Italia es uno de los países europeos más retrasados en casi todos los indicadores relativos a la equiparación femenina. Esto contrasta con el hecho de que las mujeres con título universitario superan en número y en calificaciones a los hombres, que en los últimos 30 años han alcanzado niveles de responsabilidad en todos los sectores del mercado y que se ha comprobado que los mujeres en cargos directivos mejoran los resultados de las empresas.
Las consecuencias económicas y sociales de este desequilibrio son graves. La insuficiente ocupación femenina (sólo 46,3%) limita el crecimiento del país, expone las mujeres a la indigencia, la falta de políticas de conciliación entre la actividad profesional y la famiilia les dificulta la opción por la maternidad, las expulsa del mercado del trabajo o les enlentece la carrera. A un contexto en que la representación política de más de la mitad de la población es exigua, se le añade una imagen mediática estereotipada, prejuiciada y lesiva que obstruye la evolución de los modelos culturales y condiciona las aspiraciones de las jóvenes.
Las estadísticas italianas son exasperantes en todas las esferas. Aún en los sectores laborales donde las mujeres son mayoritarias, como la escuela, la sanidad y la administración pública, casi ninguna llega a la cúspide. Esta cuestión concierne al conjunto del sistema italiano, a la economía, al desarrollo y a la democracia, ya que la representación hace a la esencia de la democracia. Reformar el sistema para permitir que las mujeres puedan llegar a las mayores responsabilidades significaría abrir las compuertas a intereses diversos de los tradicionales y modificar las agendas de la economía y de la política. Es notoria, por ejemplo, la concreción femenina ante ciertas opciones, como la prioridad que frecuentemente otorgan a los problemas de la vida cotidiana. Una mayor presencia de la mujeres en los vértices políticos y económicos podría hacer valer las prioridades de la vida cotidiana en los niveles decisorios.
El Comité sobre Paridad o Disparidad ha presentado tres propuestas: 1) la institución de una Autoridad Nacional contra las discriminaciones de géneros que haga respetar el principio de igualdad y promueva la efectiva paridad entre mujeres y hombres; 2) el ahorro derivado del equiparamiento de la edad jubilatoria entre hombres y mujeres en la Administración Pública, que ascenderá a 3.750 millones de euros en diez años, debería utilizarse para financiar medidas a favor de la conciliación entre vida familiar y actividad laboral; 3) la creación en la radio y televisión públicas de un observatorio sobre la presencia femenina en los programas tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo.
La Autoridad tendría facultades para intervenir no solo en los casos tradicionales de crímenes sexuales o abusos contra las mujeres sino asimismo de postergaciones o desvalorizaciones relativas a la designación en cargos directivos empresariales o políticos. Esta última es una forma sutil de discriminación que habitualmente se comete sin provocar escándalo. En el municipio de Roma, por ejemplo, se ha nombrado recientemente una junta directiva completamente masculina con la excepción de una sola y aislada concejal, sin suscitar protestas.
Aunque no soy una entusiasta de la fijación de cuotas, sabemos que aún en Noruega, un paraíso de las mujeres, ha sido necesaria una ley para imponer el 40% de participación femenina en la dirigencia de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores. Y ha funcionado, porque después esas empresas han obtenido resultados económicos superiores a los esperados.
En Italia, la participación femenina en esos «santuarios» del poder económico es mínima: menos de 5%. La extrema gravedad de la situación en Italia en estos días, particularmente desde el punto de vista de las mujeres, podría hacer esperar que antes o después ocurra una verdadera ruptura cultural y se realice lo que hasta ahora no ha sucedido: que las mujeres dejen de ser representadas como víctimas y se las reconozca como partícipes en el desarrollo económico y social.
Ciertamente, esta falta de interés es característica de los tiempos que corren. También es verdad que todos y especialmente el movimiento femenino después de las victorias de hace treinta o cuarenta años, nos hemos sentado sobre los laureles. Por otro lado, los peores estereotipos sobre la mujer difundidos por la televisión no hacen sino empeorar la situación.
El escaso interés de la opinión pública hacia el tema de los derechos femeninos podría hacer creer que esta problemática ha sido superada. Por el contrario, los derechos civiles deben ser discutidos y reconquistados de día a día, al igual que la democracia. Los radicales denunciamos desde hace tiempo lo que llamamos «la peste italiana», el envilecimiento del Estado de Derecho y los valores democráticos en los últimos sesenta años. Lamentablemente, el rescate es difícil ya que no se advierten ni conciencia sobre el problema ni la voluntad de cambiar las cosas, no sólo en la clase dirigente sino también en la gran mayoría de los italianos. (FIN/COPYRIGHT PS)
(*) Emma Bonino, dirigente del Partito Radical, Vicepresidenta del Senato italiano y Presidenta honoraria del Comité Paridad o Disparidad.
