El primer aniversario de la muerte del opositor cubano Orlando Zapata, tras una huelga de hambre de 85 días, transcurrió envuelto en las ya usuales tensiones entre sectores de la disidencia interna, seguidores del gobierno de Raúl Castro y las autoridades del país.
"Fue un día tenso que no augura una buena relación entre (este sector de la) sociedad civil y gobierno cubano", aseguró a IPS Manuel Cuesta, uno de los opositores que fue detenido temporalmente el miércoles 23 cuando pretendía participar en un acto de homenaje a Zapata.
Este albañil afrocubano de 42 años falleció tras casi tres meses de huelga en la cárcel donde cumplía desde 2003 una condena inicial de tres años por desacato, desorden público y desobediencia. Pero sus desafíos a las autoridades de prisión y sus protestas por las condiciones de detención le sumaron largas condenas.
A juicio de Cuesta, portavoz del opositor Partido Arco Progresista, deben sumar más de cien las personas conducidas a estaciones de policía o retenidas dentro de sus casas y algunas de ellas permanecían arrestadas este jueves. El día "terminó mal", pero mostró una "unidad sin precedentes" entre los grupos de la oposición, opinó.
En el caso específico de los arrestos podrían rondar la cifra de 50, según Elizardo Sánchez, presidente de la opositora Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN).
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Unas 200 personas se reunieron frente a una casa del municipio de Centro Habana, en la capital de Cuba, para impedir con su presencia masiva y consignas progubernamentales cualquier intento de homenaje público por parte del colectivo llamado Damas de Blanco.
Las mujeres, familiares del grupo de 75 opositores sentenciados en 2003 a altas penas de prisión, acusados de conspiración con Estados Unidos, y ya en su mayoría liberados, se reunieron durante horas en una "vigilia de oración" en un acto de recuerdo a Zapata.
Pero no lograron realizar una marcha que habían proyectado por las calles habaneras.
"Dentro de su casa que hagan lo que quieran, pero la calle aquí es de los revolucionarios", dijo a IPS Carlos Valdés, un hombre de 54 años, que reconoció haber participado en manifestaciones anteriores de este tipo, algunas de ellas marcadas por momentos violentos.
Para el gobierno de la isla y sus seguidores, los grupos que integran la llamada disidencia política interna están formados por "mercenarios a sueldo" de la política hostil de Estados Unidos contra Cuba y solo existen por el apoyo logístico y financiero que reciben desde Washington.
Entre los detenidos de forma temporal, estuvo el disidente Guillermo Fariñas, un psicólogo y periodista de 49 años que protagonizó desde el día siguiente de la muerte de Zapata una huelga de hambre de 135 días.
La protesta culminó el 8 de julio con el anuncio de la liberación de un grupo de presos políticos, como resultado de la apertura de un diálogo al más alto nivel entre la Iglesia Católica y el gobierno cubano.
En declaraciones vía telefónica, la madre de Fariñas, Alicia Hernández, confirmó a la prensa que su hijo había sido detenido la tarde del miércoles 23 tras gritar consignas antigubernamentales desde la azotea de su casa, en un barrio periférico de la ciudad l cubana de Santa Clara, a 276 kilómetros al este de La Habana.
Fariñas, quien recibió en 2010 el premio Sájarov a la libertad de Conciencia que concede anualmente el Parlamento Europeo, fue conducido a una estación policial tras varias horas de arresto domiciliario, según Hernández.
Sin embargo, la madre de Zapata, Reina Luisa Tamayo, confirmó a la prensa que había marchado junto a sus familiares hasta la tumba de su hijo en el cementerio de Banes, 820 kilómetros al este de la capital cubana. Durante el tributo familiar, los asistentes colocaron flores y cantaron el himno nacional.
Las acciones por el aniversario de la muerte de Zapata sucedieron al anuncio por la Iglesia Católica de la liberación de otros siete prisioneros. Con las nuevas liberaciones, suman 71 los excarcelados, de los cuáles seis se encuentran en la isla tras rechazar la opción de trasladarse a España.
Del grupo original de 75 presos políticos, detenidos en la primavera de 2003 en un momento de fuertes tensiones entre Cuba y Estados Unidos, quedaban 52 a mediados de 2010, cuando el cardenal cubano Jaime Ortega anunció el proceso de liberación gradual de presos políticos acordado con el presidente Raúl Castro.
"Quedan de este grupo seis en prisión, de los cuales algunos desean viajar a los Estados Unidos y otros permanecer en Cuba", dijo Ortega el lunes 21 en la inauguración del X Seminario Internacional del Programa de Diálogo con Cuba, organizado por la Arquidiócesis de La Habana y la Universidad Católica de Eichstatt, Alemania.
El también arzobispo de La Habana reiteró que "existe la promesa clara y formal del gobierno cubano de que todos esos presos serán puestos en libertad".
En tanto, un comunicado del portavoz del Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos, Philip J. Crowley, criticó el miércoles 23 el acoso a los activistas por los derechos humanos en la isla e instó al gobierno de Castro a liberar a todos los presos políticos existentes en el país.
Un informe de la CCDHRN, que actúa sin reconocimiento legal, aseguró que hasta el 26 de enero se había podido "documentar" la existencia de 105 personas sancionadas o bajo proceso judicial por motivaciones políticas. En 2010 informes de la comisión situaron en 201 los casos similares en enero y 167 en junio.