PENA DE MUERTE-NIGERIA: Gobernadores entierran abolición

Resulta preocupante que no se avance hacia la abolición de la pena de muerte en Nigeria, se lamentó el activista Olawale Fapohunda, quien pide «crear una atmósfera adecuada para un debate saludable» sobre este castigo.

Olawale Fapohunda.

Crédito: Gentileza de Olawale Fapohunda

El año pasado generó sensaciones encontradas para los activistas contra la pena de muerte en África. Togo y Burundi se unieron a los estados del continente que abolieron ese castigo, mientras que Gambia extendió su aplicación a nuevos delitos.

En abril, gobernadores estaduales de Nigeria anunciaron su deseo de que se reanuden las ejecuciones "como medida para descongestionar las prisiones", y ordenaron a las autoridades carcelarias que iniciaran los trámites de las ejecuciones.

Olawale Fapohunda, secretario del Grupo Nacional de Estudio sobre la pena de muerte, que exigió una moratoria oficial a las ejecuciones en Nigeria, habló con IPS sobre lo ocurrido desde entonces en el país más poblado de África.

IPS: ¿Se han reanudado las ejecuciones desde esa orden?

OLAWALE FAPOHUNDA: No ocurrió nada desde que se impartió esa orden. Tal vez esto se deba, en buena medida, a la condena nacional e internacional que le siguió.
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Yo expresé mi preocupación por lo que es una solución simplista, si no cruda, a un problema serio.

Dados los pocos meses que quedan para que terminen sus mandatos, parecería lógico que la tarea de decidir quién debe morir sea lo último en la mente de nuestros gobernadores, especialmente si se considera los enormes desafíos que en materia de gobernanza enfrenta la mayoría de los estados de la federación. Entre ellos, una mala infraestructura, pobreza rural y urbana, fallidos sistemas de salud y educación, por mencionar algunos.

Segundo, dada la mala publicidad que Nigeria continúa recibiendo por las trágicas muertes ocurridas luego de por lo menos dos conflictos étnicos y religiosos, uno hubiera pensado que nuestros gobernadores serían sensibles a toda otra matanza de cualquier tipo.

La decisión de firmar sentencias de muerte como cuestión urgente se basó en la conclusión inexplicable de que el estado de nuestras prisiones —lo que incluye la congestión— es resultado del aumento de la población de reclusos condenados a muerte y de que se haya retrasado la firma de las sentencias a la pena máxima.

Afortunadamente, ha prevalecido la razón y no se ha hecho ni dicho nada más sobre este tema.

IPS: Usted señaló que la mayor parte de la población carcelaria en Nigeria está compuesta por personas que esperan ser juzgadas. ¿Qué proporción de prisioneros en Nigeria son reclusos condenados a muerte? ¿En qué se diferencian sus condiciones de vida de las de los otros prisioneros?

OF: La población carcelaria en Nigeria no supera los 48.000 reclusos. De ellos, unos 26.000 esperan ser juzgados. Menos de 1.000 están condenados a muerte actualmente. Cada estudio sobre el estado de las prisiones de Nigeria, incluidos los encargados por el gobierno federal, han destacado que el principal desafío que enfrentan esos centros en el país es la situación de los presos que todavía no han sido juzgados.

Todos los estudios muestran que estos reclusos padecen algunas de las peores condiciones de cadena perpetua. Pasan mucho tiempo encerrados, con limitado o nulo acceso a oportunidades de rehabilitación, y limitado acceso a la justicia, todo lo cual se ha combinado para hacer que quienes esperan ser llevados a juicio se sientan frustrados y vulnerables.

Mantener a miles de personas en nuestras prisiones sin que medie un juicio genera una fuerte carga financiera y humana en el sistema carcelario.

IPS: Usted y otros también han sostenido que juicios que arrojaron resultados injustos en Nigeria deberían servir para eliminar la pena de muerte. ¿Puede citar algún ejemplo de sentencia de muerte que haya sido revocada tras descubrirse que fue injusta?

OF: Me desempeñé como secretario del Grupo Nacional de Estudio sobre la pena de muerte, que se creó para asesorar al gobierno en esta materia.

Concluimos que uno de los problemas más insolubles en la administración de la pena de muerte en Nigeria es la severa falta de un abogado defensor competente (…) para los acusados indigentes y los reclusos condenados a muerte que quieren apelar. El limitado financiamiento y alcance del programa de asistencia legal ha perjudicado seriamente el sistema de apoyo a los abogados que toman estos casos complejos y demandantes.

IPS: Gambia extendió en octubre la aplicación de la pena de muerte a delitos que involucran drogas. ¿Cómo influye la abolición o moratoria de la pena de muerte de un país en el gobierno y las actitudes populares de otros?

OF: No creo que lo que ocurre en Gambia pueda o deba influir en África occidental, dados los desafíos del país en materia de gobernanza. Es bueno observar que países como Senegal, con su gran población musulmana, están fijando la agenda para la abolición de la pena de muerte en África occidental.

IPS: ¿Crece el apoyo popular a la pena de muerte pese a las campañas nacionales e internacionales en su contra? ¿Cómo se pueden promover respuestas alternativas a delitos serios o violentos?

OF: Nos preocupa que no se esté avanzando mucho con respecto a la abolición de la pena de muerte en Nigeria. La religión y la percepción de la situación delictiva en el país son asuntos clave en este sentido.

Con respecto a la percepción del delito, hemos señalado que con 140 millones de habitantes Nigeria todavía tiene una de las más bajas poblaciones de reclusos en el mundo. O bien somos un país con poco delito o bien las instituciones que hacen cumplir las leyes simplemente no están atrapando a quienes los cometen.

También hemos promovido un nuevo marco legal que reconozca a las víctimas del delito como personalidades importantes en nuestro sistema de justicia penal. Creo que la actitud de los nigerianos hacia los (delincuentes) se debe a que hay una excesiva concentración en (castigar) a esas personas.

La víctima del delito es prácticamente ignorada luego que el atacante es condenado. Necesitamos revertir esto. La organización con la que trabajo, el Legal Resources Consortium, propuso crear estatutos sobre víctimas de delitos y también legislación, a fin de poder crear una atmósfera adecuada para un debate saludable sobre la pena de muerte.

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