Activistas de derechos humanos recibieron con satisfacción la decisión del Tribunal Supremo de Cuba de conmutar la pena de muerte por 30 años de cárcel a dos salvadoreños condenados de terrorismo, aunque insistieron en que esa sanción debería ser abolida definitivamente en este país.
"Es una buena noticia que esperábamos desde 2008", comentó a IPS Elizardo Sánchez, de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, una organización que actúa sin reconocimiento legal e informa regularmente sobre la situación humanitaria en esta isla desde una óptica opositora.
Sánchez dijo que la decisión tomada en abril por el presidente de Cuba, Raúl Castro, fue un precedente sobre el tema que hizo suponer que serían modificadas las sanciones máximas dictadas en 1998 contra Otto René Rodríguez Llerena y René Cruz León por el delito de terrorismo de carácter continuado.
La referencia es la afirmación de entonces de Castro de que "un grupo de sancionados" con la pena capital, algunos de los cuales "llevan varios años en espera del pronunciamiento del Consejo de Estado", pasarían a purgar cadena perpetua o 30 años de privación de libertad. Los casos de los dos salvadoreños y del cubano Humberto Real Suárez quedaron pendientes de apelación.
El Tribunal Supremo anunció el lunes su decisión sobre Rodríguez Llerena y el viernes en el caso de Cruz León. Ambos salvadoreños reconocieron su culpabilidad en una ola de atentados con bomba en 1997 en diversas instalaciones turísticas, fueron juzgados y luego condenados a la sanción máxima.
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La explosión de uno de los artefactos causó la muerte del ciudadano italiano de 32 años Fabio di Celmo.
Durante el juicio, Cruz León afirmó que fue su compatriota Francisco Chávez Abarca quien lo contrató cuando trabajaba en la agencia de rentas de automóviles "Geo Rent a Car", en El Salvador.
Chávez Abarca fue extraditado a Cuba en julio desde Venezuela y se encuentra bajo investigación.
El tercer acusado pendiente aún de una decisión del Tribunal Supremo es el cubano Humberto Eladio Real Suárez, arrestado el 15 de octubre de 1994 tras desembarcar en Cuba y asesinar a una persona y robarle su automóvil.
Sánchez dijo esperar que Real, sentenciado por actos contra la seguridad del Estado, asesinato y disparo de armas de fuego, será también beneficiado con la conmutación de su sentencia original por cárcel, lo que reforzaría la moratoria de hecho que respecto de la pena de muerte viene aplicando desde 2000 el gobierno cubano.
Esa política fue interrumpida sólo en 2003 con la ejecución de tres secuestradores de una embarcación con todo su pasaje a bordo, en la cual intentaban emigrar a Estados Unidos, en un caso que provocó una reacción internacional adversa y no pocas críticas dentro del país.
El activista afirmó que después de 2003 al menos una "media docena" de reclusos expuestos a la pena capital por delitos comunes graves recibieron sentencias de prisión perpetua. "Al parecer están evitando condenas a la sanción máxima", comentó Sánchez. La cárcel de por vida se introdujo en una reforma penal de 1999.
"La mala noticia ahora es que no vemos señales de que el gobierno esté pensando abolir la pena de muerte, prevista en decenas de figuras y subfiguras del Código Penal ", lamento Sánchez. "Además, desde hace 11 años no se reporta algún hecho hostil" que justifique mantener esa sentencia como "espada de Damocles", consideró.
El gobierno cubano ha dicho que no renunciará a mantener esa sanción por su efecto disuasivo en los "terroristas mercenarios al servicio del imperio" y porque retirarla "pondría en peligro la vida y la seguridad" de su población de 11,2 millones.
Pero también ha aclarado que, aunque esa sanción permanece en la legislación, "Cuba comprende y respeta los argumentos del movimiento internacional que propone su eliminación o moratoria", razón por la cual la diplomacia cubana no vota contra esas iniciativas promovidas en la Organización de las Naciones Unidas.
Según datos oficiales, en todos estos años se han producido 713 actos de terrorismo contra Cuba, 56 de ellos a partir de 1990, organizados y financiados desde territorio estadounidense, con un saldo de 3.478 muertos y 2.099 incapacitados.
El recuento incluye la voladura el 6 de octubre de 1976 de un vuelo de Cubana de Aviación que había partido de Venezuela y en el que murieron sus 73 ocupantes. Uno de los involucrados en este caso, el exiliado de origen cubano Luis Posada Carriles, está también relacionado con los atentados con bombas cometidos por Cruz León y Rodríguez en 1997.
Posada Carriles reside hoy en Estados Unidos, donde el próximo 10 de enero deberá comparecer a un juicio, pospuesto en varias ocasiones, para responder por simples infracciones inmigratorias, aunque según medios de comunicación estadounidenses serán presentadas pruebas de su papel en los atentados dinamiteros en Cuba.
Sin embargo, el juicio "no intentará demostrar que Posada Carriles es un terrorista, sino un mentiroso, que engañó a las autoridades migratorias norteamericanas cuando llenó un formulario sobre su entrada a los Estados Unidos", comentó un reporte del sitio web oficial cubadebate.
En el 2011 se cumplen seis años de la llegada de Posada Carriles a Miami y de sucesivos y dilatados trámites legales por delitos menores para evitar que el terrorista pueda ser extraditado a Venezuela, país que desde 2005 lo reclama por la explosión en pleno vuelo del avión civil cubano.
