«No sorprende que Estados Unidos coopere con entidades militares o funcionarios del gobierno de Perú sobre los que tiene información que los vincula a graves delitos», dijo el activista Ricardo Soberón en referencia a la contradicción expuesta en documentos revelados por Wikileaks.
Soberón, del no gubernamental Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos, asegura que "el problema de la corrupción de los militares peruanos en zonas de narcotráfico es un riesgo y una preocupación desde 1987 para el Departamento de Estado de Estados Unidos (cancillería), pero no así para el Pentágono (Departamento de Defensa), más interesado en expandir sus misiones en la región de los Andes sin importar sus costos".
"Los cables puestos al descubierto expresan esta profunda contradicción política entre la diplomacia institucional de Washington y la diplomacia castrense caracterizada por impulsar estrategias como el denominado Plan Colombia, la Iniciativa Mérida, la persecución en caliente en las fronteras, o la teoría del 'martillo y el yunque', respecto del conflicto colombiano", explicó a IPS.
"Las revelaciones de los cables representan una línea de continuidad de estas dicotomías del discurso y prácticas de las agencias de los Estados Unidos con objetivos e intereses distintos en la región", enfatizó.
La embajada de Estados Unidos en Lima afirma que miembros del ejército que combaten a remanentes de la organización maoísta Sendero Luminoso reciben sobornos del narcotráfico para no acabar con los insurgentes.
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Pero al mismo tiempo la legación diplomática promueve ante Washington el pedido de los altos mandos castrenses peruanos de incrementar la ayuda militar con el propósito de someter a los senderistas, según siete cables secretos del 2009 filtrados por la organización Wikileaks y publicados por el diario español "El País".
El 12 de marzo de 2009, el entonces embajador estadounidense en el país, Michael McKinley, informó a Washington que militares que luchan en el valle de los ríos Apurimac y Ene (VRAE), el principal centro de producción de cocaína en Perú, "no están dispuestos a usar todas sus fuerzas para pacificar" (la zona) por el temor de destruir las redes del narcotráfico y perder así el pago de los sobornos (que reciben)".
A pesar de las graves acusaciones de "narcorrupción" que McKinley formula contra militares peruanos que pelean en el VRAE, siete meses después, el 25 de noviembre de 2009, el propio McKinley, en un cable al jefe del Comando Sur, general Douglas M. Fraser, quien se disponía a visitar Lima en la primera semana de diciembre de ese año, le pidió pleno respaldo para que Washington provea de mayor ayuda al ejército que enfrenta a Sendero Luminoso.
"Su visita ofrece una oportunidad para subrayar el interés del Gobierno de los Estados Unidos de respaldar al Gobierno del Perú en sus esfuerzos por combatir en muchas áreas sensibles en las que estamos muy bien posicionados para ayudar", insta McKinley a Fraser.
"La palabra clave es apoyo. En este contexto, el Gobierno del Perú necesita desarrollar una más efectiva estrategia político/militar para cambiar el curso del enfrentamiento ante el resurgido Sedero Luminoso cada vez más estrechamente vinculado con el narcotráfico", enfatiza McKinley.
Entre el equipamiento de fabricación estadounidense que requiere el ejército peruano, de acuerdo con otros cables firmados por McKinley, se cuentan helicópteros acondicionados con sistemas de vigilancia electrónica, tecnología para detectar y destruir explosivos de fabricación artesanal de los insurgentes y equipos de ubicación de blancos nocturnos en medio del follaje, entre otros.
De acuerdo con la alianza no gubernamental Just the Facts, que hace un seguimiento del presupuesto del gobierno de Estados Unidos destinado a la guerra contra el narcotráfico y el terrorismo, en 2006 Perú recibió 56,4 millones de dólares en ayuda militar y policial, ubicándose en el segundo receptor más importante en el continente, después de Colombia, que percibió 581,8 millones de dólares.
Para el presupuesto de 2011, Washington fijó en 44,7 millones de dólares la ayuda dirigida a Perú, lo que representa una importante reducción.
Ahora el país andino se encuentra ubicado en el tercer lugar de los más grandes destinatarios de fondos estadounidenses, luego de Colombia, con 351 millones de dólares, y de México con 147,9 millones de dólares.
"Nosotros no le decimos a Estados Unidos cómo debe luchar en Afganistán. En todo caso, si Washington quiere intervenir en la guerra contra Sendero Luminoso, entonces debe plantearlo. Ellos solo cooperan en el combate al narcotráfico", dijo el ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, almirante en retiro Jorge Montoya.
"Los militares enfrentamos a Sendero Luminoso con todos los recursos disponibles, que muchas veces no alcanzan, y en condiciones adversas y terribles, y así vamos a derrotarlos con nuestros propios medios. No necesitamos de una intervención militar norteamericana", apuntó.
Montoya, quien en la actualidad asesora al ministro de Defensa, Jaime Thorne, manifestó que compartía la preocupación de Estados Unidos por los resultados del conflicto.
"Es una guerra muy complicada contra una organización muy fanatizada e ideologizada que se desplaza en una zona geográfica muy difícil y que conoce muy bien porque tiene muchos años en el lugar. Pero, que yo sepa, Estados Unidos no nos ha puesto un plazo ni tiene que hacerlo porque somos un país soberano".
En el mismo cable del 12 de marzo de 2009, McKinley recuerda que durante el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000), oficiales del gobierno que cooperaban con Estados Unidos en la lucha antidrogas, paralelamente cooperaban con narcotraficantes a cambio de sobornos.
"El ex jefe de inteligencia de Fujimori, Vladimiro Montesinos, junto con altos mandos del Ejército y otros oficiales de seguridad eran parte de una red de protección para favorecer a ciertos narcotraficantes, mientras que cooperaba con oficiales estadounidenses para combatir a otros", informó McKinley.
Esto sin mencionar que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos financió una unidad antinarcóticos que organizó Montesinos dentro del tristemente célebre Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), a pesar de los reportes de corrupción, narcotráfico y violaciones a los derechos humanos que vinculaban al hombre fuerte de Fujimori.
Uno de los más poderosos narcotraficantes peruanos en los años 90, Demetrio Chávez, dijo en un tribunal que pagaba sobornos de 50.000 mensuales a Montesinos y a varios oficiales del ejército. Sin embargo, la justicia peruana es incapaz hasta ahora de condenar por narcotráfico al ex asesor presidencial. Ningún alto mando militar de la época de Montesinos tampoco ha recibido sanción.
"Es muy lamentable que la democracia peruana hasta ahora no puede sancionar a Montesinos por su relación con el narcotráfico", dijo a IPS José Robles, ex oficial del ejército y analista de temas militares del no gubernamental Instituto Libertad y Democracia (IDL)
"Sin embargo, no podemos generalizar los eventuales casos de corrupción que existan. La mayoría del personal militar ha retornado a sus raíces de las escuelas de formación. Se equivocan quienes creen que por llevar uniforme uno tiene conductas 'montesinistas'", añadió Robles.
