Una iniciativa del gobierno argentino para penalizar al cliente de la trata de personas con fines de explotación sexual desató un fuerte debate entre organizaciones feministas, que apoyan la idea, y trabajadoras sexuales, que la rechazan.
La propuesta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos cuenta con el apoyo de organizaciones abolicionistas del comercio sexual, que piden que se condene la prostitución como una forma de explotación y se promuevan fuentes de empleo alternativas.
También fue recogida en 2010 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y por la Organización de Estados Americanos (OEA), que estudiarán el proyecto como un insumo para recomendar la revisión de las legislaciones de cada país.
La ONU aprobó "por unanimidad" la iniciativa argentina de penalizar al cliente, consumidor o usuario de trata de personas con fines sexuales, de manera de desalentar esa demanda. Y la OEA lo incorporó a su programa de trabajo Organizaciones feministas y entidades de derechos humanos abolicionistas se manifestaron de acuerdo con la propuesta, aunque expresaron sus dudas respecto de las dificultades para implementarlo.
Monique Altschul, de la Fundación Mujeres en Igualdad, declaró a IPS que su entidad está de acuerdo con la propuesta gubernamental, que funciona ya en Suecia, y reconoció que "será difícil implementarla, pero no imposible".
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Para Altschul, así como para muchas otras mujeres de organizaciones feministas, la prostitución no es un trabajo digno y mucho menos cuando la explotación sexual se deriva de la trata, que es una condición de esclavitud.
La trata es la captación, traslado y acogida de personas bajo engaño con fines de explotación, según lo define el Protocolo de Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Mujeres, que fue firmado y ratificado por Argentina.
"La prostitución no es trabajo decente, porque a las personas se las somete a vejaciones y nunca sabe qué le espera en cada transacción y en los casos de trata no hay lugar a dudas de que se trata de explotación sexual", añadió Altschul.
Por eso, organizaciones de defensa de la mujer creen que debería penalizarse no sólo al cliente o usuario de víctimas de la trata sino a todos quienes pagan por tener sexo.
En cambio la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar), con más de 4.000 afiliadas, rechaza la propuesta y promete hacer oír su voz en la próxima Asamblea General de la OEA, que se realizará en junio en El Salvador.
"Acá se confunde la trata, que nosotras condenamos, con el trabajo sexual, que es una opción que hicimos algunas mujeres como personas adultas", dijo a IPS Elena Reynaga, presidenta de Ammar. Además, cuestionó a las redes abolicionistas porque no escuchan sus planteamientos. "No nos respetan, no nos escuchan. Las prohibiciones solo nos perjudican y nos exponen más de lo que estamos", dijo.
Los argumentos abolicionistas del comercio sexual apuntan a que ninguna mujer elige de verdad dedicarse a la prostitución, sino que llega a ella por una historia de violencia, abusos, carencias y falta de oportunidades.
Pero Reynaga rechaza ese argumento. "Las empleadas domésticas o las que recogen cartones en la calle tampoco pudieron elegir y sin embargo no las persiguen. Somos muchas las que no tuvimos oportunidad de estudiar y tuvimos que optar", protestó.
El problema es que en Argentina el tema de la trata de mujeres está muy candente. Cada año el Departamento de Estado de Estados Unidos alerta sobre la falta de medidas efectivas para combatir esta actividad criminal en el país.
Las redes de organizaciones que denuncian este delito aseguran que las mujeres son captadas en países de la región, principalmente Bolivia, Brasil, Paraguay y Perú, además del estado libre asociado de Puerto Rico y las provincias del norte de Argentina.
Son periódicas las informaciones de allanamientos en prostíbulos de provincias del centro del país donde hallan a mujeres paraguayas o del norte argentino, que denuncian que llegaron allí tras ser engañadas con la promesa de un buen empleo y son explotadas sexualmente.
También hay centenares de denuncias de mujeres desaparecidas, que se presume que son víctimas de redes de trata de personas.
En 2008, el Congreso legislativo sancionó una norma para prevenir y penalizar este delito, pero la legislación tiene muchas falencias y la relatora especial de Naciones Unidas sobre la trata de personas, la nigeriana Joy Ngozi Ezeilo, pidió su reforma "urgente".
Esa reforma debería eliminar de la ley la figura del consentimiento de la víctima cuando es mayor de edad y endurecer las penas a los tratantes, además de poner en marcha un mejor sistema de denuncias y de asistencia a las víctimas.
Entretanto, se adoptaron otras medidas. La Procuraduría General de la Nación recomendó a los fiscales retirar la habilitación a locales que ofrecen servicios de prostitución, y algunos diarios eliminaron la publicación de avisos de oferta sexual.
Los grandes diarios nacionales y también los de las provincias tienen un rubro en el que se publicita la oferta sexual, en algunos casos aludiendo indirectamente al país de origen de las mujeres, a su corta edad o a su aspecto infantil.
Pero tanto las organizaciones abolicionistas como las de trabajo sexual coinciden en que el problema de fondo está en la corrupción de funcionarios políticos, judiciales y policiales que boicotean las medidas de combate a estos delitos.
Los fiscales, por ejemplo, encuentran que al acudir a un local donde se ejerce la prostitución, el sitio se halla "limpio" porque la policía que debería colaborar con el allanamiento avisó antes a los propietarios.
Reynaga señaló algo similar de lo que ocurre en el trabajo cotidiano. "En Argentina está prohibida la oferta y la demanda de prostitución, pero a nosotras la policía nos para y nos abre actas y a los clientes les saca dinero".
También descreyó de la posibilidad de que los clientes sean capaces de discriminar entre trabajadoras sexuales y mujeres víctimas de la trata. "¿Qué esperan? ¿Qué ellos pregunten eso a las mujeres?", cuestionó.
"El problema es la corrupción, por eso proliferan las redes de trata. Actualmente la policía tiene herramientas y no las usan, o mejor dicho, las usan en contra nuestra".
