Empujado por una alta popularidad, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, planteó un referéndum y consulta popular con 10 preguntas, entre las cuales se desatacan las referidas a reorganizar el sistema judicial y a crear un Consejo de Regulación de los medios de comunicación.
La convocatoria a las urnas, que será la quinta impulsada por Correa, es para el segundo trimestre de este año con un cuestionario que deberá ser calificado por la Corte Constitucional.
Una vez que la Corte las califique, para lo que tiene 45 días a partir de la presentación el lunes, plazo que con seguridad resultará excesivo, el mandatario izquierdista dictará un decreto convocando al referéndum y el Consejo Nacional Electoral estará en la obligación de realizarlo en 60 días.
Se trata de un cuestionario mixto. Cinco de las preguntas son de referéndum, pues plantean cambios concretos de otros tantos artículos de la Constitución, que fue impulsada por el propio Correa y aprobada en plebiscito en 2008.
Las otras cinco son de consulta popular, en las que se pide la opinión de los votantes sobre temas que posteriormente pueden convertirse en leyes.
Entre las reformas propuestas a la ley fundamental, se cuenta suprimir el actual Consejo de la Judicatura y crear una comisión con un delegado del Poder Ejecutivo, otro del Poder Legislativo y otro del Consejo de Participación Ciudadana, para reorganizar el sistema judicial en el plazo de 18 meses.
Al cabo de ese tiempo plantea crear, de acuerdo con otra pregunta, un nuevo Consejo de la Judicatura, encargado de administrar el sistema judicial, distinto al previsto en la Constitución en vigor, con delegados de distintos organismos.
En otra pregunta, Correa plantea normar los plazos de la prisión preventiva, suprimiendo la caducidad de dicha prisión que por norma constitucional hoy se produce a los seis meses para los delitos penados con prisión y al año para los delitos penados con reclusión.
Esta norma, según críticas del derechista alcalde de la sudoccidental ciudad de Guayaquil, Jaime Nebot, ha permitido "dejar en libertad a miles de delincuentes", pues los jueces no tramitan las causas con celeridad. La norma consta en las constituciones de 1998 y 2008.
Fue Nebot quien, el 13 de diciembre pasado, retó a Correa a consultar al pueblo sobre esta cuestión y el endurecimiento de las penas, en medio de un debate sobre el deterioro de la seguridad en el país y, en especial, en Guayaquil.
Correa recogió el guante, seguro de su popularidad y aceptación a su gobierno, que se mantienen entre 55 y 73 por ciento de los consultados por distintas encuestadoras, por lo que muchos creen que no le será difícil obtener la aprobación en el referéndum.
En el mismo sentido, se plantea modificar la Constitución para que solo puedan aplicarse medidas sustitutivas a la prisión en el caso de los delitos menos graves.
En otro ámbito, Correa pide introducir en la Constitución una prohibición expresa para que los banqueros tengan negocios distintos a los financieros y los dueños de los medios de comunicación tengan otra actividad empresarial.
Las preguntas de consulta popular son igual de variadas: dos preguntan a la ciudadanía si está de acuerdo en la eliminación de casinos y otras salas de juego y "de los espectáculos en que se mata animales", en referencia a las corridas de toros y a las peleas de gallos.
"Con la finalidad de evitar los excesos en los medios de comunicación", se pregunta al votante si está de acuerdo en "que se dicte una ley de comunicación que cree un Consejo de Regulación que norme la difusión de contenidos en la televisión, radio y publicaciones escritas, que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios; y que establezca los criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o los medios emisores".
La pregunta busca el respaldo mayoritario de la ciudadanía al proyecto de Ley de Comunicación presentado por el gobierno en 2009, que no ha logrado ser aprobado en la Asamblea Nacional legislativa, ya que la oposición considera que establece graves limitaciones al ejercicio de la libertad de prensa.
Dos preguntas se refieren a la creación de sendas figuras de delito: "el enriquecimiento privado no justificado" y la no afiliación a los trabajadores en relación de dependencia al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
Esta será la quinta vez que los ecuatorianos son convocados a las urnas durante el mandato de Correa, que cumplió el 15 de enero cuatro años de gobierno.
Poco después de llegar al gobierno, Correa disolvió al Congreso y convocó a una consulta popular sobre conformar una Asamblea Constituyente. El 18 de abril de 2007, ganó el sí con 82 por ciento de los votos.
Los miembros de la Constituyente fueron elegidos el 30 de septiembre de ese año, obteniendo el movimiento Patria Altiva y Soberana (País), liderado por Correa, 70 por ciento de los votos y 80 de las 130 curules de la Asamblea.
Redactada la Constitución, 64 por ciento de los votantes la aprobaron en el plebiscito del 28 de septiembre de 2008 y, conforme ésta lo ordenaba, se celebraron nuevas elecciones generales el 26 de abril de 2009.
Correa fue reelegido entonces con 51,99 por ciento de los votos para el periodo que finalizará el 10 de agosto de 2013. En la Asamblea Nacional, sin embargo, solo obtuvo 61 de los 130 escaños, lo que le ha traído problemas de gobernabilidad.
Sin embargo, el presidente ha roto récord, ya que en los últimos 14 años ningún gobierno había podido terminar su mandato de cuatro años. Todos los elegidos desde 1996 fueron derrocados por movimientos populares, en medio de una profunda crisis económica que golpeó al país desde mediados de los años 90.
La indudable popularidad de Correa se ha basado en su capacidad de comunicación y constante contacto con el pueblo. Cada sábado realiza reuniones en alguna población del país, que son transmitidas por cadena de radio y televisión.
A ello se añaden frecuentes cadenas obligatorias de radio y televisión entre semana y la difusión a través de 19 medios de comunicación de propiedad estatal, entre ellos periódicos y canales de alcance nacional.
El otro puntal de su popularidad ha sido la abundancia de recursos económicos, provenientes de los precios históricamente altos del petróleo.
El barril de crudo ecuatoriano, que a fines de los años 90 bajó a ocho dólares, llegó a cotizarse en junio de 2008 a 117 dólares y se ha mantenido entre 70 y 90 dólares desde entonces, lo cual le ha permitido al Estado contar en estos cuatro años con 77.000 millones de dólares de ingresos, sin precedentes en la historia.
El referendo de Correa se anticipa también al intento de revocatoria del mandato que lidera el dirigente de centroderecha Carlos Vera.
Este ex periodista de televisión afirma tener ya 1,2 millones de firmas de las casi 1.6 millones que se requiere reunir hasta el 22 de febrero para solicitar la convocatoria a referéndum revocatorio.
Esta herramienta está prevista en la Constitución y puede plantearse después de finalizado el primer año de mandato de una autoridad elegida, siempre que, en el caso del presidente, se reúna un número de firmas equivalentes a 15 por ciento del padrón electoral.
Para la aprobación de un asunto propuesto a referéndum, consulta popular o revocatoria del mandato, se requiere la mayoría absoluta de los votos válidos, salvo para el caso del presidente que se necesita la mayoría absoluta de los habilitados para sufragar.
