«Buenas Vengo a ver a un muchacho», dijo el joven con gorra café y portando una pequeña bolsa plástica donde se adivinaban unas manzanas.
La recepcionista abrió la puerta de rejas y le dejó entrar. La escena, presenciada por IPS, se desarrolló en un añoso hotel de tercera categoría en el centro histórico de Quito que ha sido alquilado en su totalidad por el Estado ecuatoriano para alojar a los extranjeros en situación irregular.
Según un efectivo de la Policía de Migración también en el lugar y que dijo tener prohibido dar declaraciones pero habla de todas maneras, en el hotel se encuentran unas 30 personas, la mayoría procedentes de Cuba y Colombia.
Pero más que un hotel es un centro de reclusión, porque nadie puede salir de allí. Funciona desde enero, tras varias semanas de protestas de familiares y organizaciones de la sociedad civil por las precarias condiciones en que se tenía a los extranjeros detenidos en los calabozos de la Policía de Migración, en el norte de Quito.
Ante las crecientes protestas en las afueras de aquellos calabozos, el Ministerio del Interior resolvió alquilar el hotel. "Lo hicimos porque queremos darles un trato digno", dijo a IPS la ministra de la Secretaría Nacional del Migrante, Lorena Escudero.
"Tienen habitación con televisión, y se les proporciona las tres comidas diarias", añadió el policía. "Aquí permanecen en espera de que los deporten", señala "O de que legalicen su situación", completa con determinación el joven de gorra café, con acento cubano.
Severo Padrón (nombre protegido) ha venido a visitar a un amigo, apresado en una redada de la policía migratoria en noviembre. Él tiene residencia legal en Ecuador, pero no su amigo.
La situación es contradictoria con el principio de la Constitución ecuatoriana aprobada en 2008, que en su artículo 416 proclama "el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero como elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países, especialmente Norte-Sur".
Fue en aplicación de este principio que el gobierno de Rafael Correa decidió que no se exigiera visa a ningún extranjero para permanecer en el país por 90 días.
Esta disposición rige desde el 20 de junio de 2008, cuando Correa explicó que estaba decidido a "desmontar ese invento del siglo XX que fueron los pasaportes y las visas".
Sin embargo, el gobierno dio marcha atrás. En diciembre de 2009 empezó a exigir visas a los ciudadanos chinos y el 7 de septiembre de 2010 a los viajeros procedentes de Afganistán, Bangladesh, Eritrea, Etiopía, Kenia, Nepal, Nigeria, Pakistán y Somalia.
Esta medida se tomó "luego de detectar un inusual flujo migratorio de personas de los países citados", informó en su oportunidad Leonardo Carrión, subsecretario de Asuntos Migratorios y Consulares de la Cancillería.
Carrión reconoció a IPS que el país había estado sirviendo de estación de paso para personas que intentaban llegar a Estados Unidos y Brasil.
La liberal política migratoria ecuatoriana también causó enorme preocupación, prácticamente desde el mes siguiente de su entrada en vigor, en las embajadas de Estados Unidos en Quito, Panamá, San José de Costa Rica, SAn Salvador y Abuja, según los cables del Departamento de Estado filtrados por Wikileaks.
"Ecuador está provocando la inestabilidad en toda América", con la supresión de los visados, habría dicho en noviembre de 2008 Mario Zamora, ex director de Inmigración y actual viceministro de Seguridad de Costa Rica a la embajada estadounidense en San José, según un cable obtenido por Wikileaks y citado por el diario español El País.
La supresión de la exigencia de visas también creó un flujo migratorio desde Cuba. Se calcula que han llegado unos 70.000 ciudadanos de esa isla a Ecuador y que se han quedado entre 5.000 y 8.000, gran parte en situación irregular.
La policía migratoria empezó a hacer redadas, controlando pasaportes y visas con el incremento de los reclamos por la inseguridad en la occidental ciudad de Guayaquil, y luego de que en julio pasado se detectó más de 100 matrimonios de conveniencia entre ciudadanos y ciudadanas de Ecuador y Cuba con papeles fraudulentos.
"Estoy hace un año en Ecuador", dijo Raúl Castillo (nombre protegido) a IPS, en una larga conversación sostenida en un café en Quito. "Vine con una carta de invitación que compré en Cuba a través de intermediarios, en dos mil CUC", los pesos cubanos de libre convertibilidad y que equivalen a unos 2.100 dólares.
Castillo tiene una profunda decepción de Cuba, pero también de Ecuador. "Allá no hay futuro, y pensé que aquí podría construirlo, pero no he podido arreglar mi situación migratoria y ahora perdí mi trabajo".
Agregó que su empleador lo despidió después de que el presidente Correa puso como una de las preguntas del referendo, que probablemente se celebrará en abril, que se considerará delito el tener a un trabajador no afiliado a la seguridad social.
¿No sería un camino para Castillo y otros cubanos solicitar refugio, como lo han hecho 58.000 colombianos? "A los cubanos no nos van a conceder refugio jamás, pues Ecuador se proclama amigo del régimen cubano y aceptar refugiados sería manchar a ese régimen", comentó.
"Los inmigrantes en Ecuador, igual que los ecuatorianos que han emigrado a Estados Unidos y a España, se van a quedar, con papeles o sin papeles", dijo a IPS Lenin Daza, asesor jurídico del Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes (SJRM).
Por eso se pregunta si no sería más fácil y seguro un proceso de regularización masiva de los extranjeros.
"Quizás, pero yo no la veo posible en el actual clima político, hipersensible en el tema de la inseguridad ciudadana", dijo a IPS un miembro del gabinete ministerial de Correa, que no quiso ser identificado.
Por su parte, Juan Villalobos, coordinador de incidencia pública del SJRM, dijo a IPS que en Ecuador se maneja un discurso contradictorio porque, por un lado, tiene una Constitución que es la que más garantiza el derecho a la movilidad humana, pero, por otra, la naturaleza de los cuerpos legales y la práctica de la policía no han cambiado.
Villalobos cree que se actuó bien en sancionar el fraude de los matrimonios de los cubanos, pero rechaza los estereotipos que maneja la policía cuando investiga un delito y la falta de conocimiento de los funcionarios de las áreas de salud y educación que niegan atención a hijos de refugiados o a sus padres.
"La discrecionalidad del funcionario público es enemiga de las proclamas de la ciudadanía universal", explicó, insistiendo en que "la regularización tendría la ventaja comparativa de evitar la explotación laboral y de que el Estado sepa quién está en su territorio, dónde y qué hace".
