Una nueva ley que permitirá a los juzgados a partir de junio de 2011 incautar bienes obtenidos de actividades ilícitas, como el narcotráfico y la corrupción, se ha convertido en una esperanza para combatir el crimen organizado en Guatemala.
"La formulación de la ley de Extinción de Dominio posee elementos muy importantes para atacar el crimen organizado y la corrupción de funcionarios del Estado", dijo a IPS Arturo Chub, de la no gubernamental Asociación para el Estudio y Promoción de la Seguridad en Democracia.
Esta normativa, la primera en su tipo en América Central, fue aprobada este mes por el unicameral Poder Legislativo, con el apoyo unánime de los 112 diputados presentes, de un total de 158, lo que se considera "un golpe al crimen organizado" que mantiene en vilo a este país con 14 millones de habitantes.
La legislación ordena incautar los bienes derivados de actividades ilícitas, establece un amplio catálogo de delitos tales como fraude, peculado (robo de caudales públicos), malversación, secuestro, asesinato, extorsión, trata de personas, tránsito internacional de drogas, lavado de dinero y otros que serán objeto de su aplicación.
Los bienes requisados pasarán a manos del Organismo Judicial, el Ministerio de Gobernación (interior) y el Ministerio Público (coordinador de la persecución e investigación criminal) para que éstos, a su vez, puedan emplearlos en favor del combate a la inseguridad e impunidad.
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Hasta ahora, solo el Poder Judicial puede disponer de bienes incautados y debe esperar un largo proceso legal para lograrlo.
Para Chub, un aspecto valioso de la norma es que "aquellos bienes que han sido sustraídos de comunidades y pueblos indígenas podrán retornar a sus comunidades o a sus propietarios legítimos". Algunos funcionarios han sido acusados de usurpar tierras estatales.
Para el activista, la normativa "es buena, pero necesita de otras condiciones para que surta efectos positivos". "Primero fortalecer los cuerpos de investigación criminal, un Ministerio Público capaz de utilizar la ley y jueces con la valentía, respaldo e independencia para aplicarla", detalló.
Mariano Rayo, diputado opositor por el Partido Unionista y ponente de la norma, dijo a IPS que ahora "el gran reto es lograr la formación y capacitación técnica y científica de los operadores de justicia".
Según el congresista, por esta razón la ley no entrará en vigor inmediatamente sino a mediados de 2011. Durante la primera mitad del próximo año, jueces y fiscales recibirán la formación necesaria "para que la apliquen de manera correcta y eficaz", sostuvo.
El legislador, quien propuso la ley desde 2007, dijo que su intención "fue entregarle al Estado un instrumento excepcional para la prevención de la delincuencia".
El narcotráfico es una de las actividades criminales que mayor penetración ha tenido no solo en Guatemala sino en toda América Central. A estos países las mafias han mudado sus operaciones y sus sangrientos enfrentamientos empujadas por la lucha antinarcótica librada por México y Colombia, con ayuda de Estados Unidos.
Para perseguir a miembros del cartel mexicano Los Zetas, el 19 de este mes el presidente guatemalteco Álvaro Colom decretó estado de sitio por 30 días en el departamento de Alta Verapaz, al norte del país, a donde movilizó cientos de policías y militares. El "estado de sitio", segundo en gravedad después del "estado de guerra", limita garantías constitucionales como la libre locomoción, prohíbe las reuniones privadas y permite la captura de personas sin una orden de detención.
La decisión del mandatario llega en momentos en que el narcotráfico ha tomado dimensiones nunca antes vistas en el país.
En Guatemala, donde más de la mitad de la población vive en situación de pobreza y 17 por ciento en la indigencia, según estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas, hoy es habitual observar en las zonas rurales vehículos y viviendas de lujo con personas armadas.
"La ley de Extinción de Dominio implica que cualquiera que no demuestre el origen de su riqueza pueda ser sometido a la justicia", lo cual "es un hecho trascendental en la lucha contra el crimen organizado", dijo a IPS Mario Polanco, de la organización de derechos humanos Grupo de Apoyo Mutuo.
La ley no solo abarca al narcotráfico sino también a la corrupción, un tema que prolongó la aprobación de la norma porque algunas agrupaciones, como el opositor Partido Patriota, pedían que se excluyera.
Guatemala tampoco sale bien parada en este asunto. Según el Índice de Percepción de la Corrupción, publicado en octubre por la no gubernamental Transparencia Internacional, el país ocupa la posición 91, con 3,2 puntos de 10, de un listado de 178 naciones.
Leily Santizo, de la no gubernamental Fundación Myrna Mack, que lucha contra la impunidad, dijo a IPS que la nueva ley tiene muchas ventajas, entre ellas, el catálogo de 47 delitos vinculados con la acción pública, la delincuencia común y el crimen organizado que delimita su aplicación.
Pero también tiene algunas reservas. "La administración de los bienes dependerá de la Vicepresidencia, lo cual genera un resquemor porque esta dependencia actuará más como una instancia política que técnica, además de que esa no es su función", explicó.
La experta cree que la Secretaría Nacional de Administración de Bienes de Extinción de Dominio, que se crea con la ley, debe depender de un consejo integrado por los miembros del sector justicia como el Ministerio Público y el Organismo Judicial.
Sin embargo, valora que ahora el Estado cuente con una nueva herramienta para combatir el crimen y la impunidad.
