La tortura es una práctica que crece en las cárceles de Uzbekistán en el marco de la campaña del gobierno contra grupos religiosos, denunció el Independent Human Rights Defenders Group. Al menos 39 presos murieron por esta causa el año pasado, el doble que en 2009.
Los activistas humanitarios advierten que el número de presos torturados hasta morir es probablemente mayor que las divulgadas, ya que las autoridades encubren los abusos de los internos enviando los cuerpos en ataúdes sellados a las familias, que, a su vez, temen denunciar estos hechos.
Prisioneros por motivos religiosos en este país, donde la gran mayoría de la población se declara musulmán, enfrentan además la posibilidad de estar siendo encerrados de por vida con órdenes extrajudiciales unilaterales dictadas para extender sus penas de cárcel indefinidamente, aseguran.
El régimen dictatorial, encabezado por el presidente Islam Karimov, quien ha gobernando esta nación ubicada en Asia central desde su independencia tras la disolución de la Unión Soviética (URSS), de la que era parte, no muestra signos de ceder en su persecución contra cualquier grupo religioso que ve como una potencial amenaza a su poder.
Alisher Ilkhamov, quien trabaja en asuntos de Uzbekistán para la Open Society Foundation en Londres, dijo a IPS que "la tortura a prisioneros por razones religiosas es constante y no veo ninguna esperanza de mejora en los próximos años".
"Los musulmanes, especialmente, seguirán siendo víctimas de represión por mucho tiempo en el futuro. No tengo ilusiones sobre eso", añadió.
La comunidad internacional considera al régimen de Karimov como uno de los que tiene peores antecedentes del mundo en materia de derechos humanos.
La brutal represión contra la sociedad civil ha sido bien documentada por casi dos décadas.
La Organización de las Naciones Unidas ha descrito el uso de la tortura como una práctica generalizada y sistemática por parte de agente de seguridad del Estado, muchos de los cuales fueron entrenados bajo la KGB, siglas en ruso del Comité para la Seguridad del Estado, la agencia de inteligencia de la URSS.
Han sido grabados horrorosos abusos a internos en la noroccidental prisión de Zhaslyk, descrita por algunos activistas como un gulag postsoviético y una de las peores del mundo. Al menos un prisionero fue hervido en agua hasta su muerte.
Activistas que trabajan en Uzbekistán dicen que las personas arrestadas o condenadas por cargos de delitos relacionados con la religión, casi siempre falsos, enfrentan lo peor de la tortura.
"Yo he hablado con docenas de familiares de personas en prisión después de falsas acusaciones de extremismo religioso, quienes me han relatado, con gran detalle, las torturas que ellos han sufrido en prisión", dijo a IPS uno de esos activistas, que pidió reserva de su identidad.
"Parece que los prisioneros acusados de extremismo religioso representan una cantidad desproporcionada de las personas que sufren tortura", enfatizó.
Cotejos independientes de esas denuncias son casi imposibles debido a que el Estado mantiene severas restricciones al acceso a los lugares donde permanecen los prisioneros.
Mucha de la información referente a los abusos sufridos por los internos proviene de las declaraciones de sus parientes a los grupos de derechos humanos.
Ellos ahora han revelado un nuevo método de represión estatal, que consiste en la extensión de sus sentencias originales, hasta el final de sus días.
"Lo que hemos oído es que las autoridades están unilateralmente ampliando las sentencias a prisioneros por motivos religiosos. Algunos que han estado en prisión por 10 años o que están terminando sus penas están viendo alargadas sus sentencias, sin juicios de por medio, y sus parientes aseguran que les han dicho: 'usted morirá aquí en la cárcel'", señaló un activista.
El gobierno ha justificado su campaña de más de una década contra grupos religiosos argumentando que ésta trata de combatir los peligros del extremismo religioso.
Se estima que más de 90 por ciento de los 28 millones de habitantes del país son musulmanes. El Estado controla la práctica del Islam estrictamente a través de las redes de grupos musulmanes aprobados por el Estado, y de los lugares de culto. Lo mismo ocurre con los cerca de cinco por ciento de uzbecos que son cristianos.
Muchos grupos de defensa de los derechos humanos dicen que la verdadera razón del control es la amenaza que una comunidad musulmana fuerte podría representar para el régimen.
"El gobierno ve a la comunidad musulmana como su mayor amenaza potencial. Los clérigos musulmanes y líderes tienen el potencial de movilizar un gran número de personas. En el pasado, algunos han atraído a multitudes en conversaciones y reuniones", dice Ilkhamov.
Los juicios colectivos y a puertas cerradas contra personas detenidas por extremismo religioso no son raros. Uno de ellos, el mes pasado, terminó con 19 personas sentenciadas a la cárcel.
Los activistas dicen que la represión estatal a grupos religiosos, así como la restricción de otras libertades fundamentales, solamente están alimentando el crecimiento de comunidades religiosas no aprobadas por el Estado y potencialmente empujando a algunos a grupos radicales.
"La falta de un espacio alternativo de expresión, combinado con la represión, configura un terreno potencialmente fértil para el extremismo. Las personas son lanzadas a las prisiones y etiquetadas como extremistas religiosos, y a veces terminan siendo obligadas a unirse a los verdaderamente extremistas por protección", dijo un activista.
"Y se sabe que las prisiones se han convertido en centros de reclutamiento para grupos extremistas", agregó.
Observadores nacionales e internacionales han advertido por años que la represión de Tashkent podría conducir a las personas a ingresar a algunos de los grupos religiosos que se sabe operan en Uzbekistán y el resto de Asia central.
Eruditos musulmanes locales han advertido públicamente de tales peligros y apelado a Karimov a mantener abiertas las discusiones religiosas en vez de perseguir a los fieles y tener mano dura con los grupos extremistas.
Mientras, activistas están consternados con la cercanía de los gobiernos occidentales a la continua tortura de prisioneros y violaciones a los derechos en Tashkent, capital de Uzbekistán.
La importancia geopolítica del país ha dado lugar, a lo que un activista describió ante IPS, como el poder de Karimov de "intimidar a los gobiernos occidentales para que hagan la vista gorda a las partes malas de su régimen".
Un alto funcionario de una organización de derechos humanos occidental dijo a IPS que "la situación de tortura ya es atroz y lo que es seriamente preocupante para los grupos de derechos humanos es la relación cada vez más estrecha entre Estados Unidos, la Unión Europea y Uzbekistán, impulsada por su posición estratégica para el abastecimiento de las tropas en Afganistán".
Dicho vínculo "está eclipsando una larga historia de violaciones que podría conducir a un mayor deterioro de los derechos humanos" en Uzbekistán.
