Una década después de que en Perú se declaró oficialmente terminada la guerra contrainsurgente, el ejército rompió el silencio para relatar su propia versión de los hechos.
El informe titulado "En honor a la verdad" está basado en los partes de guerra de los oficiales que cumplieron misiones de combate y va a contrapelo del trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que en 2003 entregó un amplio estudio sobre el conflicto interno armado de 1980 a 2000, sustentado especialmente en el testimonio de las víctimas civiles.
"Nosotros solo damos cuenta de los hechos y los hechos están descritos en los partes de guerra. Para escribir la historia de un conflicto cualquiera sabe que es necesario recurrir a los partes de guerra porque allí está la historia", dijo a IPS el general Otto Guibovich, comandante del ejército hasta la primera semana de diciembre y quien en 2009 dispuso la redacción del informe.
"Es un trabajo muy profesional que recoge la versión tanto de los oficiales que participaron en la guerra como del personal de tropa que vivió experiencias que testimonian episodios desconocidos del conflicto armado", declaró Guibovich. "No hemos inventado ni maquillado nada. Todo lo que aparece está documentado. Es un aporte para saber la verdad", aseguró.
Según el reporte militar presentado oficialmente a fines de noviembre, las masacres de civiles perpetradas por uniformados fueron actos individuales no contemplados en la doctrina militar, ya que en los manuales de guerra contrainsurgente no se plantea arrasar las poblaciones sino más bien ganarlas a favor de los militares.
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"Las violaciones de derechos humanos que lamentablemente sucedieron durante la guerra no fue una práctica sistematizada, ni ordenada ni orquestada por los entes rectores del Ejército del Perú, sino que fueron hechos de absoluta participación y decisión individual", indica el documento.
La abogada de los familiares de las víctimas de Accomarca, Karim Ninaquispe, de la no gubernamental Asociación para el Desarrollo Humano Runamasinchiqpaq (Adher), opinó que esa afirmación es una verdad a medias porque nadie en una guerra ordena por escrito masacrar civiles.
"El informe recoge información de forma parcial que no necesariamente se ajusta a la verdad. En las investigaciones sobre crímenes de esta naturaleza, como en Accomarca, es poca la probabilidad (de) que se encuentren órdenes escritas para ejecutar o desaparecer a personas", señaló.
"El ejército no consigna las declaraciones de Telmo Hurtado, el autor de la matanza de Accomarca, que comprometen a los altos mandos militares y prueban que su acción no fue un exceso de sus funciones, como se pretende" hacer creer, apuntó la abogada.
Otra de las afirmaciones controversiales del informe "En honor a la verdad" es que el "escuadrón de la muerte" del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), conocido como Grupo Colina, jamás fue parte orgánica de la institución castrense.
El Grupo Colina perpetró las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, homicidios por los que el ex mandatario Alberto Fujimori (1990-2000) cumple una condena de 25 años de prisión.
"En los archivos del Ejército no existe, ni existió, ningún destacamento, grupo, unidad, departamento, agrupamiento o división bajo ese nombre", señala el informe en uno de los únicos tres párrafos que la institución castrense dedica a la organización criminal que actuó con la autorización de los altos mandos militares.
Sin mencionar a Fujimori ni a su asesor personal, Vladimiro Montesinos, y en un lenguaje críptico, el ejército les atribuye a ambos la responsabilidad sobre la actuación del "escuadrón de la muerte".
"Durante el gobierno que detentó el poder entre los años 1990 y 2000 ( ), ciertos individuos iniciaron una secuela de actos no legales, utilizando la autoridad con la que fueron investidos y alteraron el orden dentro y fuera del Ejército. Es así que, con miras a cumplir objetivos diseñados y planeados por ellos, constituyeron órganos irregulares", dice el informe.
Lo cierto es que durante el juicio a Fujimori y Montesinos, por los actos criminales perpetrados por el "escuadrón de la muerte", que se estima asesinó entre noviembre de 1991 y julio de 1992 aproximadamente a 50 personas, se exhibieron documentos oficiales y se recogieron confesiones de efectivos militares que demostraron que la organización criminal era parte del ejército.
"El grupo Colina formó parte de manera orgánica de la estructura del ejército y fue creado por intermedio de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dinte), en agosto de 1991", declaró a IPS el fiscal supremo Avelino Guillén, quien sustentó la acusación contra el ex presidente Fujimori durante el juicio por el que fue condenado.
"Existe documentación firmada por el ex jefe de la Dinte, el general Juan Rivero Lazo, ordenando que agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército, así como armas e instalaciones del ejército, se pongan a disposición del coronel Fernando Rodríguez, encargado de la organización del grupo. Por lo tanto, la afirmación del ejército es falsa", agregó.
"Es más, el propio ex comandante general del ejército, Nicolás Hermoza, admitió que sostuvo una reunión privada con los integrantes del grupo Colina en el cuartel principal de la institución armada y que los arengó para que cumplan con su deber. Estos hechos no pueden ser obviados por el ejército", manifestó Guillén.
De acuerdo con "En honor a la verdad", durante la guerra interna murieron 1.067 efectivos: 101 oficiales, 90 técnicos y suboficiales y 876 miembros de la tropa.
"Durante el conflicto se hicieron 1.022.000 patrullajes militares y solamente en 47 se reportaron presuntos excesos que hoy se encuentran judicializados. Es decir, algo así como el 0,004 por ciento del total. Este es un dato histórico, no es una invención. Entonces, no se puede hablar de matanzas sistemáticas", explicó a IPS el general Guibovich.
"En el informe reconocemos nuestros errores y las lecciones aprendidas para que no se vuelvan a repetir hechos lamentables. Como actores y vencedores del conflicto, tenemos derecho a ofrecer nuestra versión", dijo.
El jurista peruano Diego García Sayán, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, valoró que el ejército decidiera narrar los hechos desde su perspectiva.
"Destaco el esfuerzo del ejército por investigar y reflexionar sobre un periodo en el que tuvo un papel fundamental. El informe es una notable contribución para saber, desde el punto de vista de los que combatieron en defensa de la democracia, lo que ocurrió durante el conflicto interno cuyo impacto todavía es perceptible", dijo a IPS a título personal.
"Quizás uno no necesariamente esté de acuerdo con lo que se dice, pero debe resaltarse el propósito del ejército de que se conozca su versión", sostuvo García Sayán.
A su juicio, "mantener el silencio sobre graves acontecimientos no contribuye a la búsqueda de la verdad. En ese sentido, la decisión del ejército de abordar públicamente su papel protagónico durante el conflicto interno plantea un desafío a quienes creen que lo mejor es que no se diga nada por temor al juzgamiento de la historia".
El informe de la CVR estimó en casi 70.000 las personas asesinadas durante el conflicto interno, la mayoría campesinos e indígenas.
