Habitantes de tres aldeas que desaparecerán bajos las aguas si se construye la represa El Zapotillo, a cargo de firmas españolas en el occidental estado mexicano de Jalisco, se oponen a dejar el lugar y llevan su lucha legal y política a instancias internacionales.
La comunidad de Temacapulín, instalada entre cuatro cerros, es la más aguerrida. El megaproyecto del gobierno federal requiere reubicar no sólo sus viviendas, sino también su cementerio y su templo, una iglesia que en 2009 cumplió 250 años y que forma parte del patrimonio histórico que sería inundado.
"Les hemos demostrado, con el apoyo de académicos y científicos de la Universidad de Guadalajara, que es factible hacer la presa en otros lados, donde no afecten al pueblo, pero no quieren", lamentó Emma Juárez, del movimiento "Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo", que el 7 y 8 de enero realizó una consulta comunitaria en la primera de esas localidades.
La consulta, que incluyó a los "hijos ausentes" que emigraron a Estados Unidos y a la ciudad de Guadalajara, fue avalada por Patricia Vergara, funcionaria del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, y tuvo como testigos claves a tres diputados locales, un regidor municipal, el delegado del pueblo y una representante de los ancianos de la comunidad.
El resultado fue contundente: 643 de las 648 personas que votaron dijeron no a la presa. Casi la misma proporción rechazó que el poblado sea desplazado los 500 metros que prevé el megaproyecto, destinado a desviar el curso del río Verde y enviar agua a las ciudades de León, en el vecino estado de Guanajuato, y Guadalajara.
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"No quieren desaparecer como pueblo, es así de simple", definió el abogado Guadalupe Espinoza, quien ha gestionado una serie de amparos (recursos constitucionales de protección de ciudadanos ante decisiones arbitrarias de las autoridades mexicanas, incluidas leyes y decretos) para detener el proyecto.
"Tenemos 14 juicios en curso. Y a pesar de ello se han construido 15 casas (en la zona de reubicación), y eso es ilegal porque hay una orden judicial de suspensión provisional de las obras", explicó el abogado.
En entrevista telefónica con IPS, el director regional de la oficial Comisión Nacional del Agua (Conagua) en la Cuenca Lerma Santiago Pacífico, Raúl Antonio Iglesias, aseguró que los opositores al proyecto son muy pocos.
"Es una minoría de seis a ocho personas, no más", dijo tajante el funcionario. "La consulta tuvo esos resultados porque llevaron a votar gente que no vive ahí", añadió.
La presa El Zapotillo es parte de un megaproyecto de abastecimiento de agua potable en la región conocida como Los Altos, en Jalisco.
Las autoridades estiman que beneficiará a 2,5 millones de habitantes de 14 municipios de Los Altos, además de las ciudades de Guadalajara y León.
Según Iglesias, el proyecto global cuesta 10.000 millones de pesos, 2.500 millones de los cuales son para el muro de contención de las aguas y las indemnizaciones, y debe estar finalizado a fines de 2012.
"Pero además, hay beneficios indirectos, como el ecoturismo y el trabajo, porque el proyecto significa la creación de 12.000 empleos operando todo el sistema", aseguró.
En respuesta a lo expresado por este funcionario, la activista Juárez afirmó que "nunca se han presentado físicamente en Temacapulín las autoridades estatales ni las federales".
"Y lo del trabajo es falso", agregó. "Los que están trabajando en la construcción ganan 80 pesos (siete dólares) por 12 horas de labor al día, y no es gente de la región, ¿qué beneficio es eso?"
El problema central es que el proyecto original fue modificado ilegalmente, dicen los opositores de la obra.
En 2006, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, responsable de evaluar el impacto ambiental, aprobó una obra que consideraba una pared de contención de 80 metros de altura, con una capacidad de almacenamiento de 411,6 millones de metros cúbicos.
Pero la licitación que se presentó en 2007 establece un muro de 105 metros de altura, lo cual implica de manera definitiva la inundación y desplazamiento forzoso de los poblados Temacapulín, Acasico y Palmarejo, cuyas construcciones son consideradas patrimonio cultural, además de las tierras de cultivo.
En septiembre de 2009, luego de un proceso cuestionado por las empresas que fueron descalificadas, el gobierno federal falló a favor de la firma Peninsular Compañía Constructora, en asociación con FFC Construcción y Grupo Hermes y el gobierno estatal inició una campaña para comprar las viviendas a los pobladores.
El cabildo del municipio de Cañadas de Obregón, al que pertenecen dos de las comunidades afectadas, rechazó el cambio de uso de suelo para los 105 metros del muro de la represa. Y los pueblos iniciaron una batalla legal y política que busca cancelar definitivamente el proyecto que en dos años ha sumado a organizaciones civiles nacionales e internacionales.
El sacerdote católico Gabriel Espinoza Íñiguez expuso el caso en noviembre de 2009 en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Posteriormente, en enero de 2010, personal de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas visitó Temacapulín, donde se gesta la resistencia.
El gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, del conservador Partido Acción Nacional al igual que el presidente de México, Felipe Calderón, rechazó una recomendación de la estatal Comisión de Derechos Humanos en contra de la obra con el argumento de que la construcción es responsabilidad del gobierno federal.
Los Altos es una región de valles y cañadas, en donde abundan las aguas termales y manantiales. Temacapulín es un nombre de origen náhuatl referente a los baños termales. Actualmente es una zona de alta emigración y los pueblos están habitados casi en su totalidad por adultos y ancianos. Aunque el río Verde tiene agua todo el año, está muy contaminado.
Los pobladores alegan que la represa viola su derecho a la propiedad, a la seguridad jurídica, a la vivienda, a la alimentación, al desarrollo, a la información, a la consulta y a un ambiente sano. El 7 y 8 de enero, 90 por ciento de los temacapulineses consultados dijo estar dispuestos a la batalla.
Las autoridades insisten en que la obra se realizará. "Tengo la instrucción de negociar hasta el último minuto con cada uno de los propietarios, pero se está analizando la expropiación, porque nosotros tenemos que considerar el beneficio para la mayoría", sostuvo Iglesias.
