El incendio que dejó 81 muertos en un penal de la capital chilena se suma a otras tragedias y accidentes que este año han dejado al descubierto la desigualdad y las violaciones a los derechos humanos que, según expertos y activistas, Chile esconde debajo de la alfombra.
"Este año, la verdad de nuestro país se ha visto crudamente desnudada, desde el punto de vista de las precariedades laborales, la pobreza, la desigualdad y la estigmatización", resumió a IPS Martín Pascual, presidente de la Asociación Chilena de Organismos no Gubernamentales (Acción), que agrupa a más de 60 entidades de todo el país.
El activista se refería al cúmulo de tragedias y accidentes que han azotado Chile este año, desde el devastador terremoto y tsunami del 27 de febrero, que dejó más de 500 muertos y miles de damnificados, hasta el trágico incendio de la madrugada de este miércoles en la cárcel de San Miguel.
A esto se agrega el grave accidente minero que mantuvo atrapados por 69 días a 33 trabajadores a 700 metros de profundidad, quienes fueron rescatados espectacularmente en octubre, y la huelga de hambre que realizaron por más de 80 días una treintena de prisioneros indígenas mapuches, caso por el que Chile fue interpelado internacionalmente.
Estos hechos permiten contrastar, según Pascual, la "tremenda injusticia que se vive en la sociedad chilena" con la imagen "que se propone ante el mundo como uno de los países más avanzados y de mayor desarrollo" de América Latina.
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El incendio en el penal de San Miguel habría sido provocado de manera intencional, según las primeras pericias policiales, en el marco de una riña de prisioneros.
Paralelamente a la consternación pública, comenzaron las denuncias cruzadas. Efectivos de Gendarmería (guardia de prisiones) acusaron precarias condiciones de trabajo, mientras los presos afirmaron ser víctimas de malos tratos y negligencia de parte de sus custodios.
Actualmente hay más de 53.000 personas privadas de libertad en este país austral con 17 millones de habitantes, más de 300 internos por cada 100.000 habitantes, una de las tasas más altas de América Latina, según la fiscal de la Corte Suprema de Justicia, Mónica Maldonado. Los penales presentan un sobrepoblación superior a 70 por ciento.
La siniestrada cárcel de San Miguel fue construida para albergar 800 internos, pero tenía 1.900 al momento de la tragedia.
La grave situación de hacinamiento y de violaciones a los derechos humanos en los penales del país había sido denunciada insistentemente por organismos nacionales e internacionales. La propia fiscal Maldonado emitió un duro informe en junio de 2009.
"Con la cantidad de internos que tenemos es casi imposible la rehabilitación", dijo Maldonado, quien se declaró "consternada" por la tragedia.
Un capítulo especial sobre esta materia fue incluido en el Informe Anual de Derechos Humanos en Chile 2010 del Centro de Derechos Humanos de la privada Universidad Diego Portales (UDP), presentado el 25 de noviembre.
"Si bien se han tomado medidas para mejorar su estructura, el hacinamiento, la falta de condiciones mínimas de higiene dentro de los penales, los malos tratos de gendarmes a internos y el secretismo respecto de lo que sucede en los recintos penales son factores que agudizan y perpetúan la vulneración alevosa de los principios y derechos básicos contenidos en la normativa internacional de los derechos humanos", dice el documento.
"Todo esto se debe a la indolencia de los gobiernos anteriores, que pese a todos los informes simplemente hicieron oídos sordos a tener una política de seguridad distinta, una respuesta distinta a encarcelar a la gente", dijo a IPS Francisco Cox, investigador de este centro académico de la UDP.
A su juicio, no se utilizó adecuadamente "la posibilidad de tener medidas alternativas de cumplimiento de las penas" para dejar en la cárcel solo a los autores de los delitos más graves.
"En mi opinión, los responsables en gran parte son, entre otros, el señor (Felipe) Harboe (subsecretario del Interior durante el gobierno de Michelle Bachelet entre 2006 y 2010 y actual diputado), y el señor (Carlos) Maldonado (ex ministro de Justicia durante el mismo periodo), quienes, pese cada denuncia que se hacía, decidieron hacer oídos sordos", denunció Cox.
Según el abogado, ha podido constatar que el actual ministro de Justicia, Felipe Bulnes, tiene un "interés real" por buscar soluciones a este problema.
Sin embargo, "no se puede decir lo mismo del ministro del Interior (Rodrigo Hinzpeter, encargado de la seguridad pública), que sigue con la misma política de los gobiernos de la Concertación (de Partidos por la Democracia, la coalición de centroizquierda que gobernó entre 1990 y marzo de 2010), que considera como única respuesta real" al delito la cárcel, sostuvo.
Pascual también advierte esta incoherencia. "Hace un día se seguía hablando de tolerancia cero, de que vamos a imitar el modelo colombiano, del alcalde de Nueva York, de ser intolerante, de meter a la cárcel a todo el mundo porque hace un graffiti o porque se pasa una luz roja", dijo el activista.
"Esta sociedad que se construye sobre imágenes discriminatorias y estigmatizadoras hoy día ha tenido un bofetón impresionante. Todo esto es muy brutal y demuestra lo violadora de los derechos humanos que es nuestra sociedad", planteó Pascual.
Tristemente, "las tragedias nos están dando la oportunidad de poder insistir con mucho mayor fuerza en los cambios que requiere nuestra sociedad respecto a la injusticia y la inequidad social", dijo el presidente de Acción, considerando que la mayoría de los prisioneros son personas de escasos recursos.
Para Cox, el incendio ocurrido este miércoles interpela a toda la sociedad, incluidos los medios de comunicación.
"Los medios sólo traen sus cámaras y su luz cuando se producen estas tragedias. Frente a denuncias técnicas, sin que hayan muertos de por medio todavía, es muy difícil que se movilice a la opinión pública", apuntó. "Tienen que pasar estas tragedias para que la sociedad chilena se conmueva", lamentó.
