Un año y un mes después del terremoto en Haití, los ojos de la comunidad internacional miran a otras partes.
Aparte de algunas pocas actualizaciones sobre el regreso al país del ex dictador Jean Claude Duvalier, Haití ya no ocupa más los titulares de los medios.
También se han ido periodistas extranjeros que realizaron informes sobre el aniversario del sismo.
Han quedado olvidados también los reportes de las agencias de la Organización de las Naciones Unidas y de grupos de la sociedad civil sobre la falta de progresos en los esfuerzos de la reconstrucción.
Sin embargo, se puede reconocer algún avance.
[related_articles]
Las autoridades haitianas o, más precisamente, quienes tienen la autoridad en el país, que no necesariamente son haitianas elaboraron un plan para darles hogar a las personas afectadas por el desastre.
El ambicioso "Marco para el regreso a los barrios y la reconstrucción de viviendas (versión 3)", al que tuvo acceso el mes pasado la organización Haití Grassroots Watch, establece los lineamientos necesarios para volver a edificar viviendas, mejor ubicadas y con mejores servicios.
También busca ayudar a los haitianos a reconstruir sus propios hogares o reubicarlos en sitios menos precarios.
Sin embargo, el plan deja fuera a quienes constituyen el mayor grupo de víctimas: los más pobres de los pobres, los que no son propietarios y deben alquilar.
"Con unas pocas excepciones, la reconstrucción no va a darle casas a los que no eran propietarios antes", explicó a IPS Priscilla Phelps, asesora de Vivienda y Barrios de la Comisión Interina para la Recuperación de Haití (IHRC).
Eso significa que 192.154 familias, más de la mitad de los 1,3 millones de desplazados registrados, quedarán a la intemperie, expuestos al sol, la lluvia y el polvo.
Según el documento, "el objetivo es restituirle a propietarios y arrendadores un estatus equivalente al que tenían antes del terremoto, pero en condiciones más seguras".
Para los propietarios de viviendas o tierras, las cosas avanzan, aunque muy lentamente.
Agencias humanitarias tienen más de 100 millones de dólares para construir 111.240 "refugios transitorios", esto es, cabañas de por lo general 18 metros cuadrados.
Para el 1 de este mes habían sido edificadas sólo 43.100, debido a la gran cantidad de escombros en las calles y a la convulsionada situación de propiedad de tierras. La mayoría de los donantes quieren regularizar los títulos antes de edificar.
Agencias y firmas de construcción han prometido al menos 174 millones de dólares de los 350 millones necesarios solo en 2011 para reparar o reconstruir casas. Para el 1 de este mes, de los aproximadamente 193.000 hogares derruidos, solo 2.547 han sido reparados y 1.880 reconstruidos.
Mientras, para los cientos de miles de ex inquilinos que ahora viven campamentos con poco o ningún servicio —en donde un promedio de 392 personas usan la misma letrina—, no hay refugio temporal o permanente en el horizonte, pues se supone que pueden alquilar.
Sanon Renel, de la coalición Reflexión sobre Vivienda y Fuerza de Acción (Fòs Refleksyon ak Aksyon sou Koze Kay – FRAKKA), que moviliza a sindicatos y otros grupos sobre problemas habitacionales, está indignado.
"Es una simple y pura exclusión. Incluso puedes considerarla una política oficial de apartheid", dijo a IPS.
Además de quedarse sin sus pertenencias, muchos de los desplazados en Haití también perdieron sus empleos, así como grandes sumas que habían pagado en cuotas escolares y en alquiler antes del sismo.
En Haití, uno puede abonar seis, 12 e incluso 24 meses de renta una sola vez. Renel señaló que a las familias les costará años recuperar ese dinero.
"Son trabajadores fabriles o peones. Muchos son ex campesinos obligados a trasladarse a la ciudad porque sus tierras han quedado arruinadas y no pueden satisfacer sus necesidades. Son eternas víctimas de un sistema económico que protege a los grandes propietarios y a los capitalistas ricos", dijo Renel.
La forma en que se maneja el tema de vivienda es un típico ejemplo de cómo va la "reconstrucción" en Haití.
El documento "tiene la intención de marcar cuál va a ser el enfoque", según Phelps, quien ayudó a elaborarlo y quien recientemente co-escribió para el Banco Mundial el informe "Hogares más seguros, comunidades más fuertes: un manual para reconstruir luego de desastres naturales".
Pero el texto nunca fue aprobado ni por el parlamento ni por el presidente René Préval ni por la Comisión Interministerial sobre Vivienda.
El texto tampoco ha sido discutido públicamente para que planificadores urbanos, firmas constructoras y otros interesados, como FRAKKA y los propios haitianos puedan opinar.
El documento es más que "el enfoque a seguir". De hecho, es el plan, señaló Jean-Christophe Adrian, de UN-HABITAT, quien preside el "Shelter Cluster", grupo de 200 grupos de la sociedad civil que trabajan en temas de vivienda.
"El documento representa el consenso", subrayó.
Por su parte, Phelps indicó que la Comisión Interministerial sobre Vivienda "lo ha visto y hecho observaciones", pero nunca lo aprobó o desaprobó abiertamente, ni lo ha publicado.
