La procuradora Delia Muñoz aclaró que Wong Ho Wing, preso en Perú desde 2008 por defraudación aduanera y otros delitos, no quedará libre pese a que la Comisión interamericana de Derechos Humanos admitió la demanda presentada para evitar su extradición a China, donde puede ser condenado a pena de muerte.
"Que la Comisión haya declarado admisible la queja del ciudadano chino no significa que el organismo le ha dado la razón", señaló Muñoz, la funcionaria del Ministerio de Justicia especializada en asuntos supranacionales.
Sin embargo, para Luis Lamas, abogado defensor de Wong, el pronunciamiento de este cuerpo especializado del sistema de la Organización de los Estados Americanos (OEA) indica que las autoridades peruanas, presionadas por Beijing para extraditar al empresario, vulneraron sus derechos.
Según el Informe 151/10 de la Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH), si el Estado peruano accede a la solicitud de extradición de Wong pondría en riesgo los derechos a la vida, a la integridad y libertad personal del demandante, consagrados por la Convención Americana de Derechos Humanos.
El documento también refiere que el ciudadano asiático "agotó los recursos disponibles" de la justicia peruana para evitar su extradición, bajo el argumento de que ésta accedió a la petición de los tribunales chinos cometiendo numerosas irregularidades de procedimiento.
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"Como interpusimos un habeas corpus contra la extradición, porque la Constitución la prohíbe cuando está en peligro la vida del requerido, al gobierno peruano le bastó la sola promesa de las autoridades chinas de que no ejecutarían a mi cliente. Ese procedimiento es inadmisible", dijo a IPS Lamas.
"Pretendieron sortear el impedimento a la extradición de un ciudadano, a quien se le procesa por un delito que se sanciona con la pena capital, mediante un simple documento en el que la justicia china se compromete a no condenar a muerte a Wong Ho Wing", comentó el jurista.
"¿Cómo puede creerse en la palabra de unas autoridades en cuyo país precisamente la norma es ejecutar a los culpables de graves delitos, como el que se le atribuye a mi defendido?", se preguntó Lamas.
Según la organización no gubernamental Amnistía Internacional, China es uno de los países donde más se aplica la pena capital en el mundo.
"Las autoridades chinas, si bien afirman tener como objetivo reducir el uso de la pena de capital, continúan utilizando las ejecuciones para demostrar que las actividades consideradas dañinas para la estabilidad social se tratarán con mano dura", señala la organización humanitaria basada en Londres.
En el informe sobre el caso aprobado en una sesión desarrollada en Washington el 1 de este mes, la Comisión insta al Estado peruano y a Wong a concretar un acuerdo amistoso. En caso de que fracase dicha fórmula, quedaría expedito el camino para que el organismo eleve la denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José y también parte de la OEA.
Lamas afirmó que su cliente está dispuesto a llegar a un acuerdo con el Estado peruano para no llegar a juicio.
"Lo único que quiere el ciudadano chino es que no se le extradite, nada más. Si el Estado no acepta, deberá enfrentarse al proceso judicial ante la Corte de San José y a un eventual millonario pago de una indemnización", arguyó.
La procuradora Muñoz evitó adelantar si el Estado aceptará una solución amistosa porque, manifestó, primero será evaluada la resolución del organismo antes de emitir un pronunciamiento. Mientras, Wong proseguirá arrestado.
"El caso todavía no va a ir a la Corte Interamericana. Lo que indica la Comisión es que se cumpla con las medidas adoptadas respecto al ciudadano chino y que siga detenido", aseguró Muñoz.
El 27 de octubre de 2008, a solicitud del Buró 24 del Ministerio de Seguridad Pública de China, Wong fue arrestado por agentes de la Interpol (Policía Internacional) en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, de Lima, cuando se disponía salir del país, donde residía con su esposa y sus dos hijas pequeñas.
La justicia china le atribuye defraudación de rentas de aduanas y otros delitos conexos, supuestamente perpetrados entre 1996 y 1998 en Hong Kong.
Wong, confinado al penal de máxima seguridad Sarita Colonia, cercano al aeropuerto, inició una batalla judicial para evitar su extradición porque se le acusa de delitos sancionados en su país con la ejecución.
Ha presentado hasta dos acciones de habeas corpus, y recién esta semana el Tribunal Constitucional se pronunciará sobre una de ellas, fechada hace más de un año y medio.
El embajador chino en Lima, Zhao Wuyi, se reunió con autoridades del Ministerio de Justicia y de la Corte Suprema para conocer la suerte del proceso de extradición.
La defensa de Wong recurrió a la CIDH porque el envío a China parecía inminente. El 31 de marzo de 2009, la comisión le otorgó medidas cautelares y pidió al Estado peruano que se abstuviera de extraditarlo mientras no se resolviera la demanda.
Las autoridades peruanas acataron el pedido, lo que generó la enérgica protesta del embajador chino.
Por este incidente, las excelentes relaciones entre Lima y Beijing, derivadas del Tratado de Libre Comercio suscrito el 28 de abril de 2009, se perturbaron.
Luego, el 28 de mayo de este año, la Corte de San José dictó medidas provisionales a favor de Wong y demandó al Estado peruano no entregarlo a China hasta el 17 de diciembre, para permitir a la CIDH se pronunciarse.
La reciente resolución de la CIDH, que acoge la demanda de Wong, puede resentir una vez la relación bilateral porque el gobierno de Alan García deberá esperar la evolución del caso ante de extraditar al ciudadano chino.
