En los ocho años de gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) se homologaron en Brasil apenas 88 tierras indígenas, según el Consejo Indigenista Misionero (CIMI) que observó este período como el más violento de las últimas décadas.
De acuerdo con datos del Comité de Organización de Informaciones de la Presidencia, Lula homologó hasta 2009 tierras que ocupan un área de más de 18,6 millones de hectáreas.
Estos datos no coinciden con los del CIMI, un organismo vinculado a la católica Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, que apunta cerca de 14,3 millones de hectáreas homologadas desde 2003.
Un monitoreo más reciente, con informaciones del CIMI y de la gubernamental Fundación Nacional del Indio (Funai) revela que en los dos mandatos de Lula se demarcaron 88 tierras indígenas.
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Esta cifra equivale a 60 por ciento de lo que logró la administración de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), con 147 áreas homologadas (más de 36 millones de hectáreas). E incluso se queda corta respecto del breve mandato de Fernando Collor de Mello (1990-1992), cuando se demarcaron 128 tierras indígenas, que comprendían casi 32 millones de hectáreas.
La identificación y demarcación de tierras indígenas obedece a principios establecidos por la Constitución de 1988. Según el CIMI, existen en Brasil 988 tierras que deberían pertenecer a grupos nativos, pero sólo se han tomado providencias para reconocer y regularizar a 665 de ellas.
Estas cifras difieren ligeramente de las de la Funai, órgano gubernamental encargado de conducir la política indigenista. Hay 674 tierras indígenas en proceso de regularización, dice la Funai, de las cuales 149 están en estudio, 406 fueron completamente regularizadas y el resto están en alguna de las etapas intermedias.
Esas 674 tierras ocupan 107,6 millones de hectáreas, es decir 12,64 por ciento del territorio nacional.
La demarcación es el medio administrativo para definir los límites de un territorio tradicionalmente ocupado por los pueblos indígenas. La legislación brasileña de 1996 vino a agilizar ese proceso. La homologación el decreto que legaliza la demarcación—es el paso último antes de la completa regularización.
La etapa más lenta y engorrosa es la fijación de los límites definitivos y el pago de las indemnizaciones por expropiaciones, que puede llevar décadas.
"El plazo para todo ese proceso debería ser de no más de año y medio, pero nunca he visto un caso que se aproximara a esto. Normalmente lleva 15 o 30 años", dijo Liebgott a IPS.
El caso más polémico bajo el gobierno de Lula fue el de la reserva Raposa Serra do Sol, en el norteño estado amazónico de Roraima, en la que viven cerca de 20.000 indígenas de cinco etnias, aunque predomina la macuxi.
Raposa, de 1,7 millones de hectáreas ubicadas en la frontera con Venezuela, se volvió el foco de polémicas y disputas con productores rurales.
La lucha por el reconocimiento de Raposa empezó en la década de 1970 y atravesó decenas de acciones judiciales. En 2005, Lula decretó su homologación, pero la decisión fue acusada de inconstitucionalidad y acabó sometida a juicio ante el Supremo Tribunal Federal, que la ratificó en marzo de 2009.
El estado carece de una agenda de políticas indigenistas, sostiene el antropólogo Marcos Braga, del Instituto Insikiran de Formación Superior Indígena de la Universidad Federal de Roraima.
"Hay acciones puntuales y pulverizadas entre los ministerios. Lula se había comprometido a crear un ministerio de los pueblos indígenas, pero no hubo avance en ese sentido", criticó el estudioso de la Amazonia y la temática nativa.
Sin embargo, Braga destacó que Raposa Serra do Sol fue un hito del recién concluido gobierno. "Lula tuvo el coraje de hacer lo que Collor y Fernando Henrique (Cardoso) dejaron para atrás", dijo a IPS.
Para Braga, otro punto positivo fue la creación de la Secretaría Especial de Salud Indígena, asociada a la Presidencia, que asume la responsabilidad de concebir políticas públicas de protección sanitaria para esta población. "Ésta era una vieja lucha", indicó.
El presupuesto para la salud indígena también evolucionó. A fines de los años 90 sumaba cerca de 50 millones de reales (30 millones de dólares), mientras el actual volumen de recursos alcanza a 300 millones de reales (170 millones de dólares).
Pero los últimos ocho años se caracterizaron por una violencia creciente contra las etnias nativas, indica el CIMI. Entre 2003 y 2010 se denunciaron 437 asesinatos.
El año más sangriento fue 2007, con 92 indígenas asesinados. En el primer mandato de Lula (2003-2007) se registró un promedio anual de casi 45 muertes.
En el segundo período del mandatario, concluido el 1 de enero de 2011, los años 2008 y 2009 fueron los peores, con 60 asesinatos cada uno. Según datos preliminares de 2010, al menos 45 indígenas habrían sido muertos por conflictos territoriales.
"Lula no saneó el problema. La omisión del gobierno federal fue grave", dijo Liebgott. Esa administración "priorizó la alianza con sectores productivos, como el agronegocio, y con los grandes grupos económicos. Y en relación a los segmentos sociales, Lula priorizó sofocar el conflicto para apaciguar los ánimos", criticó.
Pero Braga relativizó estos datos. Hubo más conflictos territoriales porque los nativos retomaron la afirmación de su identidad, argumentó.
"Los pueblos indígenas reasumieron su memoria colectiva. Es ahí cuando empezaron los conflictos, porque se elevó el número de luchas por las tierras", dijo. Se trata, indicó el antropólogo, de un regreso a las raíces. "Donde hay conflicto, hay violencia".
Pero si Lula hubiera agilizado la regularización agraria y organizado una agenda de políticas, habría muerto menos gente, criticó. "Falta una visión sistémica de políticas públicas más integradas", resaltó.
Brasil, un país de más de 190 millones de habitantes, tiene cerca de 736.000 indígenas en 242 etnias.
