Firmes avances hacia el fin de la violencia política en el País Vasco y hacia la transparencia del accionar partidario para disminuir posibles prebendas de dirigentes hacen soplar aires de optimismo en España, aún afectada por la severa crisis económico-financiera global.
La organización izquierdista vasca Batasuna se pronunció este lunes en contra del uso de la violencia y de las amenazas "incluyendo las de ETA, sea cual sea la forma en que se produzcan los hechos", según el anuncio de su dirigente Rufi Etxeberría.
Por otro lado, el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) hizo saber que en los próximos días planteará en el Parlamento una reforma legal para que los integrantes de ese cuerpo estén obligados a hacer público todo su patrimonio y sus bienes, para evitar la doble percepción de salarios y otros pagos.
Etxeberría expresó la condena a la violencia al anunciar que para sacar de la ilegalidad a Batasuna, considerado el brazo político de ETA, se constituirá un nuevo partido, cuya inscripción como tal efectuarán este martes en Madrid y con el cual esperan poder presentarse a las elecciones autonómicas y municipales de mayo.
Precisó además que no se trata de un regateo, sino que es "un paso coherente con nuestras decisiones y compromisos por construir un escenario de paz y soluciones democráticas desde donde desarrollar nuestro legítimo proyecto político".
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Esta decisión se basa en "la exigencia de un escenario de no violencia con garantías y de normalización política progresiva como condiciones para cualquier diálogo y negociación política", explicó. "De forma explícita, el nuevo proyecto político y organizativo de la izquierda abertzale (nacionalismo vasco) ni justifica ni ampara el uso de la violencia, cualquiera que sea el origen o naturaleza de la misma", afirmó Etxeberría.
Porque "el rechazo explícito de la violencia y no connivencia de ninguna naturaleza con la misma son consecuencias directas de nuestra apuesta por vías exclusivamente políticas y democráticas", añadió.
El centroderechista Partido Popular (PP), la principal fuerza española de oposición, tardó muy poco en responder de modo negativo.
La secretaria general del PP, María Dolores Cospedal, planteó al gobierno "que cumpla con total exactitud la ley de partidos políticos y que utilice todos los instrumentos que le da el estado de derecho para impedir que Batasuna pueda estar otra vez en las instituciones".
"Batasuna no puede presentarse a las elecciones, ni con un nuevo partido, ni con listas blancas, ni tampoco formando parte de otros partidos legales o de listas de otros partidos legales", agregó.
Todo ello, según Cospedal, debido a que "Batasuna, ETA y todo su entorno no pueden tener otro final que no sea el de disolverse, entregar las armas, pedir perdón a las víctimas del terrorismo, condenar la violencia desde ya y por todo lo que han hecho, y someterse al imperio de la ley".
Desde otra óptica, el secretario general de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias, considera que los nuevos estatutos de Batasuna supondrán "una mejora notable" en relación al pasado. Pero ese avance, puntualizó, no será suficiente si no hay una condena expresa de la violencia y de los atentados y asesinatos cometidos por ETA durante medio siglo.
Lo anunciado "es una novedad, es mucho mejor que estén condenando la violencia que apoyando la violencia y, en cualquier caso, la democracia será muy exigente, estoy convencido, con estos grupos", puntualizó.
Desde el mundo oficial, el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, se manifestó convencido de que los tribunales de justicia no legalizarán al nuevo partido batasunero, a menos que manifieste "de forma tajante y para siempre" la condena a la violencia y su ruptura con ETA (Euskadi ta Askatasuna, Patria Vasca y Libertad en vascuence).
Así están las cosas y la sensación generalizada es que, con tropiezos, avances y retrocesos, el camino para el cese y condena total "por todos" de la violencia etarra está abierto.
En otro ambiente, el mayoritario grupo parlamentario socialista anunció que propondrá una reforma legal para que todos los legisladores sean obligados a hacer público su patrimonio, sus bienes e ingresos, incluyendo la tenencia de acciones o participaciones en sociedades empresariales, con el propósito de evitar trampas para ocultar patrimonios.
Un ejemplo de este tema es precisamente Cospedal, quien según los últimos datos, en 2009 recibió 167.865 euros (228,211 dólares) de su partido, más 69.310 (94.227) como senadora y 3.560 (4.840) del Ministerio de Justicia, todo lo cual totaliza unos 20.000 euros (20.190 dólares) por mes, 20 veces más de un salario medio de los trabajadores.
Por su parte, Rajoy recibe mensualmente 3.000 euros (4.076 dólares) por su cargo de diputado y 5.000 (6.800) de su partido. Aunque en una entrevista del diario madrileño El País, en octubre de 2010, reconoció recibir "6.000 euros (8.150 dólares) y bastantes más", además de su sueldo como diputado.
También más que el salario medio de un trabajador, pero mucho menos de lo que recibe Cospedal es lo que ingresa mensualmente Cayo Lara, el coordinador federal de la coalición Izquierda Unida, 2.370 euros (3.200 dólares).
En ese plano se debe tener presente que los ex presidentes de gobierno, el socialista Felipe González (1982-1996) y José María Aznar (1996-2004), del PP, tienen adjudicado un salario oficial anual de 79.336 euros (107.800 dólares) brutos cada uno, mientras que el actual mandatario, José Luis Rodríguez Zapatero, cobra 78.185 (106.227 dólares).
Además de lo que recibe como salario oficial, a González se le añaden ahora otros 126.000 euros (171.195 dólares) que recibirá al incorporarse como miembro de la dirección de la empresa Gas Natural Fenosa y unos 50.000 euros (68.000 dólares) por dictar conferencias.
No le va peor a Aznar, dado que a su asignación anual como ex mandatario de gobierno se suman los 620.732 euros (843,385 dólares) que recibió en 2009 por conferencias y libros escritos y cobrados a través de su empresa familiar y los 200.000 euros (271,744 dólares) que recibe como asesor externo de la empresa energética Endesa.
