«Siento mucho miedo por mis cuatro hijos, que van a la escuela en autobús», dice, angustiada, Alma Valenzuela tras el ataque de pandilleros a una unidad del transporte urbano de pasajeros de la capital guatemalteca que dejó nueve personas muertas, entre ellas tres niños.
Las palabras de esta guatemalteca de 38 años que debe trabajar día a día para mantener a su familia reflejan la psicosis que sembró en los capitalinos la acción de la pandilla que el 3 de este mes dejó una mochila cargada con explosivos en el autobús y que más tarde activó a través de un teléfono celular.
Así, mientras en otras regiones del mundo el extremismo religioso o político impulsa actos terroristas, en el triángulo norte de América Central, integrado por El Salvador, Honduras y Guatemala, las pandillas, más conocidas en esta zona como "maras", han comenzando a utilizar prácticas similares que siembran la zozobra en la población.
"La delincuencia está tomando el mando de todo porque saben que si no les dan lo que quieren pueden hacer lo que les da la gana. Ya ni siquiera respetan la vida de los niños", señala Valenzuela.
Según la policía, la colocación de la bomba se debió a una represalia de la Mara 18 contra un socio de la empresa del transporte urbano a la cual pertenecía el bus incendiado, encargado de cobrar las extorsiones a colegas, por un desacuerdo en el reparto del botín.
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David Martínez-Amador, profesor del curso crimen organizado trasnacional en universidades de Guatemala, Costa Rica, Puerto Rico y México, dijo a IPS que la "violencia" de las pandillas en Guatemala se debe a su manipulación política.
"Me parece que las pandillas están siendo utilizadas por actores políticos como cuerpos paralelos de extrema derecha u otros que tienen interés en generar estos hechos y lo conecto con la violencia que esperamos en el contexto electoral", explicó.
Los guatemaltecos están convocados a las urnas en septiembre para elegir presidente y vicepresidente por un mandato de cuatro años, a 153 diputados para el unicameral Congreso legislativo, 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano y 333 gobiernos municipales, lo cual ha abierto una férrea disputa política.
"Si la evolución de estas pandillas fuera natural, sería sostenida", sostuvo Martínez-Amador. Pero hechos como el incendio del autobús son "esporádicos", mientras que las extorsiones y asesinatos de conductores de esos vehículos en han permanecido en el tiempo, explicó.
Al menos 128 chóferes de autobuses fueron asesinados en Guatemala en 2010, muchos de ellos tras ser extorsionados por pandilleros, según el no gubernamental Grupo de Apoyo Mutuo.
Sobre el ataque al bus con una bomba, Martínez-Amador rechazó que se trate de un "acto terrorista" puesto que nadie reivindicó el hecho ni se envió un mensaje para reclamar una identidad. No obstante que ha causado psicosis en la población.
No solo Guatemala ha experimentado los ataques de las pandillas. En Honduras y El Salvador la población civil, principalmente del área urbana, también ha sido blanco de cruentos ataques de estos grupos. Miembros de la Mara 18 incendiaron el pasado 5 de diciembre un autobús urbano en el barrio el Sitio, de Tegucigalpa, como represalia porque el conductor se negó a pagar una extorsión. Ese hecho no registró víctimas.
En cambio, 17 trabajadores de una zapatería en San Pedro Sula, Honduras, fueron acribillados a balazos el 7 de septiembre de 2010 por una disputa territorial entre la Mara Salvatrucha y la Mara 18.
Antes, el 21 de junio, 17 personas murieron en dos ataques al transporte urbano perpetrados por pandilleros en San Salvador, 14 de ellas al ser incendiado el autobús en el que viajaban. Esta acción fue calificada de "terrorismo puro" por el presidente izquierdista Mauricio Funes.
En el caso de El Salvador y Honduras, las acciones vandálicas de las pandillas han sido motivadas por medidas del gobierno en su contra, según Martínez-Amador.
La ley de Proscripción de Pandillas en vigor desde septiembre de 2010 en El Salvador y otra similar promulgada en Honduras provocó reacciones violentas de estos grupos.
Se debe agregar el incendio de dos cárceles donde están detenidos una gran cantidad de pandilleros. Uno de los casos ocurrió en 2004 en Honduras y dejó más de 100 muertos, mientras que el otro fue en noviembre en El Salvador y mató a 26 personas, según el experto.
Reina Rivera, analista en temas de seguridad en Honduras, dijo a IPS que los métodos cada vez más sofisticados y violentos de actuar de las maras "se deben probablemente a que muchas mutaron y no pueden considerarse pandillas sino actores del crimen organizado como sicarios, distribuidores de droga y mulas".
"Fuentes policiales y del Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos señalan que mafias de narcotraficantes mexicanos tienen células de apoyo en Honduras, lo cual implicaría la transferencia de metodologías criminales como las masacres, torturas, asesinatos, mutilación y desmembramiento de cuerpos", explicó.
"Eso ya no es una subcultura juvenil, como conocemos a la pandilla, sino una mutación perversa hacia las más atroces bandas del crimen organizado", puntualizó Rivera.
La experta consideró además que la ley antipandillas en Honduras facilitó capturas masivas, incluso de muchos solo por su apariencia física. Por eso se han dado cambios de estrategia como el abandono de tatuajes o su desplazamiento a centros menos urbanizados.
El ensayo titulado "Las maras y pandillas como actores ilegales de la región", publicado en 2008 en El Salvador por Jeannette Aguilar y Marlon Carranza, indica que el abordaje del fenómeno de las maras en la región ha marcado diferencias entre los países.
Así, "mientras las policías de Guatemala, Honduras y El Salvador desplegaron todas sus capacidades para ejecutar capturas masivas de pandilleros, la de Nicaragua impulsó un modelo creativo de prevención comunitaria de la violencia juvenil" y hoy las maras en ese último país no son el mismo problema que los dos anteriores, sostiene el estudio.
"Hoy día se está frente a agrupaciones mucho más sofisticadas, mejor estructuradas y con mayor grado de participación en actividades criminales". En buena medida, "por la aplicación de políticas represivas reactivas, arbitrarias y violatorias de los derechos de los jóvenes", agrega.
Víctor Gudiel, de la no gubernamental Sociedad para el Desarrollo de la Juventud de Guatemala, dijo a IPS que la sociedad se enfrenta a un nuevo fenómeno que no son las maras sino organizaciones criminales cuyo objetivo esencial es obtener ingresos económicos a partir de hechos delictivos.
El activista señaló que esta situación es fomentada porque los jóvenes siguen excluidos de las políticas de Estado.
"No se destinan recursos para la salud, la educación y la recreación, lo cual conduce a la población juvenil a no tener opciones de desarrollo integral y caer en manos del crimen organizado", puntualizó.
