaza a sus vecinos (principalmente Chile), y rediseñar su capacidad operativa para hacer frente a las amenazas internas".
Otro cable del diplomático, del 15 de diciembre de 2009, fue aún más directo, al manifestar su asombro por el anuncio de García de comprar tanques chinos MBT-2000 para sustituir los viejos carros de combate T-55, adquiridos a la extinta Unión Soviética en los años 60 y 70, al mismo tiempo que pedía a la región reducir el gasto militar.
"Las compras militares son sorprendentes, a la luz de la Iniciativa por la Paz y el Desarme que promueve el presidente Alan García en la región", escribió McKinley.
Ese mismo año, García aseguró que la ahora indefinidamente suspendida compra de tanques a China "es un hecho", cinco semanas después que el gobierno peruano acusase al efectivo de la Fuerza Aérea Víctor Ariza, de espiar para Chile desde 2004.
Los críticos del excesivo gasto en armamento del actual gobierno subrayan que en su quinquenio en el poder, García invirtió 807,4 millones de dólares en el rearme del país, lo que equivale al costo por seis años del Programa de Vaso de Leche, destinado a asegurar la nutrición de 2,7 millones de niños y adultos en extrema pobreza.
