La desnutrición crónica todavía afecta con intensidad y persistencia a niños y niñas indígenas menores de cinco años que habitan en las regiones andinas de Perú, pese a que las autoridades locales de dichas zonas han recibido millonarios ingresos por canon minero entre 2006 y 2010.
Sin embargo, al desmenuzar estas cifras globales, queda en evidencia que la reducción de la desnutrición es mucho menor en el caso de los niños indígenas, prioridad de las políticas gubernamentales.
El 56 por ciento de los niños menores de cinco años de la región surandina de Huancavelica son indígenas y, de ese total, 43 por ciento sufren desnutrición crónica. La vecina región de Apurímac cuenta con 61 por ciento de niños indígenas, 29 por ciento de los cuales presentan el mismo problema, que deja secuelas físicas e intelectuales irreversibles.
Huancavelica y Apurímac obtuvieron pocos recursos del canon minero entre 2006 y 2010 —29,5 y 17 millones de dólares, respectivamente, según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas—, lo que podría explicar los limitados avances.
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Pero resulta incomprensible que en la región del Cusco, que obtuvo 212,5 millones de dólares por concepto de tributación minera en el mismo periodo, los niveles de desnutrición crónica sigan siendo altos. El 45 por ciento de los niños menores de cinco años son indígenas, de los cuales 32 por ciento afrontan desnutrición crónica, según Unicef. Cusco no es el único caso.
La región norandina de Ancash y la altiplánica de Puno consiguieron 1.281 y 238,6 millones de dólares respectivamente, de acuerdo con el Ministerio de Economía. Pero el impacto de esos fondos en los niños indígenas ha sido escaso.
El 29 por ciento de los niños de Ancash son indígenas, de los cuales 23 por ciento están aquejados por la desnutrición crónica (peso y talla inferiores a los normales para la edad). Y en Puno, 49 por ciento de los niños son indígenas y el 20 por ciento de ellos están sumido en la desnutrición.
El promedio nacional es 18 por ciento.
"La desnutrición crónica rural ha disminuido en un porcentaje considerable en la Sierra (poblaciones andinas), de 30 por ciento en 2000 a 39 por ciento en 2009, y en la Selva, de 30 a 22 por ciento", explicó a IPS Lena Arias, asistente técnica de Unicef en Perú.
"Pero si nos fijamos en las seis regiones donde está concentrada 25 por ciento de la niñez indígena, la tasa de desnutrición crónica que afecta a menores de cinco años está por encima del promedio nacional de 18 por ciento", acotó.
"Hay un evidente retroceso de la desnutrición, sin embargo, las brechas entre urbanos y rurales, entre pobres y menos pobres, entre no indígenas e indígenas, todavía son muy amplias. Los niños indígenas rurales siguen siendo los más afectados", apuntó Arias, una de las investigadoras del informe "Estado de la Niñez Indígena en el Perú" de 2010.
En algunas semanas, Unicef publicará un nuevo reporte sobre la situación de la infancia en Perú, donde se resaltarán los avances más importantes en materia de salud, en particular lo relacionado con la drástica disminución de la mortalidad infantil y materna.
Pero hay cuentas pendientes.
"Las brechas son importantes, especialmente en relación a lo que ocurre en poblaciones indígenas. Las brechas en este caso se han ampliado", dijo a IPS Mario Tavera, oficial de Salud de Unicef en Lima y uno de los autores de ese informe.
"Han ocurrido progresos en la prevención de la desnutrición crónica, pero limitadamente. Todavía uno de cada siete niños menores de cinco años en Perú son desnutridos crónicos. Sin embargo, en las comunidades indígenas uno de cada dos niños son desnutridos crónicos", dijo.
Consultado respecto a cómo se explica que regiones ricas que se benefician con millonarios fondos del canon minero no son capaces de reducir considerablemente los niveles de desnutrición crónica en niños indígenas, Tavera expresó que la cuestión no se reduce a si hay o no recursos sino a otro problema de fondo: políticas públicas específicas.
"Los recursos económicos son una buena base para mejorar la situación social de la población, especialmente de los niños y niñas, pero la disponibilidad económica o la mejora de los ingresos no garantiza impacto en los indicadores sociales", sostuvo.
El investigador Epifanio Baca, del Grupo Propuesta Ciudadana, un consorcio de 11 organizaciones no gubernamentales, explicó que el problema no es solo atribuible al gobierno central sino a los gobiernos regionales y locales.
"No están cumpliendo con las funciones ni con el trabajo que les corresponde, en muchos casos no obstante contar con los recursos necesarios", dijo Baca a IPS. "Las autoridades regionales y municipales enfatizan la inversión en infraestructura, que tiene impacto en la reducción de la desnutrición crónica, pero también es muy importante destinar fondos a programas que, por ejemplo, buscan que la población indígena cambie algunas prácticas alimenticias y de higiene que influyen en la desnutrición crónica", comentó.
Baca destacó que en las regiones con millonarios ingresos por canon minero, 33 compañías explotadoras de minerales se comprometieron conceder a partir de 2007 y durante cinco años un "aporte voluntario" de 178,5 millones de dólares anuales para inversión social.
"Es un problema muy complejo que no solo involucra al Estado. Por ejemplo, empresas mineras como Xstrata Tintaya, Barrick y Cerro Verde, que ofrecen importantes aportes voluntarios, ni siquiera informan del impacto que ha tenido ese dinero en las comunidades. Parece que no tienen interés", concluyó Baca.
