Las fiestas de fin de año traen alegría en Kenia, y la gente llena las calles de las principales ciudades para comprar regalos. Pero este regocijo no es compartido por los miles de desplazados por la última crisis política, que aún anhelan un techo propio.
Charles Mati es uno de ellos. "La gente sigue con sus vidas, pero nuestro mundo no se mueve, ya no planeamos para el futuro, sólo tomamos cada día como viene", dijo.
"Algunos niños y niñas nacieron en estos campamentos para desplazados. Seguimos esperando que el gobierno preste atención a nuestra situación, pero hasta ahora son sólo promesas vacías", agregó Mati, oriundo de la región del Valle del Rift.
Se acerca Navidad, pero la gente como Mati no tiene nueva ropa ni regalos para abrir. Ni siquiera tendrán una cena familiar, a menos que alguien los ayude.
Es que sus vidas se han reducido a esperar cada día que alguna persona los asista en sus necesidades básicas. Nada está garantizado, ni siquiera la comida de Navidad, que por lo general abunda en otros hogares.
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Estas personas fueron desplazadas de sus hogares por la ola de violencia desatada hace tres años en medio de una grave crisis electoral.
Según varios informes, incluyendo el de la llamada Comisión Waki, más de 1.100 personas murieron, 3.500 resultaron heridas y 600.000 se vieron obligadas a abandonar sus hogares por esa ola de ataques.
Durante los dos meses de violencia, cientos de personas fueron agredidas física y sexualmente, y más de 100.000 propiedades fueron destruidas en todo el territorio. Kenia estuvo al borde de una guerra civil.
No obstante, muchos kenianos pudieron retomar sus vidas desde entonces, reconstruyendo lo que pudieron. Pero los desplazados aún viven en campamentos.
Aunque el gobierno anunció que los reubicaría antes del 31 de diciembre, es improbable que eso suceda.
"El gobierno corrió el plazo este año al próximo, aun cuando los desplazados siguen sufriendo serios problemas en diversos campamentos", señaló Tom Kagwe, director ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos de Kenia.
Esto ocurre a pesar de que la Corte Penal Internacional (CPI) ha intensificado su atención sobre este país y ya divulgó seis nombres de personas que sospecha serían los principales responsables de lo que el tribunal considera crímenes contra la humanidad.
"No fueron sólo crímenes contra kenianos inocentes. Fueron crímenes contra la humanidad. Si se acaba con la impunidad, las víctimas y sus familias podrán tener justicia. Y los kenianos podrán preparar el camino hacia elecciones pacíficas en 2012", dijo el fiscal jefe de la CPI, Luis Moreno Ocampo.
Aunque hay leyes en el derecho internacional que específicamente tratan el problema de los refugiados, no lo hacen con los desplazados internos. No obstante, existen algunas directrices, como los Principios Guía para los Desplazados Internos, compilados en 1994 por Francis Deng, quien ha ocupado varios cargos importantes en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Esas guías han sido aprobadas y apoyadas por la Asamblea General de la ONU y la Comisión Africana por los Derechos Humanos y de los Pueblos.
Los principios establecen que los respectivos gobiernos tienen la responsabilidad de prevenir que sus pueblos se vean obligados a desplazarse, y si no obstante eso ocurre, deben hacerse cargo de ellos.
"De hecho existe una Política Nacional sobre protección y asistencia a desplazados, redactada en 2009. El gobierno aún está por cumplir su promesa a estas personas que sufren hambre y afrontan duras condiciones climáticas todos los días", dijo Katana Mwasia, abogada en Nakuru, en la región del Valle del Rift.
Aunque el gobierno ya comenzó a comprar tierra para reubicar a los desplazados, e incluso inició un proyecto de reasentamiento, poco se ha logrado hasta ahora.
Organizaciones de derechos humanos atribuyen el fracaso a la falta de coordinación entre los ministerios de Programas Especiales, de Tierra, Finanzas y Seguridad Interior.
El gobierno sólo reconoce 19 campamentos con una población total de 6.800 familias, y 25 campamentos de transición con 3.714 familias. Organizaciones de derechos humanos señalan que los números podrían ser mayores, pues otras 300.000 personas ya habían sido desplazadas por las crisis políticas entre 1992 y 2007.