Perú comenzará a entregar reparaciones económicas individuales para las víctimas de la violencia política (1980-2000), con prioridad a los ancianos que viven en los pueblos más remotos. El gobierno ya tiene en sus manos cuatro propuestas presupuestarias para abrir el proceso.
El funcionario explicó que el 26 de enero la Comisión Técnica de la CMAN, que el mismo preside, concluyó el informe para determinar el monto de las indemnizaciones para las víctimas y su forma de entrega. El documento, detalló, fue dado al primer ministro, José Antonio Chang, el lunes 31.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación, que entre 2001 y 2003 investigó los crímenes de la violencia, determinó que el conflicto armado entre las fuerzas del Estado y el grupo maoísta Sendero Luminoso dejo como saldo 69.000 víctimas fatales. Pero el Consejo de Reparaciones calculó después que la cifra sería de 49.976, entre muertos y desaparecidos.
"La Comisión Técnica formuló cuatro hipótesis de costo fiscal tomando en cuenta las proyecciones finales del Registro Único de Víctimas. Los montos tienen que ser realistas pues no le estamos poniendo precio a una vida ni queremos que los afectados vendan a sus muertos", subrayó Aliaga.
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"Deseamos hacer viable y sostenible el pago de una deuda olvidada", agregó.
El informe técnico se publicará cuando Chang, quien preside el Consejo de Ministros, y los titulares que integran la CMAN tomen una decisión.
Pero Aliaga adelantó a IPS que se tomó como referencia el equivalente a 1.350 dólares para la reparación económica a los servidores públicos víctimas del conflicto y el equivalente a 13.928 dólares en el caso de los "ronderos", los campesinos integrantes de los comités de autodefensa.
El funcionario señaló que las propuestas presentadas al primer ministro distan de "la opción maximalista" de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, integrada por unas 60 organizaciones no gubernamentales y que plantea reparaciones con base en el salario mínimo vital durante los 20 años del conflicto.
"La reparación económica tiene un componente simbólico, el monto que se propuso es referencial", señaló a IPS Gino Huerta, del no gubernamental Instituto de Defensa Legal, quien integra la CMAN como representante de la Coordinadora.
El secretario ejecutivo de la CMAN explicó que se tomará en cuenta el ingreso por persona mensual de las zonas afectadas, muy inferior al ingreso mínimo vital, y la duración promedio de los efectos del daño, que en algunos casos oscila entre 5 y 20 años.
Para este año, el gobierno ha previsto como primer paso la entrega de unos 7,2 millones de dólares en reparaciones individuales y la misma cantidad para continuar con las reparaciones colectivas.
En cuatro años el gobierno ha indemnizado a cerca de 1.200 comunidades de las 5.660 inscritas como víctimas.
"Debe buscarse una reparación lo más homogénea posible porque a diferencia de Argentina o Chile, en Perú hay un mayor número de afectados con una situación previa de exclusión. La situación fue masiva con víctimas de diversos orígenes", manifestó Huerta.
Su organización y el Centro de Justicia Transicional entregaron a la Comisión Técnica el documento "¿Cómo cuantificar el dolor?", que reúne propuestas para concretar las indemnizaciones y expone las experiencias de otros países de América Latina.
Huerta insistió en que las organizaciones de derechos humanos plantean que no se condicione a las víctimas sobre el uso que quieran darle al dinero de las reparaciones y que los primeros beneficiados sean los ancianos.
Aliaga, por su parte, adelantó que la Comisión Técnica también plantea que se entregue un monto homogéneo y que no se diferencie la reparación según el tipo de violación, para así "evitar resentimientos".
También confirmó que los primeros en recibir las indemnizaciones serán los adultos mayores de las zonas rurales y que como parte del informe técnico se ha determinado que de cada cuatro víctimas, tres son campesinos pobres de las regiones andinas y quechuahablantes.
El 26 de enero el Consejo de Reparaciones entregó a la CMAN una relación de 23.006 personas que fueron víctimas directas del conflicto y que considera que tienen derecho a ser incluidos en el Programa de Reparaciones Económicas establecido dentro de la ley sobre el tema, conocida como 28592.
Entre ellos, figuran 16.157 personas fallecidas, 5.169 desaparecidas, 1.256 víctimas de violación sexual y 424 que resultaron con alguna discapacidad.
El secretario técnico del Consejo, Jairo Rivas, explicó a IPS que en el caso de las víctimas mortales, los beneficiarios serán sus familiares directos.
Además, se entregó una lista de 48.059 familiares inscritos en el Registro Único de Víctimas para que también sean beneficiados.
Aliaga planteó durante la entrevista su preocupación por "la fragilidad de la información" del Registro y porque el avance sólo es de 50 por ciento. Además, de las 22.000 personas que en promedio recibirían reparaciones, hay "seis mil víctimas fatales registradas sin ningún beneficiario identificado", reveló.
"Esto nos preocupa porque al final sólo tendríamos que reparar a 16.000 de los casi 50.000 (afectados) que proyecta el Consejo", agregó.
Determinar quien recibe o no dinero es más complicado de lo que parece. Aún se tiene que establecer quiénes son considerados discapacitados por el conflicto y modificar la norma para que las mujeres que sufrieron violencia sexual sean indemnizadas.
Además, debe fijarse el modo de repartición cuando la víctima tiene varios familiares y prever qué sucede si aparecen nuevos miembros.
Aliaga hizo hincapié que el Registro Único debió estar terminado hace dos años y que esto ha generado retrasos. Pero Rivas manifestó que eso solo "es un pretexto" y que no se necesita tenerlo terminado para empezar a reparar.
El secretario técnico del Consejo de Reparaciones recordó que las demoras se dieron porque no se aprobaron a tiempo las normas para el registro y no se dieron suficientes recursos económicos.
Como ejemplo, Rivas citó que en diciembre de 2008 el equipo encargado de calificar los expedientes de las víctimas que solicitaban ingresar al registro, tuvo que ser desactivado por falta de presupuesto.
En enero siguiente volvió a contar con los recursos pero el grupo solo pudo reactivarse en julio de 2009 porque el entonces primer ministro, Javier Velásquez, no lo autorizó hasta entonces.
Rivas aseguró que el registro concluirá este año y que de 73.000 expedientes, ya fueron revisados 50.000, en su mayoría de las regiones más afectadas, como Ayacucho, Junín, Huancavelica y Apurímac.
