La empresa metalúrgica Doe Run volvió a desafiar al Estado peruano. A través de su representante, el Grupo Renco, notificó al gobierno de su intención de iniciar un arbitraje internacional amparándose en el tratado de libre comercio (TLC) entre este país y Estados Unidos.
Antes de proceder, lo conmina a llegar a un acuerdo en 90 días. ¿Qué hay detrás de ese ultimátum?
Con avisos en los diarios de Lima, la empresa informó el 5 de este mes a la opinión pública que se amparaba en el acuerdo comercial porque sentía haber recibido "un trato injusto e inequitativo" del gobierno de Perú y no haber gozado de "protección y seguridad" como inversionista de capitales estadounidenses que exige el tratado.
Doe Run empezó a operar en 1997 la planta metalúrgica de La Oroya, una de las ciudades más contaminadas del mundo, ubicada a 175 kilómetros de Lima, en la región centroandina de Junín.
Al obtener la concesión, Doe Run se comprometió a cumplir con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) en un plazo de 10 años, mientras que las autoridades aceptaron responsabilizarse por la "remediación" (remoción de los elementos contaminantes) de los suelos, debido a que antes la fundición había estado a cargo de la empresa estatal Centromin.
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Actualmente, Doe Run asegura que Activos Mineros, la empresa estatal que asumió los compromisos de Centromin, se rehúsa a remediar los suelos de La Oroya y que además "desconoce su responsabilidad ante las demandas interpuestas por un grupo de ciudadanos" de la ciudad.
"Pero es Doe Run el que no ha cumplido con el PAMA y ha seguido contaminando a La Oroya. Con este comunicado es como si le dijera al gobierno: yo contamino y tú pagas", dijo a IPS María Chappuis, ex directora general de Minería.
Chappuis renunció a su cargo en diciembre de 2004 a causa de la aprobación de una norma que permitía ampliarle el plazo del PAMA a Doe Run.
La ex funcionaria cuestionó que la compañía pretenda que el gobierno pague las indemnizaciones que podría dictaminar un tribunal estadounidense a favor de más de 100 niños contaminados por plomo en La Oroya.
En noviembre se informó que el Vigésimo Segundo Juzgado de la ciudad de Saint Louis, en el estado de Missouri, aceptó 11 denuncias contra el grupo Renco y su afiliada Doe Run Perú. Si el proceso les sigue siendo adverso, la empresa tendría que pagar una reparación económica a los niños y niñas.
La compañía estadounidense se comprometió, como parte del PAMA, a lograr que 95 por ciento de los niños y niñas menores de seis años de La Oroya tuvieran menos de 10 microgramos de plomo por decilitro de sangre (el límite permitido por la Organización Mundial de la Salud), refirió la no gubernamental Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.
Pero en 2008 el Ministerio de Salud determinó que por lo menos 100 niños tenían 45 microgramos de plomo por decilitro en sangre.
La empresa también se comprometió a construir tres plantas de tratamiento de ácido sulfúrico para sus procesos de producción de plomo, zinc y cobre, de las cuales no concluyeron la de cobre, la más importante, según los expertos.
Hasta mediados de 2009, a Doe Run le faltaba por cumplir cerca de 20 por ciento del PAMA. Desde entonces no ha habido avances porque la compañía dejó de operar en abril de 2009, tras declararse en quiebra, pese al alto precio de los metales, e incumplir la prórroga que le dio el gobierno peruano de Alan García para reanudar sus operaciones en julio de 2010.
"El plazo (de 90 días que Doe Run le da a las autoridades) es sospechoso. Lo que busca es que en ese tiempo aparezca alguien que ceda a sus presiones, como sucedió antes, sobre todo ahora que se vive una campaña electoral", aseguró a IPS la ex funcionaria.
Chappuis hizo referencia a una carta que envió el ex primer ministro peruano Jorge del Castillo (2006-2008), en octubre de 2007, al entonces embajador de Estados Unidos en Perú, Michael Mckinley, solicitándole la "intervención del Departamento de Estado" en un proceso judicial en Missouri iniciado en esos días contra Doe Run Resources Corporation, socia de Doe Run Perú.
Del Castillo pedía al gobierno de Estados Unidos que notificara al Departamento de Justicia y a la Corte de Saint Louis, para que no se estableciera "un precedente perturbador para los inversionistas de ambos países y que socava la seguridad jurídica", dice la carta.
El ex primer ministro respondió en su momento que lo hizo para "evitar controversias de cara a la aprobación del TLC con Estados Unidos", que entró en vigor a inicios de 2009.
Si se concreta el arbitraje, sería la primera empresa que recurre al TLC para hacerlo.
"El gobierno peruano no puede cometer un nuevo error y debe actuar con cautela", advirtió el economista José de Echave, de la no gubernamental CooperAcción.
El Ministerio de Energía y Minas aseguró a IPS que "el Estado se pronunciará únicamente por las vías legales".
Activos Mineros, por su parte, publicó un encarte en una revista local. Allí la empresa estatal asegura que planificaron una inversión de 100 millones de soles (35 millones de dólares) entre 2007 y 2015. Hasta ahora han invertido 4,8 millones de dólares en un estudio de remediación de suelos y trabajos en la zona urbana, afirma.
IPS también pudo conocer que Activos Mineros ya calculó cuánto debería pagar Doe Run a Perú por la remediación, ya que trascendió que el contrato establece que, si la empresa operadora no tiene mejor comportamiento ambiental que Centromin, debía asumir parte de estos costos.
"Si en 2004 no se hubiera ampliado el plazo del PAMA, la empresa no se hubiera acogido al TLC que recién entró en vigencia cinco años después", aseguró De Echave.
También cuestionó que "se afirme que un tribunal como el CIADI (Centro Internacional para el Arreglo de Controversias Relacionadas con las Inversiones) tenga sensibilidad ambiental, cuando sus fallos suelen ser favorables a los inversionistas".
El experto recordó que desde el inicio de las negociaciones, diversas organizaciones advirtieron que el capítulo de inversiones del TLC con EE UU era muy concesivo. "Hoy vemos las consecuencias", insistió.
