El gobierno de Perú se vio forzado a ofrecer un diálogo con autoridades regionales, la Defensoría del Pueblo y representantes de la Iglesia Católica, ante la ola de críticas sobre dos decretos de urgencia que agilizan la inversión privada y flexibilizan las exigencias ambientales en más de 33 proyectos.
Pero legisladores y expertos adelantaron a IPS que ese diálogo llega tarde y que la única solución es derogar esas dos normas.
"No somos ni ciegos, ni sordos", dijo la ministra de Justicia, Rosario Fernández, tras finalizar el miércoles 9 el Consejo de Ministros donde se evaluó el rechazo a los decretos por la sociedad civil, la Conferencia Episcopal y la Defensoría del Pueblo por considerarlos inconstitucionales.
Las normas emitidas por el Poder Ejecutivo el 18 y 21 de enero establecen que las certificaciones ambientales ya "no serán requisito para la obtención de las autorizaciones administrativas de carácter sectorial, otorgadas por dichas entidades, para el ejercicio de las actividades económicas materia del proyecto adjudicado".
La certificación ambiental es una resolución administrativa con la que el Estado aprueba el estudio de impacto ambiental, que incluye las obligaciones de prevención, reducción, corrección y manejo de los efectos ambientales que se generen con la obra o actividad autorizada.
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Para la Defensoría del Pueblo el otorgamiento de autorizaciones administrativas sin tomar en cuenta antes los aspectos ambientales y sociales afectaría "los derechos de las personas y las comunidades".
Además, aduce este organismo autónomo del Estado, termina convirtiendo al estudio de impacto ambiental en "una mera formalidad administrativa, lo cual es inaceptable". Ello porque los decretos permiten que sea presentado antes del inicio del proyecto y no, como hasta ahora, cuando empieza a ser diseñado, para así analizar todas las implicaciones.
Por ejemplo, la certificación ambiental ya no será un pre-requisito para obtener una licencia de uso de agua para estos proyectos, tampoco antes de que se otorgue una concesión definitiva en hidroeléctricas. Un objetivo este último que buscó el gobierno con la presentación de un proyecto de ley ante el unicameral Congreso legislativo en noviembre, que quedó paralizado.
La ministra Fernández señaló que se convocará en menos de tres días a los presidentes regionales de las zonas donde se desarrollarán los proyectos.
Entre ellas, regiones de la Amazonia peruana, porque entre las inversiones favorecidas por los decretos figuran energías nuevas para centrales hidroeléctricas que tendría relación con el paquete de cinco represas del acuerdo energético Perú-Brasil, que implicará deforestar cerca de un millón y medio de hectáreas de árboles en 20 años. Más de 1.000 kilómetros de carreteras deberán abrirse paso entre bosques para construir las centrales y levantar las líneas de transmisión que permitan distribuir la energía, según un estudio elaborado por el ingeniero José Serra, para la no gubernamental ProNaturaleza.
"Hay una lógica en los pasos que deben seguir proyectos como las hidroeléctricas porque exige el manejo del agua y una definición técnica del tema ambiental desde el inicio, sobre todo en zonas sensibles como la Amazonia, por su biodiversidad y la presencia de comunidades", señaló a IPS Iván Lanegra, adjunto de la Defensoría para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas.
Entre los proyectos polémicos en la selva amazónica están también los de construcción de carreteras, mientras en las sureñas regiones de Cusco, Arequipa, Moquegua y Puno destacan los de distribución de gas y en las regiones costeras del Callao, Ica y San Martín se ejecutarían varios portuarios.
Fernández aseguró que se invitará a las reuniones a la defensora del Pueblo, Beatriz Merino, y el presidente de la Conferencia Episcopal, Miguel Cabrejos, dos de quienes consideran los decretos inconstitucionales.
Pero no se convocó a organizaciones ambientalistas y de derechos humanos que expresaron rechazos similares.
"El diálogo debió darse antes. Llevar adelante los proyectos no debe significar afectar el orden constitucional ni la sostenibilidad ambiental", manifestó a IPS Mariano Castro de la no gubernamental Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).
"Estas reuniones no van a permitir cambiar la inconstitucionalidad de los decretos al menos que sean derogados", agregó.
La Defensoría del Pueblo alegó en un pronunciamiento especial que los decretos no cumplen con las consideraciones extraordinarias ni de urgente necesidad que exige como requisito el Tribunal Constitucional para este tipo de normas de emergencia dictadas por el Ejecutivo.
Añadió que "tampoco se señala qué daños irreparables se ocasionarían de no emitirse estas normas. Por consiguiente, los referidos decretos de urgencia serían inconstitucionales por la forma". Además, exhortó al Congreso a ejercer su labor de control.
La SPDA y el no gubernamental Instituto de Defensa Legal aseguraron, además, en un comunicado el mismo día 9 que tampoco se "ha acreditado la existencia de un interés nacional para cada uno de los proyectos señalados y no se asegura la vigencia del derecho constitucional a la consulta previa de los pueblos indígenas contenido en el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo)".
El opositor legislador Yhonny Lescano, de Alianza Popular, señaló a IPS que mantiene su decisión de presentar una demanda de inconstitucionalidad contra los decretos, tras la convocatoria del diálogo.
"El único camino es dejar sin efecto esos decretos para acabar con los intereses económicos que hay detrás", argumentó, e informó que ya recolectó la mitad de las 30 firmas de parlamentarios que necesita para presentar la demanda al Tribunal Constitucional.
Para Lescano esta fórmula es mejor que impulsar un proyecto de ley para derogar los decretos, porque el parlamento se encuentra prácticamente inoperativo por la campaña electoral para las elecciones legislativas y presidenciales de abril.
Los decretos han sido rechazados por la mayoría de los candidatos presidenciales y la Confederación General de Trabajadores de Perú realizó una manifestación contra ellos el mismo miércoles 9. "Hay un olor a podredumbre, a corrupción. El Congreso debe derogarlos", demandó Mario Huamán, secretario de esta organización.
Tampoco la oferta de diálogo paralizó a la defensora Merino, quien el miércoles envió cartas a los ministros de Ambiente, Antonio Brack, y de Transportes, Enrique Cornejo, para solicitar aclaraciones sobre críticas a la posición de su organismo. En las misivas, a las que tuvo acceso IPS, se pide a Brack, por ejemplo, que expliqué su afirmación de que sabe quiénes redactaron el pronunciamiento de la Defensoría, ya que con ella se cuestiona la autonomía de la institución.
Los empresarios peruanos defendieron desde el inicio los decretos, por considerar positivo que se aceleren las inversiones. Pero ante la ola de críticas la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas reconoció la necesidad de preservar el medio ambiente.
Otros gremios empresariales reconocieron la especial sensibilidad de los proyectos hidroeléctricos, pero algunos de sus directivos se sorprendieron de que se critiquen ahora decretos similares a otros dictados en 2008 y 2009, ante los que no hubo protestas.
Lanegra explicó a IPS que el decreto de urgencia de 2008 no tenía implicaciones ambientales y su contexto fue la crisis económica internacional. Además, agregó Castro, "los proyectos no son los mismos, ni puede justificarse una irregularidad con otra previa".
