La decisión de reducirle la sentencia a 30 años de cárcel al último condenado a muerte en Cuba alienta la esperanza de futuros avances en materia penal, que pudieran permitir pasar de la moratoria de hecho a la jurídica o inclusive a la erradicación definitiva de este castigo capital.
La conmutación de la pena al exiliado cubano Humberto Real es consecuencia de una "voluntad política y humanista" del gobierno de Raúl Castro, comentó a IPS el pastor bautista Raúl Suárez, miembro de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), partidario de buscar "otras soluciones" ante problemas como la delincuencia y el terrorismo.
Una nota oficial confirmó este miércoles que, luego de una audiencia de apelación realizada en la víspera, el Tribunal Supremo Popular falló a favor de cambiar por 30 años de privación de libertad la pena de muerte que pesaba sobre Real, sentenciado por asesinato y otros delitos contra la seguridad de este país.
Real fue arrestado el 15 de octubre de 1994 tras desembarcar en esta isla al frente de un comando armado procedente de Estados Unidos, asesinar a Arcelio Rodríguez García y robarle su automóvil en Caibarién, localidad costera de la central provincia de Villa Clara.
La sustitución de la máxima sentencia a Real sigue a similar decisión de la justicia cubana que a comienzos de este mes benefició a los salvadoreños Otto René Rodríguez Llerena y René Cruz León, condenados en 1998 por el delito de terrorismo de carácter continuado.
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Suárez recordó que en 1999, cuando se discutieron en el parlamento modificaciones al Código Penal, se sintió en "libertad" de pronunciarse sobre el "difícil" tema de la pena de muerte. "Ahora veo que las palabras de uno no caen en el vacío, como tampoco el clamor universal que escuchamos a favor del derechos a la vida", sostuvo.
"Me siento feliz como pastor y diputado por estas medidas que dan a estas personas la oportunidad de pagar de otra manera a la sociedad el daño que han hecho a este país", indicó el religioso, quien reiteró que la pena de muerte no ha resuelto problemas como la violencia, la delincuencia o el terrorismo.
Al respecto, el parlamentario defendió su punto de vista de acudir a los valores, considerar que la vida es "un don de Dios" y favorecer que hombres y mujeres sean respetados con justicia social y sentimientos de igualdad. "En cualquier sistema político se pueden dar pasos en ese sentido", añadió.
Los casos de Real y de los dos salvadoreños quedaron pendientes de apelación ante el Tribunal Supremo cuando en 2008, el presidente Castro anunció que "un grupo de sancionados" con la pena máxima pasarían a purgar cadena perpetua o 30 años de privación de libertad.
El gobernante aclaró que la prisión de por vida se aplicaría a quienes cometieron delitos sancionados después de la reforma de 1999 al Código Penal, cuando se estableció ese castigo como alternativa a la pena de muerte. A los sentenciados antes de esa modificación, les corresponderá una condena de 30 años de reclusión.
Cuba mantiene la sanción máxima bajo moratoria "de hecho" desde 2000, rota solo en 2003, cuando en un contexto de grandes tensiones internacionales fueron fusilados tres de los autores del secuestro de una embarcación, con todo su pasaje a bordo, en la cual intentaban emigrar a Estados Unidos.
El gobierno ha dicho que la pena de muerte actúa como factor disuasivo de acciones hostiles en su contra. "En diversas ocasiones hemos discutido sobre el tema y siempre ha prevalecido el criterio de que en las actuales circunstancias no podemos desarmarnos frente a un imperio (Estados Unidos) que no cesa de acosarnos y agredirnos", dijo Castro en abril de 2008.
Según datos oficiales, en todos estos años se han producido 713 actos de terrorismo contra Cuba, 56 de ellos a partir de 1990, organizados y financiados desde territorio estadounidense, con un saldo de 3.478 muertos y 2.099 incapacitados. El recuento incluye la explosión en pleno vuelo el 6 de octubre de 1976 de un avión de la empresa Cubana de Aviación.
El pastor Suárez consideró que un clima internacional de comprensión, buena voluntad y de confianza mutua que estimule a que cada país haga los cambios que tenga que hacer para mejorar la calidad de vida de su población, contribuiría a eliminar totalmente la pena de muerte de las legislaciones.
Indicó que aspira a que llegue el momento en que no sea necesario mantener esta condena. "Para eso tenemos que vivir en nuestra región, en todo el mundo, en una relación de respeto, de diálogo. Es esencial que haya un cambio de política en este sentido", consideró.
La legislación cubana reserva la pena capital para casos graves de asesinato, violación, pederastia con violencia, robo con violencia e intimidación y crímenes con agravantes de corrupción, así como para delitos contra la seguridad exterior del país, la promoción de la acción armada contra Cuba, ayuda al enemigo y espionaje, entre otros delitos.
El castigo máximo "no puede imponerse a los menores de 20 años de edad ni a las mujeres que cometieron el delito estando encintas o que lo estén al momento de dictarse la sentencia".
Ninguna mujer fue ejecutada desde 1959, año en que triunfó la revolución conducida por Fidel Castro.
