Al parecer son pocas las posibilidades de que mejore la situación de los derechos humanos en Belarús tras la reelección del presidente Alexander Lukashenka en comicios controvertidos.
Lukashenka mantendrá su mano dura como se pudo ver en la brutal represión de las protestas que hubo en Minsk, capital de Belarús, tras conocerse los resultados de las elecciones del domingo 19.
"Es poco probable que haya cambios importantes" al respecto, dijo a IPS el director del Centro Viasna de Derecho Humanos, Ales Bialiatski.
"Las actuales autoridades no comprenden el valor de los derechos humanos, tienen una actitud hostil hacia la sociedad civil y no están listos para una colaboración constructiva", añadió.
Lukashenka, llamado el último dictador de Europa, llegó al poder en 1994 y desde entonces se mantiene en el gobierno en elecciones consideradas fraudulentas por activistas de ese país y la comunidad internacional.
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Varias organizaciones internacionales han criticado violaciones de derechos humanos y la violenta represión tras el anuncio de los resultados de los comicios. Hubo detenidos y muchas personas golpeadas, incluido uno de los presidenciables que permanece en un hospital en estado crítico.
Fue una reacción típica del gobierno dictatorial, como lo califican varias entidades de la sociedad civil, que le ha valido el aislamiento internacional.
Las autoridades eliminan toda discrepancia, no existe en la práctica la libertad de reunión y los medios de comunicación han sido silenciados. Sólo queda un grupo de publicaciones independientes. Además, circulan rumores de que la policía secreta estuvo detrás del asesinato de periodistas críticos.
Participar en una organización no registrada es delito. Las instituciones critican las graves restricciones que les impiden conseguir fondos y alquilar un local.
"El hecho de que nuestra organización trate de registrarse desde 1997 y se nos haya denegado el permiso por lo menos cuatro veces dice algo sobre la situación del país", dijo Daria Vashkevich, de la Asamblea de Organizaciones Prodemocráticas de Belarús, a IPS.
Las minorías denuncian persecución.
La comunidad polaca, integrada por unas 400.000 personas es mayoritariamente prooccidental y demócrata. Muchas de ellas denuncian ser víctimas de violaciones a sus derechos civiles sistemáticamente antes de los comicios desde hace años.
Belarús también es el último país de Europa que mantiene y aplica la pena de muerte. Dos convictos fueron ejecutados a principios de este año y quedan tres más en prisión. También preocupa la falta de garantías judiciales y el uso de la tortura.
Observadores independientes no tienen casi dudas de que hubo fraude. Encuestas de opinión privadas previas a los comicios mostraron que el apoyo a Lukashenka rondaba 40 por ciento como máximo.
Numerosos especialistas consideran que la mejora será sólo "cosmética" en materia de derechos humanos, como mucho.
"Minsk podrá hacer algunas mejoras cosméticas para dar la impresión de progreso, pero el ambiente de trabajo para las organizaciones de la sociedad civil en Belarús no cambiará", dijo Vytis Jurkonis, jefe de la división de investigación y análisis político del Centro de Estudios de Europa Oriental, a IPS desde la capital de Lituania.
Lukashenka dijo en la campaña electoral que había que "volver a evaluar" la pena capital.
Heather McGill, de Amnistía Internacional, que realizó una campaña para abolir el máximo castigo en Belarús, dijo a IPS que sospecha que "los presos del pabellón de la muerte serán ejecutados después de las elecciones. Era poco probable que Lukashenka hubiera tomado alguna decisión antes".
Belarús fue invitada a participar el año pasado en el programa "Asociación Oriental", de la Unión Europea (UE), que se propone estrechar vínculos con países del este que no son miembros del bloque.
Diplomáticos occidentales consideran que es una forma de acercarse a la ex república soviética ante el temor de que los varios años de aislamiento internacional no hagan más que acercarlo a Rusia, su histórico aliado.
Lukashenka hizo algunas promesas vagas sobre la mejora de la situación de los derechos humanos. Varias miembros de organizaciones de la sociedad civil consultados por IPS dijeron que la situación era "más libre y que había un clima más abierto" que antes de la invitación a participar en la Asociación Oriental.
Pero el futuro de las relaciones con Occidente está en duda tras la represión de las protestas postelectorales, que, según numerosos críticos, mostró la verdadera actitud del presidente respecto de los derechos humanos.
"La UE tiene que defender con firmeza el derecho de reunión y de asociación y otros asuntos vinculados al trabajo de organizaciones no gubernamentales", sostuvo Jurkonis. "Eso tendrá un impacto considerable a mediano plazo", añadió.
Bialiatski se mostró más pesimista. Hasta una mejora simbólica en materia de derechos humanos será difícil de conseguir.
"Toda concesión de las autoridades de Belarús necesitará un gran esfuerzo de la sociedad civil y de la comunidad internacional", añadió.
