La represión en Belarús no muestra señales de ceder a pesar de las sanciones de la Unión Europea (UE) y de la condena internacional.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos alertaron que nadie parecía estar a salvo de las enérgicas medidas lanzadas por el presidente Alexander Lukashenka para aplacar las protestas que siguieron a las controvertidas elecciones del 19 diciembre pasado.
Los acontecimientos en Belarús tienen un paralelo en muchos sentidos con lo que ocurre en Egipto y en otros países árabes.
Daria Vashkevich, de la Asamblea de Organizaciones No Gubernamentales Pro-Democráticas de Belarús, dijo a IPS: "Hay represión en todo el país… Organizaciones por los derechos humanos y personas que supervisaron las elecciones y registran los abusos son las primeras víctimas", señaló. La campaña de las fuerzas de seguridad contra toda voz opositora comenzó inmediatamente después de que se anunciara que Lukashenka se mantendría en el poder tras obtener 80 por ciento de los sufragios.
Furiosos votantes y candidatos de la oposición acudieron en masa a la plaza central de Minsk para protestar.
Aunque analistas habían predicho que Lukashenka permitiría la manifestación en paz para no incomodar a Occidente —que había prometido miles de millones de euros en ayuda a este país—, el mandatario lanzó una brutal represión.
Cientos de manifestantes fueron arrestados y golpeados. A un candidato presidencial le rompieron las piernas y otro recibió graves heridas en la cabeza.
Amnistía Internacional denunció que personas que caminaban a cientos de metros de la plaza central fueron también atacadas por la policía. Un estudiante fue gravemente golpeado al punto de que necesitó una cirugía.
Muchas personas fueron detenidas simplemente por pasar cerca de las manifestaciones, y se les prohibió todo contacto con abogados o familiares. Los que luego fueron liberados denunciaron condiciones "inhumanas" en las cárceles.
Organizaciones de derechos humanos como Charter 97 denunciaron estar bajo constante vigilancia por parte de la policía secreta.
Varios cientos de personas recibieron penas de 15 de prisión por incitar las manifestaciones. Los acusados dicen que se les ha negado representación legal.
En un caso, una abogada denunció que sorpresivamente se le prohibió representar a la periodista Iryna Khalip, esposa del ex candidato presidencial Andre Sannikov. La policía secreta le habría advertido con revocarle su licencia.
"Se hacen redadas contra las organizaciones todos los días", dijo Vashkevic.
Lukashenka justificó la represión arguyendo que era necesaria para evitar una revolución como la que sacó del poder a su aliado Kurmanev Bakiyek en Kirguistán el año pasado. Además, señaló que se trataba de un levantamiento planificado y patrocinado por estados occidentales.
La comunidad internacional condenó la represión. La semana pasada, la UE anunció una serie de sanciones contra más de 150 miembros del régimen de Lukashenka, incluyendo prohibiciones de viajes y congelamiento de sus cuentas en bancos europeos.
Mientras, naciones occidentales prometieron decenas de millones de euros en ayuda para organizaciones de la sociedad civil, estudiantes y grupos opositores de Belarús, como forma de fortalecer el movimiento contra Lukashenka.
Sin embargo, observadores han cuestionado la efectividad de esas iniciativas. Se informó que miembros del régimen puestos en la lista negra de la UE ya habrían eludido las restricciones a los viajes. Otros abiertamente se burlaron de las sanciones, diciendo que Lukashenka ya estuvo en listas similares en el pasado.
Activistas señalan que la situación actual en Belarús no ha sido muy diferente desde que Lukashenka llegó al poder en 1994. Pero temen que la última ola de represión pueda marcar el inicio de una época más dura.
Ales Bialiatski, jefe del Centro por los Derechos Humanos Viasna, dijo a IPS que antes de las elecciones "las cosas con la sociedad civil iban mejor", y señaló que no se había presentado ningún cargo contra activistas en los últimos dos años.
También indicó que había crecido la esperanza de que la campaña por una moratoria contra la pena de muerte en Belarús tuviera tener éxito este año. Pero, ante la actual represión, volvió el temor. "No hay forma de saber qué va a pasar ahora", dijo.
