La cadena perpetua dictada contra el médico y activista Binayak Sen, acusado de ayudar a guerrilleros maoístas en el este de India, sacudió a organizaciones no gubernamentales de este país, que se precia de sus valores democráticos.
"Es un retroceso para los defensores de derechos humanos", dijo Ramesh Gopalakrishnan, de Amnistía Internacional, a IPS. "Tenemos dudas de que el juicio haya sido imparcial y acorde con los estándares internacionales de justicia", añadió.
Sen dijo a IPS el 20 de noviembre, entonces en libertad bajo fianza, que le temía al juicio realizado en un tribunal de Raipur, capital del estado tribal de Chattisgarh y escenario de tres décadas de insurgencia.
"El caso es atroz. Hay que apelar", señaló Maja Daruwalla, directora de la Commonwealth Human Rights Initiative, en alusión al fallo del viernes 24.
"El episodio de Binayak Sen muestra el poco espacio disponible que hay en este país para el disenso", dijo Daruwalla a IPS. "El fallo tendrá consecuencias negativos, pues la población parece decidida a defender las libertades civiles", añadió.
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La sentencia fue "tan excesiva y escandalosa que pone en tela de juicio los fundamentos del sistema jurídico", indicó un editorial del periódico The Hindu.
El dictamen "extremo y draconiano" empaña el futuro de los activistas de derechos humanos que están siendo procesados por su trabajo o declaraciones, señaló Gopalakrishnan.
Entre ellos se encuentra la escritora y activista Arundhati Roy, acusada por la policía de sedición el 29 de noviembre, por el artículo 124 del Código Penal, que le valió a Sen la cadena perpetua.
También la imputaron por "acusaciones, afirmaciones perjudiciales para la integración nacional" y hacer circular rumores "con la intención de causar problemas o de atentar contra la paz pública" en un seminario dedicado a la libertad del septentrional estado de Cachemira el 21 de octubre.
"Pobre de la nación que tenga que silenciar a sus escritores por decir lo que piensan. Pobre de la que meta presos a quienes reclaman justicia, mientras asesinos, timadores, saqueadores, violadores y quienes explotan a los más pobres andan sueltos", señaló Roy en una declaración de reacción al malestar generado por su postura sobre la situación de Cachemira.
Entre las varias campañas en las que participó Roy, y que concentraron la atención internacional, está la liberación de Sen.
El médico y activista fue detenido en 2007 en Raipur acusado de distribuir información del líder maoísta preso Narayan Sanyal, amparándose en que lo atendía como su paciente. Pero Sen negó todo.
Sanyal también fue acusado de sedición al igual que Piyush Guha, empresario inculpado por intercambiar notas con él a través de Sen.
Los activistas renovaron las esperanzas de que Sen fuera liberado cuando en 2008 obtuvo el premio Jonathan Man a los derechos humanos y la salud global en reconocimiento por su trabajo en las clínicas de las desatendidas aldeas tribales de Chattisgarh.
Sen no paró de denunciar que las tribus locales eran rehenes de los enfrentamientos entre los maoístas y la milicia Salwa Judum, creada por el gobierno local para luchar contra la insurgencia.
Salwa Judum fue acusada por la independiente Unión Popular para las Libertades Civiles (PUCL, por sus siglas en inglés) de recurrir a violaciones y provocar incendios para intimidar a la población local y obligarla a abandonar sus hogares.
Sen, quien representaba a la PUCL en Chattisgarh, criticó al gobierno provincial por desalojar por la fuerza a los 350.000 habitantes de unas 700 aldeas en los distritos de Bijapur y Dantewada, entre 2005 y 2006, lo que enfureció a las autoridades.
En mayo de este año, la Corte Suprema intervino en el caso del médico y cuestionó su prolongada detención y garantizó su libertad bajo fianza. El gobierno local está encabezado por el derechista Partido Bharatiya Janata (Partido Popular Indio).
Gopalakrishnan señaló que además de apelar el fallo en un tribunal superior, Amnistía tiene pensado reflotar una campaña internacional para garantizar la libertad de Sen, que ya consiguió el apoyo de 22 premios Nobel.
Los maoístas arguyen que la lucha armada contra el gobierno provincial, en la que murieron miles de personas, es para garantizar los derechos de las tribus y los marginados en el empobrecido este y centro de India, rico en minerales.
El primer ministro Manmohan Singh consideró que la rebelión de los maoístas es la mayor amenaza a la seguridad interna en India, pero su gobierno reconoció que hay que zanjar dificultades económicas y graves desigualdades.
